Juicios laborales: la decisión de la Corte Suprema que podría hacerte cobrar menos

En un juicio laboral, el paso del tiempo no solo posterga el cobro de una indemnización: también pone en discusión cuánto vale ese crédito cuando llega el momento de percibirlo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) acaba de introducir un cambio que puede modificar significativamente esa ecuación para miles de trabajadores que todavía esperan una sentencia definitiva.

El 5 de noviembre, en el fallo Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir S.A. y otros s/ despido, junto con otras siete causas acumuladas, el máximo tribunal dejó sin efecto pronunciamientos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) que habían dispuesto actualizar los créditos laborales mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un interés del 3% anual. En su lugar, ordenó que los tribunales consideren el mecanismo establecido por el artículo 55 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La decisión tiene una particularidad que merece atención: la nueva regulación alcanza a litigios iniciados antes de la entrada en vigencia de la reforma, siempre que todavía no cuenten con sentencia definitiva. De esta manera, trabajadores que llevan años reclamando judicialmente el pago de indemnizaciones deberán someter sus créditos a un mecanismo de actualización diferente del que algunos tribunales venían reconociendo.

El precio de esperar una sentencia

Hasta ahora, distintas salas de la CNAT habían recurrido a mecanismos de actualización vinculados con la inflación para evitar que el transcurso del tiempo deteriorara el valor de las indemnizaciones. En los expedientes que llegaron a la Corte, ese criterio se había traducido en la aplicación del IPC más un interés anual del 3%.

El artículo 55 de la nueva ley establece otro esquema. Para los juicios pendientes de sentencia definitiva, dispone que los créditos laborales se actualicen mediante la tasa pasiva que determine el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, incorpora dos límites: el resultado no puede superar el capital histórico actualizado por IPC más un 3% anual ni quedar por debajo del 67% de ese mismo cálculo. La diferencia puede tener consecuencias económicas importantes. Si la tasa pasiva arroja un resultado inferior al mecanismo de IPC más 3%, el trabajador recibirá un importe menor que el correspondiente al límite máximo, aunque siempre tendrá garantizado el piso legal del 67%.

Esto no significa que todos los trabajadores sufrirán automáticamente una reducción del 33%, ni que todas las liquidaciones anteriores deban disminuir en la misma proporción. El resultado dependerá del período de mora, las tasas aplicables y la comparación entre los mecanismos de cálculo. Pero sí implica que quienes esperaban cobrar con un criterio de actualización más favorable pueden encontrarse con una liquidación diferente.

Una reforma que alcanza causas anteriores

Uno de los aspectos más sensibles del pronunciamiento es su proyección sobre expedientes que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la Ley 27.802, el 6 de marzo de 2026. La CSJN fundamentó su decisión en la doctrina de las circunstancias sobrevinientes: los jueces deben considerar las modificaciones normativas producidas durante un proceso cuando resultan relevantes para resolverlo. Sobre esa base, entendió que correspondía aplicar las disposiciones de la nueva ley y dejó sin efecto las sentencias cuestionadas en lo referido a la actualización de los créditos.

El alcance del artículo 55 es expreso: comprende los juicios pendientes de sentencia definitiva e incluso los recursos de queja que todavía no fueron resueltos. Por eso, la decisión no se limita a quienes recién comienzan un reclamo laboral. También puede alcanzar a trabajadores que llevan años litigando y que, hasta ahora, tenían una expectativa económica construida sobre otros parámetros.

La cuestión abre un interrogante que excede la discusión técnica sobre las tasas de interés: ¿Qué previsibilidad puede tener quien reclama judicialmente una indemnización si las reglas para determinar su valor cambian mientras espera una respuesta de la Justicia?

La constitucionalidad sigue pendiente

Hay otro aspecto que no debe pasar inadvertido. La Corte Suprema no declaró la constitucionalidad del artículo 55 ni examinó si sus disposiciones resultan compatibles con las garantías de protección del trabajo, propiedad y tutela judicial efectiva.

En rigor, el máximo tribunal consideró inoficioso pronunciarse sobre la controversia que había llegado a su conocimiento: la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la actualización monetaria. La entrada en vigencia de una nueva regulación específica tornó innecesario, según su criterio, resolver aquel planteo.

Por eso, dejó sin efecto las sentencias recurridas y devolvió los expedientes a los tribunales de origen para que dicten nuevos pronunciamientos conforme al régimen vigente. La decisión no clausura la posibilidad de que se formulen cuestionamientos constitucionales contra la aplicación del nuevo mecanismo en casos concretos.

La distinción es relevante: una cosa es determinar qué ley debe considerar un juez y otra, muy diferente, establecer si todas sus disposiciones superan el control de constitucionalidad. Esa discusión permanece abierta.

La previsibilidad de las empresas y los derechos de los trabajadores

El nuevo esquema puede ofrecer a los empleadores una mayor previsibilidad sobre el costo de las condenas laborales. Establecer límites para la actualización de los créditos permite anticipar con mayor precisión la exposición económica derivada de los litigios.

Esa previsibilidad también tiene una contracara. Para el trabajador -que llega a la Justicia después de perder su fuente de ingresos y debe atravesar un proceso que suele prolongarse durante años- la actualización del crédito no representa una cuestión contable secundaria: es lo que permite preservar el valor de aquello que reclama.