Ricardo Barreda: la ley que quiso transformar la casa del crimen y sigue pendiente

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda asesinó a su esposa, Gladys Mac Donald; a su suegra, Elena Arreche; y a sus dos hijas, Cecilia y Adriana, en la vivienda familiar de la calle 48 al 809, entre 11 y 12, en La Plata. El cuádruple crimen conmocionó al país y dejó una marca que trascendió las páginas policiales. Treinta y cuatro años después, aquella casa sigue siendo el escenario de una discusión que involucra a la Justicia, la Legislatura Bonaerense y las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres.

Barreda fue condenado en 1995 a reclusión perpetua. Cuando ocurrieron los asesinatos, el Código Penal argentino todavía no contemplaba la figura específica del femicidio. Esa incorporación llegó dos décadas después de los hechos, mediante la Ley 26.791, sancionada en 2012, que modificó el artículo 80 del Código Penal e incorporó como agravante el homicidio cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. La nueva legislación no podía aplicarse retroactivamente a la condena de Barreda.

Sin embargo, el caso tuvo otra consecuencia institucional. En noviembre de 2012, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó una norma que buscó darle un destino público al lugar donde se había cometido el crimen. La iniciativa pretendía transformar una propiedad asociada a la violencia extrema en un espacio dedicado a la memoria, la prevención y la asistencia. La decisión política estaba tomada; su concreción, en cambio, abriría un camino mucho más largo.

De la escena del crimen a una política pública

La iniciativa fue impulsada por el entonces diputado provincial del Frente para la Victoria,Gabriel Bruera, cuyo proyecto ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense en noviembre de 2011. La propuesta obtuvo media sanción el 5 de julio de 2012 y recibió la aprobación del Senado el 15 de noviembre de ese año. Finalmente, fue promulgada el 27 de diciembre bajo el número 14.431.

La norma declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de calle 48 al 809. Su segundo artículo estableció que la propiedad debía transferirse, a título oneroso, a la Municipalidad de La Plata para desarrollar un Centro Municipal por la Memoria, para la Prevención y el Abordaje de la Violencia de Género. No se trataba solamente de conservar el lugar como testimonio de un episodio criminal: el propósito era convertirlo en un ámbito de intervención estatal.

El proyecto contemplaba actividades de capacitación para policías, docentes, trabajadores judiciales, profesionales de la salud y otros sectores, además de espacios de consulta, asistencia y formación. En su formulación original también aparecía la posibilidad de vincular el inmueble con la organización María Pueblo, dedicada a brindar alojamiento y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. La propuesta buscaba que el Estado aprovechara un espacio cargado de una historia trágica para construir una respuesta institucional.

La ley incorporó, además, una condición relevante: si no se cumplía el destino previsto, la transferencia podía revocarse y el dominio debía regresar al Estado provincial. Esa disposición permite medir la importancia que el propio Poder Legislativo le asignó a la finalidad pública del inmueble. La expropiación no debía convertirse en una operación inmobiliaria aislada de su objetivo social.

Una expropiación atravesada por la Justicia

La sanción legislativa no resolvió automáticamente la situación dominial de la vivienda. El procedimiento expropiatorio avanzó, pero quedó atravesado por controversias sobre la titularidad del inmueble y el monto que debía pagar el Estado bonaerense. La discusión se prolongó durante años y terminó convirtiéndose en un expediente judicial con consecuencias sobre la ejecución de la política pública.

En octubre de 2021, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia tomó posesión formal de la propiedad. El hecho representó un avance concreto respecto de la iniciativa aprobada nueve años antes. Sin embargo, la posesión no significó que todas las controversias judiciales estuvieran resueltas ni que el centro comenzara a funcionar con el alcance previsto por la ley.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la indemnización correspondiente a la expropiación. Mientras el Fisco bonaerense sostiene que debe considerarse la valuación fiscal del inmueble, la representación de los herederos reclama que se tome como referencia su valor de mercado. La diferencia económica mantiene abierto un litigio que también involucra la determinación de quiénes tienen legitimación para intervenir en el proceso.

Catorce años después, el expediente sigue abierto

La discusión tuvo un nuevo capítulo en octubre de 2026. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata resolvió excluir del proceso a Mariana y Tomás Arreche, sobrinos de Gladys Mac Donald, al considerar que no reunían los requisitos legales para ser reconocidos como herederos de la titular del inmueble. El tribunal hizo lugar a un planteo del Fisco provincial y revocó una decisión anterior que los había incorporado al expediente.

Días después, el abogado Gustavo Rapalini, representante de cuatro herederos de las víctimas, solicitó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de La Plata la apertura de la causa a prueba. El pedido busca avanzar en la producción de documentación, informes y peritajes vinculados con la propiedad y la indemnización. Al 29 de octubre de 2026, el juzgado todavía debía resolver qué medidas probatorias admitir. Por lo tanto, no existía una sentencia definitiva sobre el monto a pagar.

El recorrido judicial permite advertir una diferencia sustancial entre la decisión política de expropiar y la efectiva consolidación jurídica de esa medida. La provincia tomó posesión del inmueble, pero la controversia económica y sucesoria continuó. En paralelo, la concreción integral del proyecto institucional requiere verificar qué prestaciones se encuentran efectivamente disponibles y bajo qué organismo funcionan.