La Corte Suprema de Justicia de la Nación oficializó un nuevo protocolo médico para evaluar el estado de salud de las personas privadas de la libertad y determinar si pueden recibir el tratamiento que necesitan dentro de las cárceles.
La medida, publicada este lunes 16 en el Boletín Oficial mediante la Resolución 2867/2026, establece criterios técnicos y procedimientos uniformes para los informes que deberán utilizar los tribunales al resolver pedidos de prisión domiciliaria por motivos sanitarios.
El documento fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense en cumplimiento de una instrucción previa del máximo tribunal, formalizada mediante la Acordada 21/2026.
Su objetivo es que las decisiones judiciales sobre este tipo de solicitudes cuenten con evaluaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas y sociales respaldadas por información verificable.
La nueva normativa no modifica los requisitos legales para acceder a la prisión domiciliaria ni establece que una determinada enfermedad habilite automáticamente ese beneficio. Tampoco les quita a los jueces la facultad de resolver cada caso. Lo que hace es fijar una metodología común para determinar si las condiciones de salud de una persona son compatibles con su permanencia en el establecimiento penitenciario.
El documento de 26 páginas organiza las evaluaciones alrededor de dos grandes dimensiones: el estado de salud del detenido y las condiciones concretas del establecimiento donde se encuentra alojado.
El primer eje exige una evaluación médica directa y presencial, con posibilidad de recurrir excepcionalmente a entrevistas telemáticas cuando las circunstancias lo justifiquen y exista documentación sanitaria suficiente. En ese último supuesto deberá estar presente un médico del establecimiento penitenciario.
El informe deberá incluir los antecedentes clínicos, los diagnósticos documentados, la evolución de las enfermedades, las internaciones anteriores, los tratamientos recibidos y las necesidades asistenciales actuales.
También contempla evaluaciones odontológicas y de salud mental, con intervención de profesionales especializados cuando corresponda. Se deberán considerar los estudios complementarios necesarios, los medicamentos indicados, la frecuencia de los controles, las necesidades de rehabilitación y el grado de autonomía de la persona para desarrollar actividades cotidianas.
La intención es que los informes no se limiten a enumerar enfermedades o diagnósticos, sino que expliquen qué atención necesita concretamente cada detenido y cuáles son las consecuencias de no recibirla.
El protocolo también exige reunir la documentación sanitaria disponible, entre ella historias clínicas, registros de entrega de medicamentos, solicitudes de atención médica, turnos, traslados hospitalarios y constancias de prestaciones que no llegaron a concretarse.

El segundo eje introduce un procedimiento específico para verificar si las cárceles cuentan efectivamente con los recursos necesarios para atender a cada interno.
Las autoridades penitenciarias deberán completar un formulario normalizado, firmado por los responsables sanitarios y penitenciarios de la unidad, con intervención del área de Trabajo Social.
Entre otros aspectos, tendrán que informar:
Uno de los criterios centrales es que la existencia formal de un servicio no alcanza para acreditar que el detenido pueda acceder a él. El protocolo exige verificar que los recursos estén disponibles y funcionen efectivamente.
Por ejemplo, no será suficiente con que una cárcel declare contar con atención cardiológica si no puede demostrar la frecuencia de las consultas, la disponibilidad de profesionales o la posibilidad concreta de realizar los estudios que necesita el paciente.
Además, la información proporcionada por el Servicio Penitenciario Federal deberá contrastarse con los registros médicos y con los relevamientos de organismos de control, como la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
Uno de los aspectos más importantes del protocolo es que establece cinco categorías uniformes para expresar las conclusiones de las evaluaciones periciales.
Esta clasificación busca evitar conclusiones genéricas y permitir que los jueces conozcan con precisión qué atención necesita el detenido, qué recursos existen y cuáles son las limitaciones concretas del establecimiento.
Un punto importante es que las categorías C y D no equivalen automáticamente a la concesión de la prisión domiciliaria. La primera puede resolverse mediante un traslado o una internación y la segunda aporta elementos médicos sobre una eventual incompatibilidad con el ámbito penitenciario. La decisión final sigue correspondiendo al magistrado.

El protocolo está diseñado para las solicitudes de prisión domiciliaria por razones de salud contempladas en el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
Esas disposiciones contemplan tres situaciones específicas:
En este último supuesto, no alcanzará con acreditar la existencia de una discapacidad o presentar un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Los profesionales deberán analizar la autonomía de la persona, sus necesidades de asistencia, la accesibilidad de los espacios comunes y sanitarios, la disponibilidad de ayudas técnicas y las adaptaciones edilicias necesarias.
El documento también introduce precisiones para las evaluaciones de salud mental. Aclara que los trastornos mentales crónicos, graves o persistentes no constituyen por sí mismos enfermedades en período terminal. En esos casos deberán analizarse las necesidades de tratamiento, seguimiento y supervisión, así como la posibilidad de satisfacerlas dentro del sistema penitenciario.