Un atentado contra la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, encendió las alarmas sobre la seguridad de los periodistas en Panamá. El ataque ocurrió durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf, en el distrito de San Miguelito, y provocó un incendio que dañó parte de la propiedad y dos vehículos.
La esposa del periodista estaba durmiendo en la residencia y logró salir ilesa, mientras Rodríguez se encontraba fuera de la ciudad. La agresión alcanzó el entorno familiar de un comunicador dedicado a investigar asuntos de interés público, una circunstancia que motivó reclamos de protección y esclarecimiento por parte de organizaciones periodísticas.
Los primeros reportes sitúan el hecho alrededor de las 2:30 de Panamá, las 4:30 de Argentina. Un individuo se aproximó a la vivienda y lanzó un objeto que desencadenó una explosión y el posterior incendio. Los bomberos intervinieron para controlar las llamas, que alcanzaron los automóviles estacionados en el garaje.
Una cámara de seguridad vecinal registró a un hombre que caminaba frente a la propiedad con una mochila sobre el pecho. Poco después, las imágenes mostraron el reflejo del fuego. Ese registro aporta elementos para reconstruir la secuencia, aunque por sí solo no establece la identidad del responsable ni permite determinar si actuó por encargo.
Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pasen por estas circunstancias. La Policía Nacional está investigando el hecho, junto al Ministerio Público de manera objetiva y eficiente para entregar las pruebas a la Justicia. Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia, ya se lo comuniqué al Director de La Prensa, Jorge Molina, a quien le expresé mi solidaridad.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 14, 2026
La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Superior de San Miguelito abrió una investigación por un presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo. Fiscales y funcionarios se trasladaron al lugar para realizar diligencias y reunir pruebas que permitan esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.
La calificación inicial comunicada por las autoridades no fue terrorismo. El Ministerio Público aclaró que la investigación podría ampliarse si aparecen indicios de otras conductas delictivas. También rechazó los actos contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, mientras continúa la búsqueda de elementos sobre la autoría y la motivación del ataque.
Rodríguez preparaba una publicación sobre relaciones entre antiguos funcionarios y un empresario vinculado con contrataciones estatales. En los días anteriores había solicitado versiones a personas mencionadas en ese trabajo. Ese contexto forma parte de la preocupación por el atentado, pero no existe una conexión acreditada entre la investigación periodística y la agresión.
El Instituto Prensa y Sociedad recordó además su participación en investigaciones transfronterizas sobre negocios de empresarios panameños con Venezuela y Cuba. La organización reclamó una pesquisa exhaustiva, rápida y transparente. La trayectoria profesional de Rodríguez ayuda a dimensionar la alarma, sin convertir a las personas investigadas por él en responsables del ataque.

El presidente José Raúl Mulino repudió la agresión y aseguró que la Policía Nacional trabaja junto con el Ministerio Público para entregar pruebas a la Justicia. También informó que expresó su solidaridad al director de La Prensa, Jorge Molina. El mandatario sostuvo que Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia.
La Sociedad Interamericana de Prensa exigió una investigación inmediata y garantías para Rodríguez y su familia. El reclamo coloca dos obligaciones en primer plano: identificar y sancionar a los responsables y proteger a quienes quedaron expuestos. El esclarecimiento será decisivo para impedir que la violencia contra un periodista y su hogar se convierta en una amenaza impune contra el derecho a informar.