Diplomacia regional
15/11/2026 - Edición Nº1377
Internacionales
Justicia y poder
Una disputa por facturas médicas abre otro frente entre Trump y los jueces
15/11/2026 | Una disputa por gastos médicos podría cambiar quién queda protegido ante normas federales declaradas ilegales.
Donald Trump.
Una controversia sobre cómo se calculan los pagos por servicios médicos llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos con una pregunta que excede al sistema sanitario: ¿puede un juez dejar sin efecto una regulación federal para todos o solamente proteger a quienes presentaron la demanda? El Gobierno de Donald Trump busca restringir ese alcance mediante un recurso presentado el 14 de octubre.
Al 14 de noviembre, la Corte todavía no había aceptado intervenir. El expediente incorpora una actualización relevante: el plazo para que los demandados respondan fue prorrogado hasta el 14 de diciembre. Por lo tanto, el planteo presidencial sigue pendiente y no constituye una nueva limitación judicial vigente.
Estados Unidos es un país de 50 estados que ocupa una extensa franja de América del Norte, con Alaska en el noroeste y Hawái que extiende la presencia del país en el océano Pacífico.
El conflicto comenzó con las cuentas de salud
El origen está en las reglas que implementan la ley contra las facturas médicas inesperadas, conocida como No Surprises Act. La Asociación Médica de Texas y otros prestadores cuestionaron disposiciones utilizadas para calcular montos de referencia en servicios fuera de las redes de cobertura. El litigio enfrentó al Gobierno con profesionales y empresas del sector sanitario.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito invalidó partes de esa regulación en agosto. La administración no pide ahora revisar la conclusión sobre su ilegalidad: cuestiona que la anulación beneficie también a quienes no participaron del proceso. Esa diferencia convierte un conflicto sobre reembolsos en una discusión sobre el control de las agencias federales.
Un litigio por facturas médicas abre otra disputa sobre los límites del poder presidencial
Qué cambiaría para quienes no demandaron
La herramienta en discusión es la anulación de normas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, conocida por su sigla APA. En su recurso, el Ejecutivo sostiene que esa legislación no concede a los tribunales una facultad general para eliminar regulaciones con efectos sobre terceros. Subsidiariamente, argumenta que esa respuesta tampoco debería aplicarse como remedio habitual.
Si esa interpretación prosperara, una regulación considerada ilegal podría seguir aplicándose a personas ajenas al litigio. El Gobierno ganaría margen para mantener sus políticas mientras continúan los procesos judiciales. Para quienes no integraron la demanda original, obtener protección podría exigir nuevas acciones ante los tribunales y prolongar los tiempos de espera.
Una discusión que supera la división partidaria
La administración apoya su planteo en el precedente de 2025 que restringió las órdenes judiciales universales. Sin embargo, aquel pronunciamiento y este recurso abordan herramientas diferentes: ahora se discute específicamente el alcance de la facultad de dejar sin efecto actuaciones administrativas bajo la APA. La extensión de aquel criterio requiere otra decisión judicial.
La resistencia tampoco proviene únicamente de adversarios demócratas. Texas, Florida y otros estados mayoritariamente republicanos defendieron ante el tribunal inferior la importancia de esta herramienta para contener excesos federales. La facultad que hoy incomoda a Washington también permite a los gobiernos estatales cuestionar políticas de administraciones de distinto signo.
La Corte no admitió el caso y extendió a diciembre el plazo para responder a la apelación.
La objeción más reciente y el próximo paso
El 13 de noviembre, la New Civil Liberties Alliance presentó un escrito para pedir que la Corte rechace intervenir. La organización sostiene que preservar la anulación de reglas ilegales protege las leyes aprobadas por el Congreso frente a las agencias. Aclaró que su posición no respalda a ninguna parte en la controversia médica específica.
El siguiente paso será completar la etapa de presentaciones y esperar que los jueces decidan si toman el caso. El alcance potencial va más allá de Trump: una modificación del criterio también condicionaría las demandas contra futuras administraciones. Por ahora, lo confirmado es la petición del Ejecutivo y su calendario procesal, no un fallo que haya reducido nuevamente el poder judicial.
