19/11/2026 - Edición Nº1381

Política

Boletín Oficial

Luz verde, luz roja y menores de 14 años: qué pasará ahora con los antecedentes penales

19/11/2026 | Uno de los objetivos es reducir los tiempos de respuesta, evitar errores de identificación y eliminar progresivamente el uso del papel.

El gobierno nacional aprobó un plan para modernizar el funcionamiento del Registro Nacional de Reincidencia (RNR), el organismo encargado de centralizar la información sobre antecedentes penales y resoluciones judiciales de todo el país.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 563/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La iniciativa, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, establece un proceso de digitalización, interoperabilidad y reorganización institucional que busca modificar la manera en que los juzgados, las fuerzas de seguridad y los organismos públicos intercambian información con el Registro.

Uno de los objetivos centrales es reducir los tiempos de respuesta, evitar errores de identificación y eliminar progresivamente las comunicaciones en papel y por correo electrónico. También se prevé simplificar los trámites para los ciudadanos y ampliar los servicios disponibles para los organismos estatales.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia

Adiós al papel: cómo cambiará el intercambio de información judicial

El primer eje del programa apunta a unificar los canales mediante los cuales los tribunales y las dependencias penitenciarias envían información al Registro Nacional de Reincidencia.

Actualmente, el organismo recibe comunicaciones a través de distintos sistemas, según la jurisdicción. La Justicia Nacional y Federal utiliza el Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos Externos (DEOX), mientras que la provincia de Buenos Aires cuenta con una interfaz propia vinculada a la Suprema Corte bonaerense.

En otras jurisdicciones todavía existen modalidades diferentes, como el correo electrónico y, en algunos casos, la documentación en soporte papel.

El diagnóstico oficial sostiene que esa dispersión provoca demoras, duplicación de controles e inconsistencias en los datos que recibe el organismo.

Para resolverlo, el plan establece una arquitectura de integración tecnológica con canales específicos:

  • Justicia Nacional y Federal: conexión mediante el sistema DEOX.
  • Provincia de Buenos Aires: integración a través de la plataforma de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
  • Provincias del interior y fuerzas de seguridad: migración e integración mediante ALEPH, ALEPH Web y el Sistema Integral Unificado de Reincidencia (SIU).

El objetivo es eliminar el 100% del papel restante en las comunicaciones judiciales y penitenciarias. Las notificaciones de condenas, resoluciones, libertades y sobreseimientos deberán tramitarse mediante firma digital y canales electrónicos validados.

El correo electrónico quedará progresivamente restringido a situaciones de contingencia, principalmente en zonas con problemas importantes de conectividad.

Otra modificación será la incorporación de controles automáticos para verificar la información antes de que ingrese al sistema. Las comunicaciones que tengan datos incompletos o inconsistentes podrán ser observadas o rechazadas desde el origen hasta que sean corregidas.

Un sistema de consulta rápida para organismos públicos

El segundo eje busca transformar al Registro Nacional de Reincidencia en una autoridad especializada en la gestión de datos penales y la interoperabilidad con otras dependencias estatales.

Para eso, se desarrollará un servicio web denominado Consulta de Indicadores Registrales (CIR), que permitirá a los organismos habilitados verificar de manera automática si una persona tiene un legajo en el Registro.

El sistema tendrá dos respuestas posibles:

  • Verde: la persona consultada no registra legajos computables en la base del organismo.
  • Rojo: la persona posee un legajo registral en el Registro Nacional de Reincidencia.

La herramienta estará destinada, entre otros, a organismos de la Administración Pública nacional y provincial, poderes judiciales, ministerios públicos, autoridades electorales y fuerzas de seguridad.

El objetivo es evitar que cada consulta preliminar requiera la tramitación de un informe completo de antecedentes penales.

Sin embargo, la resolución establece una aclaración importante: una respuesta roja no reemplazará al Informe de Antecedentes Penales (IAP). Si el organismo necesita conocer en profundidad la situación registral, deberá solicitar el documento completo mediante los canales legalmente habilitados.

Certificado de antecedentes penales gratuito: qué establece el plan

Entre las medidas que tendrán impacto directo sobre los ciudadanos aparece la incorporación de un beneficio de emisión gratuita de un Certificado de Antecedentes Penales (CAP) por año calendario.

La iniciativa contempla una actualización del régimen arancelario para garantizar que cada persona pueda obtener un certificado sin costo una vez al año.

Además, se buscará simplificar los trámites para los argentinos que necesitan presentar sus antecedentes penales en el exterior.

Para eso, se consolidará la integración entre el Registro, la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo es que la solicitud del certificado y su apostillado o legalización puedan realizarse mediante una única gestión digital.

Las Unidades de Expedición y Recepción (UER), tanto en las provincias como en los consulados argentinos en el exterior, continuarán funcionando para los trámites que requieran toma de huellas dactilares o validación presencial.

Certificados para empresas y antecedentes penales desde los 14 años

Otro de los cambios previstos es la creación de un mecanismo para emitir certificados de antecedentes penales de personas jurídicas.

El nuevo servicio permitirá acreditar la situación registral de una empresa y también la de las personas que integran sus órganos de administración y representación.

Para implementarlo, el Registro deberá articular con otros organismos estatales y acceder a información oficial y actualizada sobre las personas jurídicas.

El plan también contempla una adecuación de los sistemas informáticos para incorporar el Registro de Antecedentes Penales de menores a partir de los 14 años, en cumplimiento del nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por la Ley 27.801.

La resolución establece que se deberán crear perfiles de acceso restringido y protocolos especiales de custodia digital para garantizar la confidencialidad de las actuaciones que involucren a menores de edad.

En ese marco, el Ministerio de Justicia encomendó a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia que presente, en un plazo de 30 días corridos, un cronograma de implementación ante la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana, que será la autoridad de aplicación.

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