El tablero de la justicia juvenil en la Argentina cambió de eje tras la sanción de la Ley N° 27.801, que fijó la punibilidad desde los 14 años y estableció un nuevo piso de garantías procesales. Con ese marco como punto de partida, ingresó a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de reforma integral que propone sustituir el Anexo A de la Ley N° 2.451 —vigente desde 2007— para dotar a los tribunales porteños de un procedimiento acusatorio, ágil y estrictamente especializado.
La iniciativa parte de una premisa tan clara como exigente: el Estado tiene la obligación de investigar el delito y tutelar a las víctimas, pero cuando quien se sienta en el banquillo es un adolescente de entre 14 y 18 años no cumplidos, el proceso no puede convertirse en una máquina de exclusión ni en una copia reducida de la justicia de adultos.
Los puntos clave de la reforma: el nuevo mapa procesal
Más allá de la arquitectura normativa, el proyecto introduce reglas de juego concretas que reconfiguran la actuación de jueces, fiscales, defensores y familias en el fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad:
- El encierro como última ratio y sin fuerzas de seguridad: La privación de libertad queda reservada de manera excepcional, por el menor tiempo posible y como último recurso. Si se dicta, debe cumplirse en centros especializados de baja población, con escolarización y recreación obligatorias, y dirigidos exclusivamente por personal civil capacitado en áreas sociales y pedagógicas. El texto prohíbe de forma expresa que estos establecimientos queden a cargo de personal policial, penitenciario o de fuerzas de seguridad.
- Plazos estrictos para evitar procesos eternos: Para impedir que una causa abierta hipoteque el futuro de un joven en desarrollo, la investigación preparatoria no podrá superar los 18 meses (con un plazo ordinario de 90 días, prorrogable por 60 y extensiones excepcionales fundadas). Si el fiscal deja vencer los plazos sin expedirse, la causa se archiva de manera definitiva. En la misma línea, la prisión preventiva tiene un techo de dos años —incluida la celebración del juicio—, prorrogable por apenas 180 días en casos de extrema complejidad.
- Identidad blindada y "juicio de cesura" obligatorio: Se prohíbe a magistrados, funcionarios y partes divulgar cualquier dato o imagen que permita identificar al adolescente o a su familia (solo levantable por resolución judicial fundada ante fuga y grave riesgo para terceros). El debate oral se realiza a puerta cerrada y se institucionaliza el juicio de cesura: una audiencia específica, dentro del mes posterior a declararse la responsabilidad penal, donde se discute qué sanción aplicar según la evolución personal, familiar, educativa y de salud del joven.
- Nace la Secretaría Judicial de Infancias y Adolescencias: El proyecto crea este organismo técnico interdisciplinario bajo la órbita de la Cámara de Casación y Apelaciones. Sus profesionales elaborarán los informes biopsicosociales y supervisarán el cumplimiento de las medidas alternativas, con un mandato de intervención prioritaria y reforzada cuando los imputados tengan 14 o 15 años.
- Progenitores bajo la lupa judicial: El juez queda habilitado para citar a los padres o tutores, exigirles explicaciones y dictar medidas que refuercen su deber de cuidado. Asimismo, el articulado recuerda que los progenitores son civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos conforme al Código Civil y Comercial.
- Cuando hay mayores y menores involucrados: Si en un mismo hecho delictivo participan adultos y menores de 18 años, la competencia queda radicada íntegramente en manos de los jueces especializados en materia penal juvenil, garantizando la unidad de criterio y el plus de protección que exige la infancia.
Justicia restaurativa: las tres llaves para evitar el juicio
El corazón político y jurídico del proyecto late en su Título VIII. En lugar de empujar cada expediente hacia una condena, la reforma sistematiza tres mecanismos alternativos que, si se cumplen con éxito, extinguen la acción penal y cierran la causa sin dejar antecedentes:
- Mediación penal: Voluntaria, gratuita, confidencial e informal. Se sustancia ante la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos en un plazo de 60 días (prorrogable por 30), con asistencia obligatoria del adolescente, sus padres y su defensor. Quedan expresamente excluidos los delitos dolosos contra la vida, contra la integridad sexual, las lesiones gravísimas, los secuestros y cualquier hecho cometido con armas de fuego o sus réplicas.
- Remisión: Permite al juez —a pedido de la defensa o la fiscalía, y previo consentimiento del joven— suspender el proceso y derivarlo a programas socioeducativos o comunitarios por hasta un año. La víctima debe ser escuchada y recibir una propuesta de reparación, pero su falta de consentimiento no bloquea por sí sola la aplicación del instituto.
- Programas y juntas restaurativas: Espacios de diálogo diseñados a medida donde intervienen el adolescente, la víctima (o referentes comunitarios si ella decide no participar), la familia y líderes barriales para pactar reparaciones materiales o simbólicas, siempre bajo homologación judicial.
A este abanico se suma la suspensión del proceso a prueba (probation), aplicable a delitos con pena mínima de hasta tres años de prisión. Exige abandonar bienes decomisables y reparar el daño en la medida de lo posible durante un plazo de uno a tres años.
El lugar de la víctima y el equilibrio del sistema
Lejos de relegar al damnificado a un rol meramente testimonial, la reforma incorpora de lleno los estándares de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (N° 27.372). Quien sufrió el hecho tiene derecho a patrocinio jurídico gratuito si carece de recursos, a oponerse si el fiscal decide aplicar el criterio de oportunidad (para delitos con pena máxima de hasta 6 años sin violencia grave) y a ser escuchado incluso durante la ejecución de la pena.
Cuando la víctima también sea un niño, niña o adolescente, el proyecto activa una protección reforzada: su testimonio solo podrá recibirse en una Sala de Entrevistas Especializada acondicionada a su edad y conducida exclusivamente por un psicólogo, quedando terminantemente prohibido cualquier interrogatorio directo por parte del juez, el fiscal o los abogados.
Con esta actualización, la Ciudad de Buenos Aires busca saldar una de las discusiones más sensibles de la política criminal contemporánea: cómo construir un sistema que exija responsabilidad real frente al delito y ampare a las víctimas, sin renunciar a proteger el proyecto de vida de quienes atraviesan la adolescencia.