18/11/2026 - Edición Nº1380

Política

Congreso

Diputados debate la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central: las claves de la sesión

18/11/2026 | El oficialismo confía en aprobar en general la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero enfrenta resistencias por uno de sus capítulos.


por Redacción NewsDigitales


La Cámara de Diputados abrirá el recinto este miércoles para debatir un conjunto de proyectos impulsados por el Gobierno de Javier Milei, en una sesión especial que tendrá como ejes centrales la denominada Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El encuentro comenzará a las 12 del mediodía y se prevé una extensa discusión parlamentaria que podría prolongarse hasta las primeras horas de la madrugada.

La convocatoria fue solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas. Además de las dos iniciativas principales, el temario incluye acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, convenios internacionales y modificaciones vinculadas al funcionamiento institucional del Mercosur.

El oficialismo llega al debate con expectativas de conseguir la aprobación en general del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, aunque todavía debe resolver diferencias con bloques aliados sobre algunos artículos. La principal controversia se concentra en el capítulo 7, que reúne disposiciones vinculadas con seguridad nacional, inteligencia y cambios en el sistema electoral.

Ley Malvinas: el capítulo 7 concentra las diferencias

El proyecto, conocido como Ley Malvinas, cuenta con respaldo suficiente para avanzar en su votación general, según el escenario parlamentario que describe el oficialismo. Sin embargo, la discusión artículo por artículo podría modificar sustancialmente el texto original, ya que varios espacios dialoguistas cuestionan uno de sus apartados.

La semana pasada, el oficialismo mantuvo una reunión a puertas cerradas en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados para intentar ordenar el respaldo de sus aliados. Allí, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) manifestaron su disposición a acompañar la iniciativa, incluso si se introducen modificaciones.

En cambio, representantes de Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron cambios más profundos en el capítulo 7 como condición para acompañar el proyecto.

La diferencia no es menor: para aprobar ese apartado se necesita una mayoría especial de 129 votos, una cantidad que el Gobierno todavía no tiene asegurada. Por ese motivo, no se descarta que el oficialismo acepte retirar el capítulo durante la negociación parlamentaria para garantizar el respaldo al núcleo central de la propuesta.

Ese tramo incluye disposiciones que establecen sanciones por financiar campañas electorales con aportes de extranjeros, además de penas para quienes organicen o colaboren con operaciones de inteligencia en favor de un Estado extranjero contra la seguridad nacional argentina. También contempla castigos por revelar secretos de Estado y participar en campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población.

A raíz de los cuestionamientos que recibió el texto, el Ejecutivo aceptó excluir de cualquier persecución penal o económica actividades como la diplomacia, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.

El núcleo de la iniciativa establece un régimen de sanciones penales y económicas para empresas que exploten recursos renovables o no renovables en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. Las penas podrían alcanzar los 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores, con excepciones para determinados accionistas minoritarios y fondos de inversión con participación indirecta.

El alcance del Consejo de Seguridad Nacional

Otro de los puntos que genera controversia es la ampliación de las atribuciones del Poder Ejecutivo ante una eventual amenaza externa. El proyecto crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que tendrá a su cargo coordinar una estrategia unificada en materia de seguridad, defensa e inteligencia estratégica.

El órgano será presidido por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. A pedido de los bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar su composición e incorporar como miembros no permanentes al presidente de Diputados, al presidente provisional del Senado y a gobernadores.

Entre sus facultades figura la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de disponer medidas urgentes frente a una amenaza externa grave. Entre las herramientas previstas aparecen restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones, limitaciones a importaciones y exportaciones y aumentos temporales de derechos aduaneros.

También permanecen en el proyecto disposiciones sobre protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, además de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en “operaciones no convencionales”.

Estos puntos son cuestionados por sectores de la oposición, que advierten sobre una posible superposición entre las funciones de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Desde el peronismo y la izquierda consideran que la iniciativa habilita una concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo y cuestionan la amplitud de conceptos como “amenaza externa” y terrorismo.

El texto también otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inclusión de organizaciones cuando existan “motivos razonables para sospechar”. Para los sectores críticos, la falta de definiciones más precisas podría abrir la puerta a decisiones discrecionales y afectar libertades civiles y políticas.

Como parte de los cambios negociados, a pedido del diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso. Ese organismo deberá auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo tendrá que informar a la bicameral las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.

Reforma del Banco Central: el Gobierno busca consolidar la emisión cero

El segundo gran eje de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa busca establecer como principio rector la preservación del valor de la moneda y limitar las herramientas de financiamiento del Estado por parte de la autoridad monetaria.

El proyecto había obtenido media sanción en Diputados con un mecanismo que exigía el voto de dos tercios de ambas cámaras para remover a los integrantes del directorio del Banco Central. La intención del oficialismo era establecer una protección institucional que dificultara que una futura administración pudiera modificar la conducción de la entidad y retomar políticas de emisión monetaria.

Sin embargo, el Senado introdujo cambios y reemplazó ese requisito por una mayoría absoluta del pleno de la Cámara alta para remover a los directores. Tras intentar recuperar la redacción original, el oficialismo terminó aceptando las modificaciones realizadas por los senadores.

De esa manera, Diputados deberá tratar el texto con los cambios incorporados por la Cámara alta, que también le quitan participación en la designación y remoción de los funcionarios del directorio.

La reforma apunta a reemplazar el esquema de objetivos múltiples que contemplaba la ley 26.739, sancionada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por un mandato único centrado en la estabilidad monetaria. En ese marco, establece la prohibición del financiamiento al Tesoro y busca impedir que el Banco Central vuelva a utilizar la emisión como herramienta para cubrir necesidades fiscales.

Entre las restricciones previstas se encuentran la eliminación de los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y la compra de títulos públicos en el mercado primario. También se propone limitar las funciones de orientación del crédito hacia determinados sectores productivos.

El argumento del Gobierno es que el saneamiento actual del balance del Banco Central no alcanza si una futura administración puede modificar las reglas y volver a utilizar la emisión monetaria. En esa línea, el proyecto sostiene que la inflación es un fenómeno monetario y que la misión principal de la entidad debe ser preservar el valor de la moneda.

Un temario que incluye acuerdos judiciales y comerciales

Además de la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central, los diputados deberán abordar otros asuntos incluidos en la convocatoria. Entre ellos figuran los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, tanto en materia de delitos de menores como de delitos contra la integridad sexual.

También se tratará el Convenio de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, junto con una enmienda al Protocolo de Montevideo.

Con un temario amplio y negociaciones todavía abiertas, el oficialismo buscará aprovechar la sesión para avanzar con dos de las reformas institucionales y económicas centrales de su agenda. La votación en general de la Ley Malvinas aparece como uno de los objetivos inmediatos, aunque el futuro del capítulo 7 y las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central anticipan una jornada de fuertes discusiones entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.

ND

Relacionadas
Más Noticias