Este sábado se cumplirán diez años de una negociación clave entre el gobierno de Mauricio Macri y los principales movimientos sociales del país.
En medio de la tensión económica, los reclamos por la emergencia social y la amenaza de nuevas protestas en las calles, la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, acordó una serie de mejoras en los programas de asistencia y un bono de fin de año para los trabajadores de cooperativas.
El objetivo era llegar a diciembre con menos conflictividad y sostener una mesa de diálogo con las organizaciones.
Aquel entendimiento dejó una postal política que contrasta con la estrategia que lleva adelante Javier Milei frente a los movimientos sociales. Mientras Macri eligió construir canales de negociación con sus principales referentes, incluso en momentos de fuertes diferencias, el actual gobierno libertario optó por cortar los vínculos institucionales con esas organizaciones y confrontar con buena parte de su dirigencia.

El encuentro entre Stanley y los representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se produjo en un contexto económico y social complejo. Macri transitaba su primer año de gestión, marcado por los aumentos de tarifas y la pérdida de puestos de trabajo.
La preocupación por el cierre del año no era menor. Las organizaciones sociales venían reclamando respuestas concretas y habían protagonizado, junto con la CGT, una masiva movilización frente al Congreso el 18 de noviembre. El reclamo central era la aprobación de la Ley de Emergencia Social, que ya contaba con media sanción del Senado y cuya discusión en Diputados estaba trabada por las diferencias con Cambiemos.
En ese escenario, el gobierno buscó descomprimir la situación antes de las fiestas. La reunión del 21 de noviembre permitió alcanzar un principio de acuerdo sobre una serie de medidas económicas destinadas a los beneficiarios de programas sociales y a los trabajadores de la economía popular.
"El gobierno quiere pasar un diciembre sin conflictos y eso depende de la plata que baje a los barrios", resumió entonces Gildo Onorato, dirigente de la CTEP y del Movimiento Evita, al describir la lógica de la negociación.
El entendimiento contempló un pago extraordinario de 1.000 pesos por grupo familiar beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), al que se sumaría un adicional de 250 pesos por cada hijo. También se anunció un bono de fin de año de 2.030 pesos para los trabajadores de cooperativas.
Otro de los compromisos fue avanzar con el aumento del 40% para los cooperativistas que se había acordado previamente. Según explicó Onorato, los ingresos de esos trabajadores habían comenzado el año en torno a los 2.300 pesos y cerrarían cerca de los 4.000.
Las organizaciones consideraron que las medidas representaban un avance, aunque cuestionaron que los montos estuvieran por debajo de sus demandas. Su propuesta inicial contemplaba un adicional de 1.000 pesos por cada hijo, en lugar de los 250 pesos finalmente acordados.
"Creemos que es un avance en el sentido de un paliativo para terminar el año, pero no es definitivo. Hace falta mucho más todavía", sostuvo Onorato.
La propia Stanley presentó el encuentro como parte de una dinámica de trabajo que el Ministerio de Desarrollo Social venía sosteniendo con las organizaciones. "Fue un segundo encuentro de diálogo con muchos puntos de consenso y de trabajo conjunto, como vinimos haciendo durante todo el año", señaló la funcionaria.
Además, justificó la prioridad de las medidas por la situación social. Con un índice de pobreza del 32%, afirmó, resultaba necesario acompañar a las familias más vulnerables, especialmente porque una parte importante de los trabajadores se desempeñaba en la informalidad.
El acuerdo económico no resolvió todas las diferencias. Los dirigentes sociales insistieron en que las medidas anunciadas debían formar parte de una respuesta más amplia y reclamaron que el oficialismo destrabara el tratamiento de la Ley de Emergencia Social.
La iniciativa contemplaba herramientas para atender la situación de los trabajadores informales, entre ellas la creación de un salario social complementario. Cambiemos cuestionaba el costo fiscal de la propuesta y había advertido que no estaban disponibles los recursos necesarios para financiarla.
"Estamos dispuestos a discutir algunos cambios, pero lo acepten o no la ley tiene que salir", planteó Onorato durante aquella negociación.
Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, también expresó el malestar de las organizaciones por las declaraciones de funcionarios y del propio Macri que, según denunció, habían buscado ridiculizar el proyecto. Aunque valoró la apertura de la mesa de diálogo, consideró que las respuestas llegaban tarde.
La discusión continuó durante los días siguientes. El 24 de noviembre, el oficialismo y las organizaciones sociales avanzaron en un acta acuerdo en el Congreso para impulsar una versión consensuada de la Ley de Emergencia Social. La negociación incluyó la búsqueda de compromisos presupuestarios y políticos para evitar que la iniciativa terminara bloqueada o fuera vetada.