Hasta 450.000 personas se concentraron este domingo en Praga para rechazar una reforma que podría modificar el futuro de la televisión y la radio públicas. La policía confirmó que fue la mayor manifestación desde la independencia de República Checa en 1993, mientras el primer ministro Andrej Babiš respondió que no retirará el proyecto cuestionado. La movilización ocurrió apenas dos días antes del aniversario de la Revolución de Terciopelo, que puso fin al régimen comunista en 1989.
El parque Letná, escenario de las históricas concentraciones contra el comunismo, volvió a llenarse de manifestantes. La organización Millón de Momentos por la Democracia calculó una asistencia de entre 350.000 y 450.000 personas. El reclamo central fue impedir que el financiamiento de los medios públicos dependa directamente del presupuesto estatal, una modificación que sus críticos consideran una amenaza para la independencia periodística.

Actualmente, los hogares alcanzados por el sistema abonan 150 coronas checas mensuales para la televisión y 55 para la radio. El Gobierno pretende eliminar esos pagos y reemplazarlos por partidas del presupuesto nacional, acompañadas de una reducción aproximada del 15 % de los recursos disponibles. Las emisoras advierten que podrían afrontar despidos, cancelaciones de programas y una menor capacidad de producción informativa.
El proyecto ya superó su primera votación parlamentaria, realizada a las 4:36 de la madrugada del 24 de octubre, después de que el oficialismo limitara el debate. Ese horario se convirtió en el símbolo de las protestas. Trabajadores de ambas emisoras realizaron una huelga a comienzos de noviembre y recibieron el respaldo de universidades, artistas, organizaciones periodísticas y representantes de distintos sectores sociales.
Lejos de retroceder, Babiš confirmó este domingo que mantendrá la eliminación del canon. El mandatario sostuvo que respeta el derecho a manifestarse, pero rechazó las acusaciones contra su Gobierno. Aseguró que el sistema actual está desactualizado, que otros países europeos aplican mecanismos similares y que ninguna autoridad pretende intervenir en los contenidos de las emisoras.

La respuesta profundizó el enfrentamiento político. Dirigentes opositores cuestionaron la reforma, mientras funcionarios oficialistas acusaron a los organizadores de promover una movilización partidaria. Los manifestantes también reclamaron la salida del Gobierno de Libertad y Democracia Directa, uno de los socios de la coalición, y expresaron preocupación por las políticas de seguridad, justicia y cultura.
Letná promluvila k Babišovo vládě jako nikdy předtím. A my, politici, budeme se stejnou energií nezávislost médií bránit dál. https://t.co/fK6lFicKM5
— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 15, 2026
La coincidencia con el 17 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución de Terciopelo, otorgó una dimensión histórica a la protesta. En aquel proceso, las movilizaciones populares terminaron con décadas de dominio comunista y abrieron el camino hacia un sistema democrático. Los participantes consideran que la libertad informativa constituye una de las conquistas de aquella transformación.
El proyecto todavía debe atravesar nuevas instancias parlamentarias. Sus detractores temen que los cambios presupuestarios permitan ejercer presión política sobre los medios, como denuncian que ocurrió en otros países de Europa central. La discusión dejó de limitarse al costo de una tarifa mensual: ahora enfrenta al Gobierno con cientos de miles de ciudadanos que exigen garantías para preservar la independencia de la información.