18/11/2026 - Edición Nº1380

Política

CONTRADICCIÓN LIBERTARIA

Lumilagro, Milei y Capital Humano: el expediente que muestra la otra cara del relato

18/11/2026 | Capital Humano homologó un acuerdo de crisis que alivió temporalmente las cargas laborales de la empresa.

Javier Milei habló de Lumilagro como un ejemplo de la bondad de su modelo económico. La histórica fabricante de termos fue presentada como una demostración de que las empresas podían adaptarse a la apertura comercial, pero detrás de aquella historia que el oficialismo difundió como una victoria del mercado apareció una realidad bastante más compleja. La disposición 854/2026 del Ministerio de Capital Humano publicada hoy en el Boletín Oficial homologó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que la compañía había firmado el 17 de marzo pasado con los sindicatos del sector del vidrio. El entendimiento contempló un esquema salarial excepcional durante tres meses y un alivio temporal en las cargas laborales, con el objetivo de sostener la actividad y evitar nuevos despidos.

El dato tiene una dimensión política que excede la situación particular de la empresa: el mismo Gobierno que utiliza el caso Lumilagro para cuestionar la intervención estatal terminó homologando un mecanismo que permitió reducir los costos laborales de la firma en medio de sus dificultades económicas.

Del ejemplo libertario al acuerdo de emergencia

La historia de Lumilagro había adquirido relevancia política por su utilización en el debate sobre la apertura de importaciones. La empresa dejó de fabricar ampollas de vidrio en el país y comenzó a importarlas desde China, una decisión que el presidente y sus seguidores presentaron como una muestra de adaptación a las nuevas condiciones de competencia.

La cuenta oficial de la compañía también intervino en las discusiones públicas para defender su estrategia productiva, en medio de los cuestionamientos por la reducción de personal en su planta de Tortuguitas. Pero el expediente administrativo mostró otro costado. La empresa declaró atravesar una situación de "suma gravedad" y recurrió a un Procedimiento Preventivo de Crisis para negociar condiciones excepcionales con las organizaciones sindicales SOIVA y SEIVARA.

El acuerdo estableció que, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, el 70% de los salarios se liquidara como suma no remunerativa y el 30% restante conservara carácter remunerativo, con un piso vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La intervención estatal que no aparecía en el relato

El entendimiento permitió reducir temporalmente parte de los costos laborales de la compañía mediante el tratamiento de una porción de los salarios como no remunerativa. La homologación ministerial le otorgó respaldo institucional a una salida negociada entre la empresa y los sindicatos. En ete caso se trata de una intervención estatal que tiene consecuencias económicas concretas.

El discurso oficial suele presentar al Estado como un obstáculo para la actividad privada y alentar el acuerdo entre privados, no obstante, en este caso su intervención resultó parte de la solución para evitar un deterioro mayor de la situación laboral. A cambio, Lumilagro asumió el compromiso de no realizar despidos sin causa ni suspensiones por razones económicas durante los 90 días de vigencia del convenio.

El acuerdo también contempló garantías para los trabajadores: que no se redujera el salario neto de bolsillo, que las sumas no remunerativas fueran consideradas para el aguinaldo, las vacaciones y las indemnizaciones, y que quedara excluido el personal al que le faltaran dos años o menos para jubilarse.

La contradicción política detrás del caso

La situación de Lumilagro deja una pregunta incómoda para el discurso libertario. Si la empresa fue presentada como prueba de que la apertura comercial y la competencia podían resolver por sí mismas los problemas productivos, ¿por qué necesitó recurrir a un procedimiento de crisis y a un acuerdo homologado por el Estado para sostener el empleo?

La respuesta no está en una supuesta contradicción entre importar y producir, sino en la distancia entre el relato político y las dificultades concretas que atraviesan las empresas. La adaptación al mercado no eliminó la necesidad de negociar con los sindicatos ni de recurrir a herramientas institucionales para evitar nuevos despidos.

El caso tampoco demuestra que Lumilagro haya recibido un subsidio directo del Estado. Lo que acredita la documentación es que el Gobierno intervino para homologar un acuerdo excepcional que alivió temporalmente los costos laborales de la compañía.

Así, el ejemplo que Milei había utilizado para defender el funcionamiento del mercado terminó mostrando que, incluso en el universo empresario que el oficialismo reivindica, el Estado sigue teniendo un papel en la administración de las crisis. Y esa es, precisamente, la contradicción política que deja al descubierto el expediente.