19/11/2026 - Edición Nº1381

Política

CLAVES JURÍDICAS

ATE ganó un juicio laboral defendiendo la contratación precaria que combate en el Estado

18/11/2026 | Para absolver al gremio, el juez aplicó fallos de la Corte Suprema pensados para médicos cirujanos de élite.

En la calle y en las mesas paritarias, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) levanta como bandera irrenunciable el pase a planta permanente y el fin del fraude laboral que esconde el monotributo. Sin embargo, cuando le tocó contratar desempolvó el manual de defensa de cualquier empresa privada y logró una victoria judicial tan contundente como incómoda para su propio discurso histórico.

Así lo resolvió el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 35, a cargo del juez Alberto Alejandro Calandrino, en los autos Churquina Romina Andrea c/ Asociación Trabajadores del Estado s/ Despido. La sentencia desestimó el reclamo indemnizatorio de una docente que dictó talleres culturales para el gremio durante más de dos años bajo la modalidad de facturación autónoma.

El caso: clases de quichua y facturas mensuales

El conflicto nació en el centro cultural "Casa El Mate", ubicada en Santiago del Estero 640 CABA dependiente de la Secretaría de Cultura y Acción Social de ATE Capital. Según surge del expediente, Romina Andrea Churquina comenzó a trabajar en abril de 2018 como profesora de iniciación a la lengua quichua. Su rutina era acotada pero constante: todos los lunes, de 18 a 20 horas, por una suma inicial de 6.000 pesos mensuales.

La docente denunció que el vínculo nunca fue registrado y que, a partir de abril de 2019, el sindicato le impuso inscribirse como monotributista para facturar sus haberes como si fueran honorarios profesionales. Tras intimar sin éxito a la registración laboral en junio de 2020, se consideró despedida en octubre de ese mismo año y llevó al gremio a tribunales.

La defensa del sindicato: "Fue un contrato comercial"

Lejos de buscar una salida conciliatoria que evitara el costo político, ATE contestó la demanda con una postura estrictamente civilista. El gremio negó de plano la existencia de una relación de dependencia y sostuvo que la profesora estaba vinculada mediante una locación de servicios profesionales regulada por el artículo 1251 del Código Civil y Comercial.

En su presentación, la entidad sindical argumentó que la mujer prestaba un servicio autónomo de apenas dos horas semanales, que emitía facturas por ello y que fue ella quien rompió de manera intempestiva e injustificada un acuerdo comercial pactado libremente entre partes. En resumen, el mismo argumento que los dirigentes sindicales suelen calificar como "precarización encubierta" cuando proviene de los ministerios nacionales.

El polémico salvavidas de la Corte Suprema

El punto más filoso del fallo no es solo la victoria del sindicato, sino el andamiaje jurídico que utilizó el juez Calandrino para darle la razón. El magistrado rechazó la demanda apoyándose en dos célebres precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Cairone c/ Hospital Italiano (2015) y Rica c/ Hospital Alemán (2018). En aquellas sentencias, el máximo tribunal estableció que la presunción de contrato de trabajo de la Ley de Contrato de Trabajo admite prueba en contrario y que facturar honorarios no convierte automáticamente a un profesional en empleado.

Sin embargo, el traslado de esa doctrina al caso de ATE abre un fuerte debate técnico. Tanto Rica como Cairone involucraban a médicos especialistas —neurocirujanos y anestesiólogos— que integraban asociaciones profesionales intermedias, fijaban el valor de sus propias prácticas, cobraban solo si operaban y asumían el riesgo económico si las obras sociales no pagaban. Equiparar ese esquema empresarial de alta complejidad con una profesora de taller que percibía una suma fija mensual de 6.000 pesos representa una analogía jurídica, cuanto menos, audaz.

"No puedo ignorar a la Corte"

Consciente de lo vidrioso del terreno, el juez dedicó buena parte de la sentencia a blindar su decisión desde la teoría general del derecho. Citando extensamente al jurista italiano Michele Taruffo y al constitucionalista Alberto Garay, el magistrado explicó que un tribunal de primera instancia no puede apartarse de la doctrina de la Corte Suprema sin poner en riesgo la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.

"Al margen de cualquier tipo de opinión y/o consideración personal, lo cierto es que no existe en autos ningún elemento de juicio que permita apartarse de los precedentes dictados por nuestro más alto tribunal", sentenció Calandrino, dejando entrever que su decisión respondía a una obediencia institucional antes que a una convicción propia.

Un fallo que deja tela para cortar

Para cerrar la historia con un guiño procesal, el juez impuso las costas del juicio "en el orden causado", lo que significa que cada parte deberá pagar sus propios abogados. En la jerga tribunales, esa decisión suele ser un reconocimiento tácito de que la trabajadora tuvo motivos razonables para litigar y creerse con derecho a reclamar.

El expediente deja abiertas dos discusiones de alto voltaje. Por un lado, el doble estándar de las organizaciones sindicales cuando pasan del rol de defensores de derechos al de administradores de recursos. Por otro, la creciente tendencia de los tribunales laborales a utilizar los fallos médicos de la Corte Suprema como una llave maestra para validar el monotributo en actividades culturales, educativas y de baja carga horaria.