16/11/2026 - Edición Nº1378

Política

Boletín Oficial

Contraseñas, cifrado de datos y confidencialidad: las nuevas reglas de Pettovello

16/11/2026 | La medida alcanza a funcionarios, empleados públicos y terceros que mantengan algún tipo de vínculo contractual con el Ministerio de Capital Humano.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, aprobó una nueva Política de Seguridad de la Información que establece reglas obligatorias para proteger los datos, los sistemas informáticos y los recursos tecnológicos de todas las dependencias de la cartera.

La medida alcanza a funcionarios, empleados públicos y terceros que mantengan algún tipo de vínculo contractual con el organismo, e incorpora pautas sobre el acceso a información sensible, el uso de dispositivos y cuentas institucionales, la confidencialidad y la respuesta ante posibles incidentes informáticos.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 418/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. A través de la normativa, el gobierno busca establecer un marco común para prevenir vulnerabilidades, reducir los riesgos de ataques informáticos y garantizar la continuidad de los servicios y las actividades administrativas del ministerio.

Qué cambia con la nueva política de seguridad de Capital Humano

Uno de los principales cambios es que el Ministerio de Capital Humano contará con un esquema propio y obligatorio de protección de la información, que deberá aplicarse en todas sus dependencias y en los procesos vinculados con su funcionamiento.

Hasta ahora, los lineamientos de seguridad utilizados como referencia provenían, entre otras normas, de las políticas aprobadas en 2023 por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el entonces Ministerio de Educación.

La nueva resolución deroga expresamente ambas disposiciones y las reemplaza por un documento unificado, elaborado por la Dirección de Seguridad de la Información de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

A quiénes alcanza y cuáles son las obligaciones

El alcance de la disposición es amplio. No comprende únicamente a los trabajadores que cumplen funciones en las áreas informáticas, sino a todos los funcionarios y agentes del ministerio, independientemente de su jerarquía, modalidad de contratación, situación laboral o tareas.

También incluye a personas y empresas externas que mantengan vínculos con el organismo mediante contratos, convenios, acuerdos u otros instrumentos, en aquellos aspectos que correspondan a sus actividades.

El documento establece que la información debe protegerse durante todo su ciclo de vida, desde su creación hasta su eventual eliminación, archivo o destrucción. Esto comprende tanto los documentos físicos como los archivos digitales, los correos electrónicos y los contenidos multimedia.

La política se apoya en tres principios fundamentales:

  • Confidencialidad: garantizar que la información solamente sea accesible para las personas autorizadas.
  • Integridad: preservar la exactitud y totalidad de los datos y de los procesos utilizados para administrarlos.
  • Disponibilidad: asegurar que los usuarios habilitados puedan acceder a la información y los recursos cuando los necesiten.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones disciplinarias, de acuerdo con la gravedad de la infracción y el régimen establecido por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164 y su decreto reglamentario.

Contraseñas, accesos y uso de cuentas institucionales

Entre los aspectos más concretos de la nueva política aparecen las condiciones para acceder a los sistemas y a la información del ministerio.

El documento establece el principio de que todo acceso a activos considerados críticos estará prohibido, salvo que exista una autorización expresa. Además, incorpora el criterio de "necesidad de saber", por el cual cada trabajador solamente podrá acceder a los datos que requiera para cumplir con sus funciones.

En esa misma línea, se aplicará una política de mínimo privilegio: los permisos deberán limitarse a lo estrictamente necesario y contar con la autorización de las autoridades competentes. También se realizarán revisiones periódicas para actualizar las habilitaciones y administrar las altas y bajas de cuentas.

Los funcionarios y empleados tendrán la responsabilidad de utilizar correctamente los dispositivos y las credenciales de autenticación que les proporcione el organismo. Deberán protegerlas y evitar compartirlas, tanto dentro como fuera de las instalaciones oficiales.

Otro punto relevante es la obligatoriedad de utilizar las cuentas institucionales para todas las comunicaciones vinculadas con las funciones laborales. La política también contempla compromisos de confidencialidad y no divulgación cuando las autoridades consideren que corresponde exigirlos.

Cifrado de información, dispositivos y controles sobre proveedores

La resolución incorpora una serie de medidas técnicas y administrativas para reducir los riesgos de filtraciones, accesos indebidos y pérdida de información.

Entre ellas, establece el uso de herramientas criptográficas para proteger los datos almacenados y transmitidos. En particular, exige el cifrado de toda la información considerada crítica, especialmente cuando sea enviada fuera del organismo o se encuentre en dispositivos de almacenamiento que deban trasladarse fuera de sus instalaciones.

También contempla controles sobre los equipos, programas informáticos y dispositivos de comunicación. El ministerio deberá mantener inventarios actualizados de sus activos tecnológicos y garantizar que, cuando un agente se desvincule, devuelva los elementos y recursos de información que tenga bajo su responsabilidad.

Qué pasará ante un incidente informático

Otro de los capítulos establece procedimientos para prevenir, detectar, gestionar, resolver y reportar incidentes que puedan comprometer los sistemas o la información del ministerio.

Los empleados que detecten un hecho que pudiera constituir una amenaza deberán comunicarlo a la Dirección de Seguridad de la Información. El organismo, por su parte, tendrá que identificar las vulnerabilidades, adoptar medidas correctivas y minimizar los riesgos en el menor tiempo posible.

Un aspecto particular es que, si un incidente afecta información o datos personales de terceros, el ministerio deberá informar públicamente lo ocurrido, de acuerdo con la normativa vigente.

También se prevén mecanismos para garantizar la continuidad de las actividades ante eventuales interrupciones, con análisis de impacto y determinación de los tiempos de recuperación necesarios para los procesos considerados críticos.

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