La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto para entrar en vigencia el próximo 1° de diciembre.
El sindicato sostiene que el mecanismo, creado en el marco de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, reducirá los recursos destinados al sistema previsional y utilizará fondos de la seguridad social para financiar el pago de indemnizaciones por despido.
La presentación judicial fue encabezada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, junto con Noelia Guzmán, presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados de ATE, y otras jubiladas que se sumaron al reclamo. El planteo busca proteger los recursos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de otros subsistemas de la seguridad social, entre ellos el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y el régimen de Asignaciones Familiares.
"Esto no es un Fondo de Asistencia Laboral, es un Fondo de Asistencia Empresarial financiado con la plata de los jubilados", afirmó Aguiar al cuestionar el esquema diseñado por el Ejecutivo.
El dirigente sindical advirtió que la puesta en marcha del mecanismo podría profundizar los problemas de financiamiento del sistema previsional. "Con el FAL van a fundir, van a quebrar un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos frente a un desfinanciamiento de la ANSES sin precedentes, multimillonario", sostuvo.
El escrito solicita la suspensión provisoria del artículo 76 de la Ley 27.802, del artículo 24 del Decreto 408/2026, del Decreto 1228/2026 y de las resoluciones generales 5907/2026 y 5915/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En concreto, ATE pretende que el Estado Nacional se abstenga de aplicar la reducción de las contribuciones patronales destinadas a los organismos de la seguridad social. También reclama que ARCA interrumpa el mecanismo de liquidación y recaudación que permite descontar de esos recursos los montos correspondientes al financiamiento del FAL.
Otro de los puntos centrales del pedido es que, mientras se resuelva la cuestión de fondo, las contribuciones patronales mantengan su destino original y no sean transferidas a cuentas individuales ni a instrumentos financieros privados vinculados con el nuevo fondo.
La organización argumenta que el mecanismo implica una reasignación de recursos que actualmente financian las prestaciones previsionales y sociales. Según su interpretación, una parte de los aportes que deberían ingresar al sistema solidario de seguridad social pasaría a utilizarse para constituir fondos destinados a cubrir las obligaciones indemnizatorias de las empresas.
Por eso, el gremio considera que el problema no se limita al funcionamiento del FAL, sino que alcanza directamente al financiamiento de las jubilaciones, las pensiones y otras prestaciones sociales.
En el programa "Pulso Financiero”, conducido por @GuillermoLabord junto a @fbbarragan, @LuisCaputoAR remarcó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluido en la Reforma Laboral les permitirá a las empresas “contar con un fondo para alivianar sus costos si el día de mañana deciden despedir a un empleado”. Además, resaltó el régimen de nuevo empleo al precisar que "el empleador antes pagaba entre 17% y 19% entre aportes previsionales, asignaciones familiares y fondo de empleo, y eso se reducirá al 2% por 4 años”.
— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 2, 2026
Uno de los principales argumentos de la presentación está relacionado con las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Según ese informe, la implementación del FAL representaría un costo para la seguridad social de aproximadamente $4,296 billones durante el primer año.
La cifra equivale, de acuerdo con el cálculo incorporado por ATE, al financiamiento de unas 744.300 jubilaciones mínimas anuales. Para el período de 24 meses comprendido entre diciembre de 2026 y noviembre de 2028, el escrito proyecta un impacto cercano a los $9 billones.
La organización también incorpora datos sobre el mercado laboral para advertir sobre la situación de los recursos previsionales. Según las cifras correspondientes a marzo de 2026, de un total de 13.471.636 trabajadores ocupados, solamente el 45,2% realizaba aportes al sistema jubilatorio.
Para ATE, la combinación entre la pérdida de puestos de trabajo, la informalidad laboral y la reducción de las contribuciones patronales podría agravar la situación financiera de los organismos de la seguridad social.
En ese contexto, Aguiar cuestionó que los recursos destinados a sostener el sistema previsional se utilicen para cubrir los costos de los despidos empresariales. "A los jubilados ya les quitaron casi todo. Cobran la mínima, les sacaron los medicamentos del PAMI y ahora les quitan la plata para financiar los despidos de las empresas", expresó.
Además, planteó que las indemnizaciones deberían financiarse con recursos de las propias compañías y no con fondos que, según su postura, pertenecen al conjunto de los trabajadores. "Los despidos los deberían pagar los bancos, las petroleras y las cerealeras, que han tenido ganancias siderales con el Gobierno de Milei", concluyó.
AHORA!! ATE PIDIÓ A LA JUSTICIA FRENAR EL FAL Y QUE EL MISMO NO SE FINANCIE CON LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL!! LOS JUBILADOS VIVEN CON LA MÍNIMA, LE SACARON LOS MEDICAMENTOS Y AHORA LES QUITAN SU PLATA PARA FINANCIAR DESPIDOS!! Con la puesta en vigencia del FAL a partir del 1° de diciembre van a fundir, VAN A QUEBRAR UN SISTEMA PREVISIONAL QUE YA VENÍA GOLPEADO. Estamos frente a un DESFINANCIAMIENTO de la ANSES sin precedentes, MULTIMILLONARIO. La Justicia debe intervenir con urgencia en favor de los intereses de uno de los sectores más afectados por el ajuste de @JMilei, que son los jubilados. A LOS JUBILADOS YA LES QUITARON CASI TODO. Los despidos los deberían pagar los bancos, las petroleras y las cerealeras, que han tenido ganancias siderales con el Gobierno de Milei. Esto no es un fondo de asistencia laboral, es un fondo de asistencia empresarial financiado con la plata de los jubilados!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) November 19, 2026
En el plano jurídico, ATE sostiene que las disposiciones cuestionadas contradicen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social y garantiza la protección de las jubilaciones y pensiones.
También invoca el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a las normas mínimas de seguridad social, y distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen obligaciones estatales en materia de protección previsional.
El sindicato considera que las contribuciones patronales forman parte del denominado "salario diferido" de los trabajadores: recursos que se acumulan colectivamente para garantizar la cobertura frente a distintas contingencias durante la vida laboral y después del retiro.
SE REGLAMENTÓ EL RIFL PARA DESTRUIR LA INFORMALIDAD Y EL DESEMPLEO La herencia del kirchnerismo en 2023 fue devastadora: - Casi el 50% de los trabajadores —más de 5 millones de personas— trabajaba en la informalidad. - Argentina era el país que menos empresas creaba en América Latina. - Top 3 mundial en presión impositiva sobre el empleo formal. Gracias al cambio de paradigma en materia laboral impulsado por el Presidente Javier Milei, el Gobierno Nacional reglamentó esta semana el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un capítulo clave de la nueva Ley de Modernización Laboral, que busca hacerle frente a una realidad que afecta a alrededor de 5 millones de argentinos, que son la informalidad laboral y el desempleo. Para terminar con esto, las contribuciones patronales pasan del 20,4% o 18%, dependiendo del tipo de empresa que se trate, a 5%. Una reducción del 89% para todo nuevo empleado contratado en los próximos cuatro años. Con esto se va a incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, permitiendo a los trabajadores abandonar la informalidad y acceder a un empleo en blanco. Próximamente se suma el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para facilitar el pago de indemnizaciones y completar el paquete de modernización laboral.
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 5, 2026
Desde esa perspectiva, argumenta que el Estado no puede modificar su destino para financiar obligaciones de carácter empresarial sin afectar derechos constitucionales.
La presentación también cuestiona que la reducción de las contribuciones patronales pueda generar un perjuicio difícil de revertir. Según el gremio, una eventual sentencia favorable dictada después de varios meses de aplicación del mecanismo no alcanzaría para compensar el impacto que la pérdida de recursos podría tener sobre los beneficiarios del sistema.
Por eso, solicita que la cautelar sea concedida sin esperar una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.