El gobierno de Javier Milei introdujo cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema creado por la Ley Bases para atraer proyectos de gran magnitud mediante beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, además de garantías de estabilidad jurídica.
A través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria modificó distintos aspectos del funcionamiento del régimen con el objetivo de ampliar la participación de empresas radicadas en el país, precisar las condiciones para las transferencias de participaciones societarias y flexibilizar determinados mecanismos de financiamiento.
La medida, firmada por Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, introduce modificaciones en el Decreto 749/2024, que reglamentó originalmente el RIGI.
Los cambios abarcan cinco cuestiones centrales: la definición de proveedor local, los plazos para cumplir con las inversiones comprometidas, las adquisiciones y reorganizaciones de los vehículos de proyecto, la transferencia de participaciones en sociedades y el reconocimiento de divisas aportadas por accionistas y otros sujetos vinculados.
Uno de los principales cambios está relacionado con la definición de proveedor local y con las condiciones que deben cumplir las empresas para participar en las cadenas de suministro de los proyectos adheridos al régimen.
Hasta ahora, la reglamentación establecía determinadas condiciones para reconocer a un proveedor como local. Con la nueva disposición, el Gobierno precisa que podrán ingresar en esa categoría las personas humanas con domicilio fiscal en Argentina y las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país.
El aspecto más relevante es que, para las sociedades, dejará de ser determinante la nacionalidad o residencia de sus accionistas, así como la composición de su capital social. En otras palabras, una empresa constituida y radicada en Argentina podrá ser considerada proveedora local aunque tenga capital extranjero.
La modificación busca ampliar el universo de compañías habilitadas para abastecer a los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son las estructuras jurídicas encargadas de desarrollar las inversiones bajo el RIGI.
Sin embargo, el decreto establece una distinción importante: cuando se trate de provisión de bienes, estos deberán cumplir con los criterios de origen nacional contemplados en el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur y sus protocolos adicionales. La autoridad de aplicación tendrá a su cargo precisar la metodología para determinar ese origen.
De esta manera, el Gobierno pretende favorecer la participación de empresas radicadas en el territorio nacional, sin exigir que sus propietarios sean argentinos, aunque mantiene condiciones específicas para que los bienes suministrados sean considerados de producción nacional.
El segundo eje de la reforma apunta a precisar las condiciones y los plazos para cumplir con los compromisos de inversión, particularmente en los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).
Se trata de iniciativas contempladas en la Ley Bases que, por su dimensión y características, requieren grandes desembolsos y períodos prolongados para alcanzar su desarrollo completo.
El decreto establece una distinción entre el monto mínimo de inversión exigido para el proyecto en su conjunto y los compromisos particulares correspondientes a cada una de sus etapas.
En ese sentido, incorpora una definición más precisa de la denominada "fecha límite": será el momento antes del cual el VPU deberá haber alcanzado y cumplido el monto mínimo de inversión en activos computables exigido por la normativa.
Además, establece que ese plazo deberá ser compatible con las prácticas habituales del sector económico al que pertenezca el proyecto.
La modificación no elimina ni reduce los montos mínimos de inversión previstos para las distintas etapas. Su objetivo es evitar confusiones entre el cumplimiento de la inversión total comprometida y las obligaciones específicas que deben alcanzarse durante cada fase de ejecución.
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— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 5, 2026
Otro de los puntos centrales del Decreto 1366/2026 es la actualización de las reglas para las adquisiciones, fusiones y reorganizaciones de los Vehículos de Proyecto Único.
La nueva reglamentación aclara que terceros podrán adquirir acciones, cuotas o participaciones de una empresa adherida al RIGI sin que esa operación implique la pérdida de los beneficios y derechos que obtuvo el proyecto.
Sin embargo, incorpora una limitación relevante: la compra de participaciones societarias realizada después de presentada la solicitud de adhesión al régimen no podrá computarse como inversión en activos computables para alcanzar el monto mínimo exigido por la Ley 27.742.
Es decir, el ingreso de nuevos accionistas no afectará automáticamente la continuidad del proyecto, pero tampoco permitirá contabilizar el valor de esas adquisiciones como nuevas inversiones para cumplir los requisitos del RIGI.
El decreto también establece condiciones para las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos que funcionen como VPU. Sus integrantes podrán transferir total o parcialmente sus participaciones e incorporar nuevos miembros sin perder los derechos del proyecto.
Para hacerlo, deberán informar la operación a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción en el Registro Público y acreditar una serie de requisitos: el consentimiento de los demás integrantes, salvo que el contrato contemple una dispensa; que el nuevo miembro no esté alcanzado por causales de exclusión del RIGI; la transferencia o afectación de los bienes vinculados al proyecto y la asunción de los compromisos de inversión y garantías pendientes.
La autoridad de aplicación tendrá 30 días corridos para formular observaciones. Si transcurre ese plazo sin objeciones, la operación se considerará conformada. Además, el integrante que transfiere su participación seguirá siendo solidariamente responsable por las obligaciones del régimen devengadas hasta la inscripción de la operación.
Nuevo RIGI aprobado 🇦🇷🇦🇷 El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires. Con una inversión de USD 1.341 millones, la inversión más grande de la historia en la industria automotriz argentina. Se trata de una nueva planta de producción de un vehículo 100% electrificado, tecnología hoy no fabricada en el país. Es un proyecto con fuerte perfil exportador, que venderá al exterior USD 1.280 millones anuales, cerca del 70% de su producción. Además, generará más de 3.600 empleos durante su construcción y más de 2.600 en la etapa de operación, entre directos e indirectos. Más inversión productiva, más trabajo y más exportaciones para los argentinos 🇦🇷🇦🇷🇦🇷
— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 30, 2026
La reforma también incorpora un mecanismo específico para las denominadas Sucursales Dedicadas que hayan ingresado al RIGI.
Estas estructuras podrán transferir la totalidad de sus activos, pasivos, derechos y obligaciones vinculados al proyecto a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal constituida especialmente para ese fin.
La operación requerirá autorización de la autoridad de aplicación y deberá garantizar que la nueva sociedad cumpla con las condiciones exigidas para ser considerada un VPU.
La nueva empresa reemplazará a la sucursal como titular del proyecto y conservará los beneficios, obligaciones y compromisos asumidos originalmente.
Un punto importante es que esta reorganización no implicará una nueva adhesión al RIGI ni modificará la fecha de ingreso original, los plazos vigentes o las condiciones del plan de inversión aprobado.
La sociedad de la que dependía la sucursal seguirá respondiendo solidariamente por las obligaciones generadas hasta que se inscriba la transferencia. Además, la autorización estatal no reemplazará los consentimientos de terceros que puedan ser necesarios para transferir concesiones, permisos u otros derechos.
Por último, el decreto introduce modificaciones en las condiciones para computar los ingresos de divisas destinados a financiar los proyectos adheridos al régimen.
La normativa contempla que el Banco Central pueda establecer condiciones de acceso al mercado de cambios para determinados VPU que hayan incorporado en sus análisis de factibilidad económica el beneficio previsto en el artículo 198 de la Ley Bases, relacionado con los cobros de exportaciones.
En ese marco, la modificación amplía las fuentes de financiamiento que podrán considerarse para acreditar el ingreso y liquidación de divisas. Ya no se tendrán en cuenta únicamente los fondos ingresados directamente por el VPU, sino también aquellos provenientes de aportes de capital o endeudamientos financieros externos realizados por accionistas directos e indirectos, integrantes de uniones transitorias y otras sociedades vinculadas.
También podrán computarse determinadas emisiones de valores negociables. Para que esos fondos sean reconocidos, deberán ingresar desde el exterior, liquidarse en el mercado de cambios y destinarse efectivamente al desarrollo del Proyecto Único. Además, su aplicación deberá quedar respaldada mediante registros contables y mecanismos que permitan garantizar su trazabilidad.