En Argentina, una parte significativa del mercado de teléfonos celulares funciona por fuera de los canales legales de comercialización. Según cifras presentadas por representantes de la industria electrónica, cuatro de cada diez dispositivos vendidos en el país no fueron fabricados localmente ni importados de manera legal, una situación que encendió las alarmas entre fabricantes, comerciantes y legisladores.
Detrás de estas operaciones existe una estructura que comprende el ingreso de mercadería, su almacenamiento, distribución y posterior venta al público. Se trata de un circuito paralelo que moviliza millones de dispositivos y plantea interrogantes sobre los controles fronterizos, la competencia comercial y las herramientas disponibles para combatir el contrabando.
La problemática llegó a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, donde representantes de empresas, cámaras empresariales, organizaciones sindicales y legisladores de distintos bloques analizaron el alcance del fenómeno y las posibles alternativas para enfrentarlo.

Uno de los datos más contundentes surgió de la exposición de Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), quien advirtió sobre la magnitud que alcanzó la comercialización irregular de dispositivos móviles.
“Hoy, 4 de cada 10 celulares que se venden en el país no se fabricaron en la Argentina ni se importaron legalmente. El 40% del mercado”, aseguró.
La representante de la industria explicó que se encuentran trabajando con diferentes organismos del Poder Ejecutivo para avanzar en mecanismos que permitan limitar el ingreso y la comercialización de estos equipos.
Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Manuel Sánchez Gómez aportó otra dimensión del fenómeno al describir la estructura comercial que sostiene este mercado.
“Son 4 millones de celulares que tienen un ingreso, una logística, un almacenamiento, una distribución y una venta minorista, todo sin un papelito, o sea, todo en negro”, sostuvo.
Las cifras expuestas ponen de manifiesto que el contrabando no se limita al ingreso irregular de mercadería, sino que involucra una cadena de comercialización con diferentes actores y etapas.
Para los representantes del sector formal, esta situación plantea un escenario de competencia desigual frente a quienes desarrollan su actividad dentro de los mecanismos legales y tributarios.

Durante el encuentro legislativo también se debatieron posibles herramientas para reducir la circulación de dispositivos provenientes del mercado ilegal.
Una de las propuestas fue presentada por Martín Nova, director comercial de Motorola, quien planteó la implementación de un registro nacional de teléfonos habilitados, conocido como lista blanca o lista positiva.
Este sistema permitiría identificar los dispositivos autorizados para utilizar las redes de telefonía móvil a partir de sus identificadores técnicos, con el objetivo de dificultar la utilización de equipos ingresados irregularmente.
“Para aplicar un registro de los celulares a nivel nacional, conocido como lista blanca o lista positiva, contamos con los otros países de la región que pueden ayudarnos a implementarlo muy rápidamente, es solamente tener la decisión de hacerlo. No requiere demasiada complejidad”, explicó Nova.
La propuesta abrió el debate sobre la posibilidad de incorporar mecanismos tecnológicos de control, aunque su eventual aplicación requeriría establecer criterios para la inscripción de equipos, la protección de los usuarios y el tratamiento de los dispositivos adquiridos legítimamente.
Otra alternativa fue planteada por el diputado Paulo Agustín Tita (Unión por la Patria), quien consideró necesario reforzar los controles territoriales.
“Esto se resuelve o controlando las fronteras o controlando el interior, que se hace a través de recursos, recursos que se le asignan a la gendarmería y a los puestos de migraciones”, sostuvo.

El debate tuvo lugar en la Comisión de Comercio de Diputados, presidida por Juan Fernando Brügge (Provincias Unidas), quien destacó la importancia de involucrar a los distintos actores de la actividad para dimensionar las consecuencias del comercio ilegal.
El legislador cordobés planteó la necesidad de transmitir las preocupaciones del sector y promover una mayor articulación entre las empresas y los organismos vinculados con la problemática.
Por su parte, el diputado Pablo Farías (Provincias Unidas) utilizó una comparación para describir la capacidad de expansión del contrabando.
“Es como el agua, encuentra fácilmente los resquicios para poder instalarse y tener presencia, además mueve recursos que son muy importantes y hay mucha plata en juego”, advirtió.
Desde La Libertad Avanza, Santiago Pauli también manifestó su disposición a trabajar en iniciativas legislativas que permitan abordar el fenómeno.
“Creo que podemos ponernos de acuerdo entre representantes de distintos bloques para trabajar en lo que pueda ponerle un freno a todo este contrabando”, aseguró.
Del encuentro participaron además el diputado Rubén Darío Torres (La Libertad Avanza) y Oscar Martínez, secretario general de la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Tierra del Fuego, junto con otros referentes de la telefonía móvil.
La discusión dejó planteado un desafío que excede al sector tecnológico: cómo combatir un circuito comercial que representa, según las estimaciones de la industria, el 40% del mercado nacional, sin perjudicar a los consumidores ni generar nuevas dificultades para quienes operan legalmente.
Mientras las empresas reclaman mayores controles y los legisladores evalúan posibles herramientas regulatorias, el comercio irregular de celulares continúa siendo uno de los temas que enfrenta a la industria formal con un mercado paralelo de dimensiones millonarias.