El 21 de noviembre de 2006, la aprobación de un crédito de 170 millones de dólares del Banco Mundial para financiar la construcción de la planta de Botnia en Fray Bentos profundizó la disputa entre la Argentina y Uruguay.
Un día después, Néstor Kirchner salió públicamente a cuestionar la postura de Tabaré Vázquez, a quien calificó de "intransigente", aunque también les pidió a los vecinos de Gualeguaychú que levantaran los cortes de ruta. La pelea por las papeleras ya había dejado de ser una controversia ambiental para convertirse en una de las mayores crisis diplomáticas de la relación bilateral.
La escena política de aquellos días tenía varios protagonistas: un gobierno argentino decidido a llevar el reclamo hasta los tribunales internacionales, una administración uruguaya que defendía la instalación de las plantas de celulosa, una asamblea ambientalista que endurecía sus medidas de protesta y una discusión regional que comenzaba a involucrar a organismos internacionales y otros gobiernos.
A dos décadas de aquellos acontecimientos, el conflicto por las pasteras sigue siendo un episodio significativo para entender la relación entre la Argentina y Uruguay durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez.
El 21 de noviembre de 2006, el directorio del Banco Mundial aprobó un financiamiento de 170 millones de dólares para la empresa finlandesa Botnia, que avanzaba con la construcción de una planta de celulosa sobre la costa uruguaya del río Uruguay, frente a la provincia de Entre Ríos.
La decisión llegó después de que el organismo difundiera un informe ambiental que descartaba la posibilidad de daños significativos sobre el río. La votación terminó con 23 votos a favor y uno en contra, el del representante argentino Félix Camarassa, quien también representaba los intereses de Uruguay, Paraguay y Perú.
Para el gobierno de Kirchner, el aval financiero representaba un duro revés diplomático. La Argentina venía cuestionando el emprendimiento por sus posibles consecuencias ambientales y sostenía que la instalación de la planta podía afectar la calidad del agua y perjudicar a las poblaciones de ambas márgenes del río.
La secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, había viajado especialmente a Washington para intentar frenar el financiamiento. Sin embargo, las gestiones argentinas no consiguieron modificar la posición del organismo internacional.
El resultado también complicó los primeros intentos de acercamiento impulsados por el enviado del rey Juan Carlos de España, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, quien había comenzado a facilitar el diálogo entre los dos gobiernos.
La respuesta presidencial llegó al día siguiente. En un discurso público, Néstor Kirchner cuestionó la cobertura periodística sobre la decisión del Banco Mundial y defendió la estrategia diplomática argentina.
Pero uno de los aspectos más destacados de su intervención fue el señalamiento directo al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, a quien calificó de "intransigente". Hasta ese momento, Kirchner había intentado mantener la discusión centrada en la empresa y sus intereses, evitando que la disputa se transformara en un enfrentamiento personal con el mandatario del país vecino.
"¿Qué estrategia equivocada si fuimos y le rogamos al intransigente presidente uruguayo que por favor discutamos de qué forma podíamos correr de allí a Botnia para que no contamine?", sostuvo.
El presidente también trazó una comparación con la empresa española Ence, que había aceptado una propuesta de relocalización de su proyecto, a diferencia de Botnia.
Kirchner buscó instalar otra interpretación del resultado del Banco Mundial. "Los titulares de los diarios debieron haber dicho: 'Ganaron los intereses de Botnia'. Esta es la realidad, volvieron a ganar los intereses de los países centrales", afirmó.
En esa línea, planteó que la Argentina no estaba enfrentándose exclusivamente con Uruguay, sino con intereses económicos internacionales. Una lectura que también compartió el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien sostuvo que la discusión era contra el "pensamiento" del G-7, integrado por las principales potencias económicas occidentales.
La intervención presidencial tuvo otro componente central: el reclamo a los ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú para que abandonaran los bloqueos de los pasos fronterizos.
La Asamblea Ciudadana Ambiental había retomado el corte de la Ruta Nacional 136, en el paraje Arroyo Verde, el 20 de noviembre de 2006, en rechazo a la construcción de Botnia. La medida impedía el tránsito hacia el Puente Internacional General San Martín, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos.
Kirchner respaldaba el reclamo ambiental, pero consideraba que los bloqueos podían perjudicar la posición argentina ante los organismos internacionales, especialmente en el proceso iniciado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
"Yo les pido por favor que levanten los cortes, que no le sirven a la estrategia argentina, pero no voy a reprimir", expresó el mandatario.
El bloqueo iniciado en noviembre de 2006 se prolongaría, con interrupciones y distintas modalidades, durante más de tres años. Su levantamiento definitivo llegaría en junio de 2010, después de una larga disputa política, social y diplomática.
Desde Montevideo rechazaron rápidamente la caracterización de Kirchner. El canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, defendió la conducta de Tabaré Vázquez y aseguró que su gobierno siempre había buscado una salida negociada.
"Mal puede catalogarse de intransigente" al presidente uruguayo, sostuvo, al enumerar las propuestas de negociación y monitoreo conjunto que, según afirmó, había presentado Uruguay.
Vázquez, por su parte, evitó responder directamente a su par argentino y aseguró que mantendría "prudencia y firmeza para defender los intereses" de su país.
La controversia también generó cuestionamientos y posicionamientos en la política argentina.
La entonces líder del ARI, Elisa Carrió, consideró que había faltado razonabilidad de ambos lados y advirtió que los cortes de rutas internacionales no podían desconocer el derecho a la circulación.
Roberto Lavagna, exministro de Economía y ya alejado del gobierno kirchnerista, fue todavía más duro: "El fracaso de Argentina en este tema es total, porque el Gobierno cometió todos los errores que podía cometer y algunos más".
En cambio, el gobernador bonaerense Felipe Solá respaldó la posición presidencial y destacó que Kirchner había defendido los intereses ambientales frente al poder económico de las multinacionales.
El gobernador entrerriano Jorge Busti también expresó su desacuerdo con los bloqueos, aunque pidió comprender la reacción de los vecinos y rechazó cualquier posibilidad de represión.
El enfrentamiento por las pasteras se convirtió en uno de los episodios más delicados de la relación bilateral entre Argentina y Uruguay. Lo que comenzó como una controversia por la instalación de dos plantas de celulosa terminó involucrando a presidentes, cancillerías, organismos financieros internacionales, tribunales y movimientos sociales.
La Argentina llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, cuestionando que Uruguay hubiera autorizado la construcción de las plantas sin cumplir adecuadamente con los mecanismos de información y consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay.
El fallo definitivo llegó el 20 de abril de 2010. La Corte determinó que Uruguay había incumplido obligaciones procesales de información y cooperación, pero consideró que no se había demostrado una violación de sus obligaciones ambientales de fondo. Por ese motivo, rechazó el pedido argentino de desmantelar la planta de Botnia, que posteriormente pasó a operar bajo la denominación UPM.