Un paciente con trasplante cardíaco obtuvo una medida cautelar para que el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) garantice la cobertura del 100% de cuatro medicamentos indicados por su médico tratante. La decisión fue adoptada el 13 de noviembre por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N.º 6, que consideró acreditado, en esta etapa inicial del proceso, que la interrupción o falta de provisión de esos fármacos podía poner en riesgo la salud del afiliado.
La resolución tiene una particularidad procesal: el juez rechazó por inadmisible el recurso presentado contra la declaración de incompetencia del juzgado, pero, antes de remitir el expediente a la Justicia Federal de La Plata, resolvió la urgencia sanitaria y concedió la medida cautelar. De ese modo, la discusión sobre qué tribunal deberá continuar con el amparo no impidió adoptar una decisión provisoria para proteger al paciente.
El expediente –al que NewsDigitales tuvo acceso- se inició a partir del reclamo de un afiliado que había recibido un trasplante cardíaco y necesitaba medicamentos prescriptos por su médico tratante, el doctor Juan M. Osses, en una indicación fechada el 2 de noviembre de 2026.
Ante la urgencia, la parte actora solicitó el pronto despacho, la habilitación de días y horas inhábiles y el dictado inmediato de una medida cautelar. También planteó la existencia de un riesgo para la vida y pidió que se suspendiera la remisión del expediente mientras se resolvía la cobertura reclamada.

El planteo apuntó a obtener la provisión integral de cuatro medicamentos indispensables para el tratamiento: tacrolimus, micofenolato sódico, anfotericina B y valganciclovir. El juzgado entendió que la documentación acompañada permitía considerar, con el grado de probabilidad exigible en esta etapa, que la falta de acceso a esos fármacos podía afectar gravemente la salud del paciente.
Uno de los fundamentos centrales de la decisión fue la Ley 26.928, que creó el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas. Su artículo 4 establece que el sistema público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deben brindar cobertura del ciento por ciento de los medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención vinculados directa o indirectamente con las patologías derivadas del trasplante.
A partir de esa normativa, el juez consideró que el reclamo encontraba sustento en el régimen específico de protección de las personas trasplantadas. La cobertura no fue analizada como una prestación médica ordinaria, sino a la luz de una ley que impone obligaciones concretas a los agentes del sistema sanitario para garantizar la continuidad de los tratamientos.
La resolución también hizo referencia al Decreto 16/2019, reglamentario de la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. En particular, mencionó su artículo 28, que contempla el derecho del paciente a elegir libremente un establecimiento habilitado para realizar el trasplante.
Para resolver el pedido, el magistrado Marcelo Gota aplicó los criterios habituales de las medidas cautelares: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, previstos en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En cuanto al primero, sostuvo que la documentación incorporada al expediente permitía advertir una posible afectación del derecho constitucional a la salud. Aclaró que, por tratarse de una decisión provisional, no era necesario alcanzar en ese momento el grado de certeza que se exige para dictar una sentencia definitiva.
Respecto del peligro en la demora, el juez puso el foco en la situación particular del afiliado: una persona trasplantada que requiere medicación específica para preservar su estado de salud. Consideró que una eventual falta de cobertura podía comprometer gravemente su integridad física y su recuperación.
También ponderó el criterio del médico tratante, al señalar que es quien se encuentra en mejores condiciones para determinar las necesidades terapéuticas del paciente. En ese contexto, entendió que la urgencia justificaba adoptar una medida inmediata, sin esperar a que concluyera el debate sobre la competencia judicial.
El aspecto procesal de la decisión merece una consideración aparte. El juzgado había declarado su incompetencia el 11 de noviembre y la parte actora apeló esa resolución. Sin embargo, el magistrado rechazó el recurso por considerar que la decisión que declara la incompetencia en un proceso de amparo no se encuentra entre las resoluciones apelables previstas por el artículo 15 de la Ley 16.986.
Esa determinación no significó que el reclamo por la medicación quedara sin respuesta. El juez recurrió al artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite adoptar medidas cautelares antes de remitir las actuaciones al tribunal que se considera competente. Sobre esa base, resolvió la protección urgente y luego ordenó enviar el expediente a la Oficina de Asignación de Causas de la Cámara Federal de La Plata. En lo inmediato, IOSFA deberá garantizar el 100% de los medicamentos indicados, mientras la Justicia determina cómo continuará el proceso.