Cuatro disparos terminaron con la vida de uno de los empresarios más poderosos de Francia. La noche del 17 de noviembre de 1986, Georges Besse, presidente de Renault, caminaba hacia su casa en París cuando dos mujeres armadas lo interceptaron y abrieron fuego. Tenía 58 años y llevaba menos de dos al frente de la automotriz estatal. Su asesinato, reivindicado por la organización extremista Acción Directa, conmocionó a un país atravesado por el terrorismo y los conflictos laborales.
El empresario había sido elegido para una misión especialmente difícil: rescatar a Renault de una crisis financiera que amenazaba su futuro. Su gestión implicaba cerrar actividades deficitarias, reducir gastos y eliminar miles de puestos de trabajo. Sin embargo, detrás del presidente de la automotriz existía otra trayectoria menos conocida: Besse había sido una figura central en el desarrollo de la industria nuclear francesa, antes de dirigir grandes compañías industriales.

Alrededor de las ocho de la noche, su chofer lo dejó a unos 50 metros de su domicilio, ubicado en el bulevar Edgar Quinet. Besse había rechazado contar con protección policial y recorrió solo los últimos pasos. Dos mujeres se aproximaron y efectuaron cuatro disparos con armas de nueve milímetros. Los proyectiles lo alcanzaron en la cabeza y el pecho. Murió en el lugar, mientras las atacantes escapaban a pie.
Sus familiares escucharon las detonaciones y salieron a auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde. Las sospechas se concentraron rápidamente en Acción Directa, un grupo armado de extrema izquierda que había perpetrado atentados contra representantes del Estado, militares y empresarios. La organización reivindicó el asesinato y lo presentó como parte de su lucha contra el sistema económico y político francés.

La llegada de Besse a Renault, en 1985, había marcado un cambio drástico. La compañía acumulaba pérdidas millonarias y su nuevo presidente anunció un programa que contemplaba suprimir 21.000 puestos de trabajo hasta finales de 1986, más de una quinta parte de la plantilla. El plan combinaba jubilaciones anticipadas, salidas voluntarias y despidos obligatorios, y provocó una fuerte resistencia sindical.
Besse defendía esas decisiones como necesarias para evitar un deterioro todavía mayor de la empresa. Para Acción Directa, en cambio, representaba las políticas empresariales que el grupo pretendía combatir mediante la violencia. El asesinato evidenció hasta dónde podía llegar el extremismo político, aunque las tensiones laborales no justificaban ni explicaban por sí solas la decisión de cometer un atentado.

Las investigaciones identificaron a Nathalie Ménigon y Joëlle Aubron como las autoras materiales del crimen. Ambas fueron detenidas en febrero de 1987 junto con Jean-Marc Rouillan y Georges Cipriani, también integrantes de Acción Directa. El 14 de enero de 1989, un tribunal especial condenó a los cuatro a prisión perpetua, con un período mínimo de cumplimiento de 18 años. Los dos hombres fueron declarados culpables de complicidad.
Cuarenta años después, el asesinato de Georges Besse sigue siendo uno de los episodios más representativos del terrorismo francés de los años ochenta. Su muerte dejó al descubierto una contradicción que atravesaba al país: el hombre convocado para salvar una de sus mayores empresas estatales terminó asesinado por una organización que decía actuar en nombre de los trabajadores. Aquella noche de noviembre, un conflicto industrial quedó marcado para siempre por la violencia política.