19/11/2026 - Edición Nº1381

Política

Agenda legislativa

Discapacidad: el Senado vota una ley clave antes de que venza la emergencia

19/11/2026 | El temario también incluye la Ley de Tierras, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín.


por Redacción NewsDigitales


El Senado de la Nación realizará este jueves una sesión en la que buscará convertir en ley el proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad, uno de los temas centrales de la agenda parlamentaria. La iniciativa cuenta con el respaldo de los distintos bloques políticos y apunta a darle continuidad a las prestaciones y beneficios contemplados en la emergencia vigente, que vence a fines de diciembre.

La sesión fue convocada para las 11 y tendrá un temario amplio, que incluye además el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla restablecer los límites establecidos por la Ley de Tierras, y la denominada Ley Joaquín, vinculada con las condiciones de seguridad de los elementos deportivos y recreativos instalados en espacios públicos y privados.

La agenda fue analizada este miércoles por la tarde durante una reunión de Labor Parlamentaria, realizada en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Allí se abordaron los principales proyectos que llegarán al recinto y se organizó el tratamiento de las iniciativas incluidas en la convocatoria.

Discapacidad: el eje central de la sesión

El proyecto que concentra la atención de la Cámara alta se denomina “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. La propuesta reproduce prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero introduce un cambio central: elimina el carácter de emergencia y transitoriedad para convertir esas disposiciones en un régimen permanente y de orden público.

De esta manera, la iniciativa busca garantizar la continuidad de las prestaciones más allá de los plazos establecidos por la normativa actual y evitar que los derechos contemplados dependan de la renovación periódica de una declaración de emergencia.

Entre sus principales disposiciones, establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el desarrollo de una actividad laboral formal o la inscripción en el monotributo. Para acceder a esa posibilidad, los ingresos no deberán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La pensión equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y el beneficio alcanza a las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Otro de los puntos relevantes es la continuidad del nomenclador único de prestaciones, junto con la actualización automática y periódica de los aranceles. El mecanismo estará vinculado al índice de movilidad jubilatoria, relacionado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El texto también garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad. En materia presupuestaria, establece que la asignación destinada al área de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

La propuesta incorpora, además, un sistema de auditorías periódicas que contempla el intercambio de información entre distintos organismos públicos. El mecanismo involucra a la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El procedimiento deberá respetar el principio del debido proceso inclusivo.

Durante el tratamiento legislativo también se incorporó, a pedido de los bloques aliados, una cláusula transitoria para establecer un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. A su vez, fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

Ley de Tierras: los límites a la compra por extranjeros

Otro de los proyectos incluidos en el temario es la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo aprobación en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El texto propone derogar el artículo 154 del DNU 70/23, que había dejado sin efecto la normativa conocida como Ley de Tierras. Con esa modificación, se restablecerían los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas extranjeras.

Entre las restricciones previstas se encuentra un máximo del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental. También se mantiene el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, además de las limitaciones vinculadas con espejos de agua y áreas de frontera.

La iniciativa incluye otros cambios relacionados con el régimen de expropiaciones y establece un procedimiento exprés para los desalojos cuando se trate de viviendas o campos que hayan sido intrusados.

El Tratado de Patentes y la industria farmacéutica

El temario también contempla la sanción definitiva del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un acuerdo internacional que tiene antecedentes legislativos en la Argentina desde hace varias décadas.

El país firmó el tratado en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante su tratamiento en Diputados obligaron a que el expediente regresara a la Cámara alta para completar su recorrido parlamentario y avanzar hacia su eventual entrada en vigor.

Uno de los aspectos centrales del texto es la incorporación de una reserva al capítulo II, con el objetivo de proteger a la industria farmacéutica nacional. Esa modificación responde a los planteos realizados por las cámaras empresarias del sector, que habían manifestado preocupación por los posibles efectos del acuerdo sobre la producción local.

Ley Joaquín: seguridad en instalaciones deportivas y recreativas

Finalmente, los senadores tratarán la denominada Ley Joaquín, que establece obligaciones para las instituciones públicas y privadas que dispongan de equipamiento deportivo o recreativo, así como para quienes tengan esos elementos instalados en espacios públicos.

La propuesta apunta a reforzar las condiciones de seguridad y mantenimiento de las instalaciones. Para ello, establece la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar de manera estricta distintos elementos utilizados en actividades deportivas y recreativas.

La lista incluye arcos de fútbol, hockey, handball y rugby; aros de básquet; postes de redes de vóley y juegos ubicados en plazas y otros espacios de uso público o privado.

Con una agenda que combina políticas sociales, propiedad privada, industria y seguridad, el Senado tendrá este jueves una sesión con varios proyectos de relevancia. Sin embargo, la definición sobre el régimen permanente de discapacidad será el punto de mayor atención, por el alcance de las prestaciones involucradas y la necesidad de garantizar su continuidad una vez que finalice la emergencia vigente.

ND