17/11/2026 - Edición Nº1379

Política

Agenda libertaria

Milei acelera en Diputados: Malvinas, inflación y otros 5 proyectos para el miércoles

16/11/2026 | La convocatoria también contempla acuerdos comerciales entre el Mercosur y otros bloques económicos, pero hay dos platos fuertes.

La Cámara de Diputados fue convocada para este miércoles a las 12 horas, para una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza, presidido por Gabriel Bornoroni.

El temario incluye siete iniciativas, entre las que sobresalen dos proyectos impulsados por el oficialismo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La convocatoria también contempla acuerdos comerciales entre el Mercosur y otros bloques económicos, modificaciones vinculadas al traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y un cambio en el marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas.

Reforma del Banco Central: qué cambios deberá ratificar Diputados

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) ya tuvo un primer recorrido parlamentario: Diputados le dio media sanción el 27 de agosto, con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. Sin embargo, el Senado aprobó el proyecto con modificaciones el 24 de septiembre, por lo que ahora la Cámara baja deberá decidir si acepta los cambios de la Cámara alta o insiste con la redacción original.

El objetivo central de la iniciativa de Milei es modificar las funciones y las atribuciones del organismo para colocar la preservación del valor de la moneda como su misión principal. De esta manera, busca revertir el esquema establecido en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, que amplió los objetivos del Banco Central e incorporó, junto con la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo, el desarrollo económico y la equidad social.

Entre los cambios más importantes se encuentra la prohibición de financiar al Tesoro mediante adelantos transitorios y de comprar títulos de deuda pública en las licitaciones primarias. También se busca impedir la emisión de Letras Intransferibles, instrumentos que el Tesoro entrega al BCRA a cambio de divisas de sus reservas.

Otro punto relevante es la limitación al reparto de utilidades. El proyecto establece que solo podrán transferirse ganancias reales y operativas, excluyendo aquellas originadas por variaciones cambiarias o por cambios en el precio del oro. Además, el Banco Central deberá acumular utilidades hasta alcanzar un monto equivalente al 50% de su capital antes de girar el excedente al Gobierno, que deberá destinarlo exclusivamente a cancelar deuda.

La modificación más importante introducida por el Senado está vinculada con la designación y remoción de las autoridades del organismo. El texto original contemplaba mayores exigencias parlamentarias para remover a los integrantes del directorio. La Cámara alta modificó ese mecanismo y estableció que el presidente, el vicepresidente y los directores deberán ser designados con acuerdo del Senado, por mayoría absoluta de sus miembros. También modificó el esquema de remoción, que quedó sujeto a esa mayoría en la Cámara alta.

El cambio fue incorporado al dictamen de mayoría de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de Diputados, que el 28 de octubre reunió 44 firmas sobre 69 legisladores presentes. Por eso, el oficialismo buscará ahora que la Cámara baja acepte la versión aprobada por los senadores.

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: Malvinas, recursos estratégicos y seguridad

El otro proyecto de mayor peso político es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo en septiembre que busca establecer un régimen integral para proteger los derechos soberanos argentinos y ampliar las herramientas del Estado frente a amenazas externas.

El texto original fue tratado en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El 27 de octubre obtuvo dictamen de mayoría con 60 firmas sobre 104 diputados presentes y quedó habilitado para llegar al recinto. La redacción incorporó modificaciones propuestas por distintos bloques, aunque también hubo cuatro dictámenes de minoría.

Uno de los ejes principales está relacionado con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina.

La iniciativa amplía las prohibiciones vigentes para alcanzar no solamente la explotación de hidrocarburos, sino también cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables. También contempla a quienes faciliten esas actividades mediante la provisión de bienes y servicios esenciales, participen como socios o accionistas de las empresas involucradas o ejerzan su control.

El régimen establece sanciones administrativas que incluyen multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. Estas últimas pueden implicar la prohibición de desarrollar actividades económicas en Argentina, la revocación de permisos, la pérdida de beneficios impositivos y la rescisión de contratos.

El proyecto también contempla sanciones penales, crea un registro público de infractores y establece restricciones para que el Estado y otros actores económicos puedan contratar con los sujetos incorporados a esa nómina.

Pero la iniciativa va más allá de la cuestión Malvinas. También propone una reorganización del sistema de seguridad y defensa nacional, mediante la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente, con el objetivo de coordinar las distintas áreas estatales frente a amenazas externas.

Además, incorpora disposiciones vinculadas con la protección de recursos estratégicos, las capacidades de defensa y seguridad y la prevención de determinadas formas de injerencia extranjera.

Las negociaciones con los bloques dialoguistas constituyen uno de los puntos a seguir. Sectores aliados reclamaron modificaciones al proyecto y, en particular, la eliminación del capítulo VII, referido al fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones.

Ese apartado incorpora cambios en los códigos Electoral y Penal. La diputada Karina Banfi planteó específicamente su eliminación.

Los otros proyectos incluidos en el temario

Además de las dos iniciativas centrales, la sesión especial contempla otros cinco asuntos:

1. Acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la AELC

Se trata del tratado firmado el 16 de septiembre de 2025 en Río de Janeiro entre los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

El acuerdo busca profundizar el intercambio comercial mediante compromisos de reducción de aranceles y reglas comunes para el comercio de bienes y servicios. También contempla inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, competencia y desarrollo sostenible. Tiene 16 capítulos y 19 anexos y ya cuenta con aprobación del Senado.

2. Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur

El Congreso deberá aprobar una modificación suscripta en diciembre de 2023 que actualiza las listas de compromisos específicos asumidos por los países del bloque en materia de comercio de servicios. El objetivo es adecuar los compromisos y las condiciones de acceso a los mercados para los prestadores de servicios de los países miembros.

3. Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales a la Ciudad de Buenos Aires

El acuerdo, firmado el 3 de julio de 2026 por los ministros de Justicia de Nación y Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, contempla el traspaso de nuevas competencias penales no federales a la Justicia porteña.

Incluye delitos contra el honor, como calumnias e injurias; contra la integridad sexual; contra la libertad; el entorpecimiento del transporte y distintas infracciones vinculadas con la propiedad intelectual, el ejercicio ilegal de la veterinaria y la protección de la fauna silvestre.

4. Transferencia de la Justicia Nacional de Menores a la Ciudad

El segundo convenio firmado entre Nación y CABA establece el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores. La Ciudad asumirá la competencia sobre los delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, que actualmente tramitan en la Justicia Nacional de Menores.

Ambos convenios deberán contar con la aprobación del Congreso y de la Legislatura porteña, además de los acuerdos correspondientes para la transferencia de recursos.

5. Modificación del marco regulatorio de las PyMEs

El último punto del temario propone modificar el artículo 2 de la Ley 24.467, a partir de una iniciativa del diputado Martín Yeza.

El proyecto establece que las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán garantizada la libertad para designar a los integrantes de sus estructuras societarias, sin que esa decisión pueda ser condicionada por regulaciones de la autoridad de aplicación, los organismos de contralor societario o los registros públicos de comercio.

También mantiene la posibilidad de extender los beneficios previstos para las MiPyMEs a las formas asociativas integradas exclusivamente por este tipo de empresas. La iniciativa apunta a limitar las intervenciones administrativas sobre la conformación de sus órganos de administración y fiscalización.

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