El próximo martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado volverá a discutir las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Martín Menem reclamó acelerar la reforma, que la Casa Rosada quiere aprobar antes de fin de año. El Gobierno dice tener los votos cerca; Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, pide certezas. Quienes pretenden modificar las reglas de la próxima elección están negociando, al mismo tiempo, cómo competirán en ella.
Las PASO fueron suspendidas para las legislativas de 2025 por una ley de vigencia limitada. Si el Congreso no vuelve a intervenir, regirán en 2027. El argumento oficial es conocido: ahorrar recursos públicos y terminar con una instancia que muchas veces funciona como una encuesta financiada por el Estado, porque los partidos presentan listas únicas. Es un argumento atendible. Falta igual preocupación por los mecanismos con que los ciudadanos intervienen en la selección de candidatos.
La reforma electoral necesita una mayoría absoluta del total de los miembros de cada cámara: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. La Libertad Avanza tiene 21 senadores y busca apoyo en la UCR, el PRO y los bloques provinciales. Diego Santilli conversa con los gobernadores para convertir votos parlamentarios en acuerdos electorales. Los apoyos todavía no están garantizados.
Los gobernadores miran otro tablero. Algunos quieren desdoblar sus elecciones para proteger la competencia local y negociar lugares en las listas nacionales. Reapareció la posibilidad de que candidatos legislativos vinculados a partidos provinciales acompañen en la boleta a Milei, una fórmula que enfrenta dificultades legales. Alfredo Cornejo debe resolver su sucesión en Mendoza y la distribución de bancas nacionales; Maximiliano Pullaro procura ordenar su escenario santafesino. Cada provincia tiene su propio cálculo y ninguno se agota en el supuesto ahorro de las PASO.
En el PRO y la UCR proponen primarias optativas para fuerzas con más de una lista. Evitarían una elección generalizada cuando no hay competencia interna, aunque tampoco resolverían por sí solas los problemas de participación y financiamiento. El martes podrá haber dictamen; que exista una convocatoria formal no significa que el Gobierno ya tenga una ley.

La suspensión afecta de manera distinta a cada fuerza. La Libertad Avanza cuenta con un liderazgo presidencial definido y una conducción partidaria concentrada alrededor de Karina Milei. Prescindir de las primarias le permite ordenar las candidaturas desde esa estructura. El peronismo atraviesa un problema de conducción que las PASO podrían ayudar a resolver. Axel Kicillof, Sergio Massa y el kirchnerismo necesitan definir quién representará al espacio en la próxima presidencial. Sin primarias nacionales, deberán buscar otro mecanismo que produzca un resultado reconocido por todos.
Por eso Kicillof sigue la discusión desde Buenos Aires. La continuidad o suspensión de las PASO nacionales condiciona su decisión sobre el calendario bonaerense. Las diferencias entre sectores del peronismo se cruzan con la disputa por la sucesión provincial. Las reglas electorales cambian los incentivos para resolver esas tensiones.
El debate incluye otros asuntos. El proyecto original del Ejecutivo planteó cambios en el financiamiento de las campañas, el régimen de partidos y el debate presidencial obligatorio. Un borrador difundido este sábado contempla la suspensión para 2027 junto con nuevas modificaciones. Reducir los aportes estatales o alterar los límites del dinero privado tiene consecuencias sobre la igualdad de condiciones entre competidores. Son cuestiones que deberían discutirse con argumentos propios, antes de incorporarse a un paquete de negociación política.
Las PASO arrastran problemas desde su creación. Muchas internas no ofrecieron alternativas reales y su uso como encuesta previa a la elección general terminó alterando las campañas. También permitieron que algunas disputas por el liderazgo se resolvieran mediante el voto y no exclusivamente en conversaciones entre cúpulas. Si se suspenden otra vez, los partidos deberán explicar cómo seleccionarán candidatos y cómo garantizarán competencia a quienes carecen de la bendición de sus conducciones.
El problema aparece cuando las reglas se vuelven parte de una transacción entre quienes deben someterse a ellas. A las puertas de 2027, oficialismo, gobernadores y oposición calculan qué modalidad favorece sus proyectos. La eficiencia del gasto, la apertura de los partidos y la transparencia son objetivos legítimos. Merecen algo más que ser invocados para justificar una negociación de lugares y boletas.
La Argentina necesita revisar su sistema electoral. Las primarias ofrecen una oportunidad para hacerlo más allá de cada conveniencia. La pregunta que debería ordenar el debate es sencilla: ¿la reforma amplía la capacidad de los ciudadanos para decidir quiénes los representan o concentra esa decisión en quienes ya conducen los partidos? En la respuesta se juega bastante más que una primaria de agosto.