19/11/2026 - Edición Nº1381

Política

Reforma laboral

ATE fue a la Justicia para frenar el FAL de Javier Milei que arranca el 1 de diciembre

19/11/2026 | El Fondo de Asistencia Laboral es un régimen para que los empleadores acumulen un fondo destinado al pago de indemnizaciones y obligaciones laborales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto para entrar en vigencia el próximo 1° de diciembre.

El sindicato sostiene que el mecanismo, creado en el marco de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, reducirá los recursos destinados al sistema previsional y utilizará fondos de la seguridad social para financiar el pago de indemnizaciones por despido.

La presentación judicial fue encabezada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, junto con Noelia Guzmán, presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados de ATE, y otras jubiladas que se sumaron al reclamo. El planteo busca proteger los recursos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de otros subsistemas de la seguridad social, entre ellos el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y el régimen de Asignaciones Familiares.

"Esto no es un Fondo de Asistencia Laboral, es un Fondo de Asistencia Empresarial financiado con la plata de los jubilados", afirmó Aguiar al cuestionar el esquema diseñado por el Ejecutivo.

El dirigente sindical advirtió que la puesta en marcha del mecanismo podría profundizar los problemas de financiamiento del sistema previsional. "Con el FAL van a fundir, van a quebrar un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos frente a un desfinanciamiento de la ANSES sin precedentes, multimillonario", sostuvo.

Qué le reclama ATE a la Justicia

El escrito solicita la suspensión provisoria del artículo 76 de la Ley 27.802, del artículo 24 del Decreto 408/2026, del Decreto 1228/2026 y de las resoluciones generales 5907/2026 y 5915/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En concreto, ATE pretende que el Estado Nacional se abstenga de aplicar la reducción de las contribuciones patronales destinadas a los organismos de la seguridad social. También reclama que ARCA interrumpa el mecanismo de liquidación y recaudación que permite descontar de esos recursos los montos correspondientes al financiamiento del FAL.

Otro de los puntos centrales del pedido es que, mientras se resuelva la cuestión de fondo, las contribuciones patronales mantengan su destino original y no sean transferidas a cuentas individuales ni a instrumentos financieros privados vinculados con el nuevo fondo.

La organización argumenta que el mecanismo implica una reasignación de recursos que actualmente financian las prestaciones previsionales y sociales. Según su interpretación, una parte de los aportes que deberían ingresar al sistema solidario de seguridad social pasaría a utilizarse para constituir fondos destinados a cubrir las obligaciones indemnizatorias de las empresas.

Por eso, el gremio considera que el problema no se limita al funcionamiento del FAL, sino que alcanza directamente al financiamiento de las jubilaciones, las pensiones y otras prestaciones sociales.

El impacto económico que advierte el sindicato

Uno de los principales argumentos de la presentación está relacionado con las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Según ese informe, la implementación del FAL representaría un costo para la seguridad social de aproximadamente $4,296 billones durante el primer año.

La cifra equivale, de acuerdo con el cálculo incorporado por ATE, al financiamiento de unas 744.300 jubilaciones mínimas anuales. Para el período de 24 meses comprendido entre diciembre de 2026 y noviembre de 2028, el escrito proyecta un impacto cercano a los $9 billones.

La organización también incorpora datos sobre el mercado laboral para advertir sobre la situación de los recursos previsionales. Según las cifras correspondientes a marzo de 2026, de un total de 13.471.636 trabajadores ocupados, solamente el 45,2% realizaba aportes al sistema jubilatorio.

Para ATE, la combinación entre la pérdida de puestos de trabajo, la informalidad laboral y la reducción de las contribuciones patronales podría agravar la situación financiera de los organismos de la seguridad social.

En ese contexto, Aguiar cuestionó que los recursos destinados a sostener el sistema previsional se utilicen para cubrir los costos de los despidos empresariales. "A los jubilados ya les quitaron casi todo. Cobran la mínima, les sacaron los medicamentos del PAMI y ahora les quitan la plata para financiar los despidos de las empresas", expresó.

Además, planteó que las indemnizaciones deberían financiarse con recursos de las propias compañías y no con fondos que, según su postura, pertenecen al conjunto de los trabajadores. "Los despidos los deberían pagar los bancos, las petroleras y las cerealeras, que han tenido ganancias siderales con el Gobierno de Milei", concluyó.

Los argumentos constitucionales contra el FAL

En el plano jurídico, ATE sostiene que las disposiciones cuestionadas contradicen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social y garantiza la protección de las jubilaciones y pensiones.

También invoca el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a las normas mínimas de seguridad social, y distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen obligaciones estatales en materia de protección previsional.

El sindicato considera que las contribuciones patronales forman parte del denominado "salario diferido" de los trabajadores: recursos que se acumulan colectivamente para garantizar la cobertura frente a distintas contingencias durante la vida laboral y después del retiro.

Desde esa perspectiva, argumenta que el Estado no puede modificar su destino para financiar obligaciones de carácter empresarial sin afectar derechos constitucionales.

La presentación también cuestiona que la reducción de las contribuciones patronales pueda generar un perjuicio difícil de revertir. Según el gremio, una eventual sentencia favorable dictada después de varios meses de aplicación del mecanismo no alcanzaría para compensar el impacto que la pérdida de recursos podría tener sobre los beneficiarios del sistema.

Por eso, solicita que la cautelar sea concedida sin esperar una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

Relacionadas
Más Noticias