19/11/2026 - Edición Nº1381

Política

CLAVES JURÍDICAS

Retirados de la Policía bonaerense: la Corte recortó el pago de vacaciones acumuladas

19/11/2026 | El fallo expuso distintas interpretaciones sobre el derecho al descanso, las razones de servicio y la responsabilidad del Estado.

La posibilidad de cobrar las vacaciones que un efectivo policial no pudo tomarse durante su carrera volvió a quedar bajo análisis judicial en la provincia de Buenos Aires. En la causa Barrera, Ricardo Alberto contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad), la Suprema Corte bonaerense (SCBA) examinó hasta dónde puede extenderse el reconocimiento económico de las Licencias Anuales No Usufructuadas (LANU) cuando un agente pasa a retiro.

El expediente puso en discusión dos intereses que, en determinadas circunstancias, entran en tensión: por un lado, el derecho de los trabajadores al descanso anual y, por otro, las facultades de la Administración para organizar el servicio de seguridad y administrar los recursos públicos. El pronunciamiento también dejó expuestas distintas interpretaciones sobre las consecuencias jurídicas de las licencias que no pudieron utilizarse por decisión de la propia fuerza.

El origen del conflicto: 344 días de vacaciones reclamados

El litigio se inició cuando Ricardo Alberto Barrera, luego de pasar a retiro activo en junio de 2021, reclamó judicialmente el pago de 344 días de vacaciones que, según sostuvo, no había podido usufructuar durante su trayectoria en la Policía bonaerense. En las instancias anteriores, la Justicia de Junín y posteriormente la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás hicieron lugar parcialmente a su pretensión.

La Cámara reconoció 273 días, al considerar que las sucesivas negativas fundadas en razones de servicio habían impedido el ejercicio efectivo del derecho al descanso y generado un crédito indemnizatorio exigible al momento del retiro. La controversia llegó entonces al máximo tribunal provincial, donde la Fiscalía de Estado cuestionó el alcance de ese reconocimiento.

La postura de la Fiscalía y el límite a la acumulación de licencias

La representación de la parte demandada planteó la existencia de gravedad institucional y advirtió sobre las consecuencias presupuestarias de admitir reclamos por períodos prolongados de vacaciones no utilizadas. Su argumento apuntó a evitar que las licencias anuales se transformaran en una suerte de ahorro acumulable para cobrar al finalizar la carrera policial.

En la posición mayoritaria, integrada por Hilda Kogan, Daniel Soria y Fernando Mancini, la SCBA puso el acento en la finalidad del descanso anual. Los magistrados recordaron que las vacaciones tienen una función higiénica y psicofísica, por lo que no pueden convertirse en un mecanismo de acumulación patrimonial ajeno a su naturaleza.

A partir de la normativa que regula el régimen policial —la Ley 13.982 y su Decreto reglamentario 1.050/09—, esta interpretación estableció límites temporales para el reconocimiento económico de las licencias. En consecuencia, al momento del retiro solo corresponde liquidar las vacaciones del último año calendario anterior al cese y la parte proporcional del año en curso.

Los períodos anteriores que no fueron usufructuados dentro de los plazos y las prórrogas previstos por la normativa no pueden transformarse automáticamente en créditos exigibles. La mayoría también reparó en las dificultades probatorias del expediente, en el que no se habrían acreditado de manera suficiente las solicitudes y las sucesivas denegatorias de cada licencia reclamada.

"El Estado no puede beneficiarse de su propio incumplñimento"

El juez Sergio Torres desarrolló una interpretación diferente, con eje en la protección constitucional del trabajador. Su razonamiento se apoyó en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que reconocen el derecho al descanso y a condiciones laborales dignas.

Aunque coincidió en que las vacaciones no deben convertirse en un mecanismo de especulación económica ni acumularse voluntariamente, advirtió que tampoco corresponde aplicar la caducidad cuando la imposibilidad de ejercer el derecho fue consecuencia de decisiones de la propia Administración.

Para Torres, resultaría irrazonable exigirle a un efectivo policial que litigue contra sus superiores cada vez que se le deniega una licencia por razones de servicio. Desde esa perspectiva, el plazo de prescripción de cinco años para reclamar el reconocimiento económico debería comenzar a computarse desde el retiro, momento en que el agente deja de estar sujeto a las necesidades operativas de la fuerza.

La disidencia introduce así una cuestión central: si el Estado impide reiteradamente el ejercicio de un derecho por razones vinculadas con el funcionamiento del servicio, no debería luego invocar el paso del tiempo para desconocer las consecuencias de sus propias decisiones.

Kohan y el sacrificio especial: la responsabilidad del Estado

El juez Mario Kohan incorporó otra perspectiva jurídica, vinculada con la responsabilidad estatal por su actividad lícita. Su planteo parte de reconocer que la jefatura policial puede disponer la postergación de las vacaciones de un efectivo cuando existen necesidades operativas o situaciones excepcionales que justifican esa decisión. Sin embargo, la legalidad de la medida administrativa no elimina necesariamente sus consecuencias patrimoniales.

En ese sentido, recurrió a la doctrina del sacrificio especial: cuando una decisión estatal, adoptada en beneficio del conjunto de la comunidad, impone a una persona un perjuicio particular que excede las cargas que debe soportar el resto de la sociedad, puede surgir un deber de reparación. El fundamento se encuentra en el principio de igualdad ante las cargas públicas, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Desde esta perspectiva, el agente no debería soportar individualmente y sin compensación las consecuencias económicas de una decisión adoptada para garantizar la continuidad del servicio de seguridad.

Un precedente para la administración pública bonaerense

El caso Barrera deja un debate que excede la situación individual de un policía retirado. La interpretación mayoritaria establece un límite a la acumulación de licencias y a su posterior conversión en créditos económicos. Las posiciones alternativas, en cambio, advierten que ese límite no puede analizarse de espaldas a las circunstancias que impidieron el descanso ni a la eventual responsabilidad de la Administración.

La cuestión de fondo permanece abierta en términos doctrinarios: las razones de servicio pueden justificar que un efectivo no se tome vacaciones en determinado momento, pero el debate jurídico consiste en determinar quién debe asumir las consecuencias cuando esa postergación se prolonga durante años.