por Redacción NewsDigitales
La regulación del delivery en la Ciudad de Buenos Aires abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno porteño, los comercios gastronómicos, los repartidores y las plataformas. La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce) y el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa) cuestionaron que los locales deban organizar la espera de los trabajadores para evitar que ocupen veredas, rampas o ciclovías.

El conflicto surgió a partir de los Lineamientos para el Ordenamiento Urbano de los Servicios de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio, aprobados por la Secretaría de Ordenamiento Urbano y publicados en el Boletín Oficial porteño el 28 de octubre. La normativa establece que las actividades vinculadas con la mensajería y el reparto no pueden utilizar el espacio público de manera que afecten la circulación.
Uno de los puntos más discutidos establece que los comercios gastronómicos deben contar con sectores interiores o áreas habilitadas para que los repartidores puedan aguardar los pedidos sin bloquear la vía pública. Para Apyce y Sitrarepa, esa exigencia traslada a los locales y a los trabajadores una responsabilidad que debería recaer principalmente sobre las plataformas que organizan el servicio.
La disposición contempla distintos elementos que podrán ser observados durante las inspecciones. Entre ellos se encuentran la presencia de repartidores esperando frente al comercio, la frecuencia de ingreso y salida, la entrega de mercadería por parte del personal y la existencia de carteles o señalizaciones que indiquen un sector destinado al despacho.
Ante posibles incumplimientos, los inspectores podrán labrar actas o informar la situación a las autoridades correspondientes. El punto genera preocupación entre los gastronómicos porque, según Apyce, los comercios no tienen facultades para disponer de la vereda ni para controlar a personas que no forman parte de sus planteles.
“Ningún comercio tiene facultades para disponer de la vereda, despejar una rampa o desplazar un vehículo”, sostuvo la asociación. También advirtió que la concentración de repartidores en los accesos puede dificultar la circulación de peatones y afectar a los propios negocios.
El argumento central de Apyce apunta a quién controla realmente el funcionamiento del sistema. La entidad sostiene que son las plataformas las que asignan los pedidos, fijan los tiempos y determinan cuándo y dónde debe presentarse el repartidor, por lo que no correspondería exigir a los locales un resultado sobre el que no tienen control.
La asociación gastronómica pidió al Gobierno porteño que revise la responsabilidad asignada a los comercios, haga cumplir las obligaciones correspondientes a las plataformas y los repartidores y convoque a una mesa de trabajo con las entidades representativas del sector.

Sitrarepa coincide en cuestionar la falta de infraestructura, aunque desde la perspectiva de los trabajadores. El sindicato reclama que las empresas instalen bicicleteros en los comercios que trabajan con delivery y paradores en los barrios, especialmente en las zonas donde se concentra la actividad.
“No garantizan ni la infraestructura ni las condiciones para que trabajemos en la vía pública”, sostuvo la organización. También pidió que los repartidores no sean sancionados por problemas derivados de la falta de espacios adecuados y reclamó participar en las discusiones sobre las futuras regulaciones.
El planteo cobra otra dimensión frente al volumen de la actividad. Sitrarepa asegura reunir unos 3.000 afiliados y, de acuerdo con datos citados en el sector, PedidosYa cuenta con más de 60.000 repartidores activos por mes en todo el país.
El debate tiene además un antecedente concreto en el conurbano. A fines de 2025, la Municipalidad de Morón inauguró junto con PedidosYa una estación de descanso y reabastecimiento para repartidores, con estacionamiento para motos y bicicletas, mesas, cargadores de celulares, agua y lockers.
La experiencia es utilizada como referencia en una discusión que ahora llegó a la Ciudad: quién debe financiar y organizar la infraestructura necesaria para el delivery. Mientras los comercios rechazan asumir responsabilidades sobre terceros, los repartidores reclaman que las plataformas generen espacios adecuados para esperar los pedidos. El conflicto, así, vuelve a poner bajo discusión el rol de las empresas de aplicaciones en la regulación del trabajo y el uso del espacio público porteño.