19/11/2026 - Edición Nº1381

Internacionales

Paraguay

Ueno Bank: qué pasará con sus directivos, empleados y ahorristas según la ley

19/11/2026 | La legislación establece un régimen para cada uno: garantías para depósitos, prioridad para acreencias y responsabilidad para el directorio.

La situación del Ueno Bank sigue dando que hablar. En Paraguay, el legal régimen aplicable a las entidades financieras fallidas tienen un procedimiento especial, que está regulado principalmente por dos leyes: la 861/1996, registrada como Ley General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito- y por la 2334/2003, de Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades de Intermediación Financiera. Para hablar con propiedad, NewsDigitales conversó con el abogado paraguayo Evelio Salinas, que clarificó el panorama que enfrenta el país hermano por estos días.

"Cuando una entidad financiera entra en crisis, las consecuencias no recaen únicamente sobre quienes tomaron las decisiones que llevaron a esa situación" cuenta Salinas. También quedan expuestos trabajadores -que pierden su fuente de ingresos- y ahorristas que confiaron sus recursos a una institución que debía resguardarlos. El derecho paraguayo establece diferencias entre esas situaciones y contempla mecanismos específicos para determinar cómo se distribuyen las responsabilidades y los recursos disponibles.

La diferencia es crucial: una cosa es la eventual responsabilidad de quienes integraban el directorio y conducían la entidad y otra es la situación de los empleados y depositantes, que quedan envueltos en una causa común porque resultan perjudicados por el desenlace. De esta manera quedan los bandos bien marcados: "los que conducían la nave y los que sufren las consecuencias de lo que hicieron quienes estaban al mando" explica el entrevistado.

Un régimen especial para las entidades financieras

La Ley 861 establece que la disolución y liquidación de una entidad financiera puede desarrollarse bajo un procedimiento específico, con intervención de las autoridades de supervisión. Su artículo 127 dispone que la liquidación tiene por objeto realizar los activos de la entidad para atender sus obligaciones hasta donde alcancen los recursos disponibles. Si, una vez canceladas las deudas, queda un excedente, este corresponde a los accionistas.

La norma también establece límites a las acciones individuales de los acreedores. Desde la publicación de la resolución de disolución y liquidación, quedan prohibidos los nuevos juicios para cobrar sumas adeudadas por la entidad, la ejecución de sentencias contra ella y la constitución de garantías sobre sus bienes. La finalidad es evitar que algunos acreedores se adelanten individualmente y alteren el orden de distribución del patrimonio.

El artículo 131 remite al orden de prelación previsto en el Código Civil para el pago de los créditos. A su vez, el artículo 133 impide que las entidades financieras soliciten su propia quiebra o sean declaradas en quiebra a pedido de terceros, y dispone la intervención del Banco Central del Paraguay cuando corresponda evaluar su disolución y liquidación.

Qué protección tienen los ahorristas

La Ley 2334/2003 creó un régimen de garantía de depósitos destinado a proteger parcialmente el ahorro del público. Salinas pone el acento en el artículo 1, que establece una cobertura de hasta el equivalente a 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica, con las condiciones y limitaciones previstas en la propia norma.

La garantía no significa que el Estado deba responder ilimitadamente por todos los depósitos. Se trata de una protección legal con un tope determinado y un procedimiento de aplicación específico. La ley también establece exclusiones. Entre ellas se encuentran los depósitos pertenecientes a empleados de la entidad que ocupen cargos gerenciales y directivos, así como los de personas físicas o jurídicas vinculadas a la institución. La distinción resulta relevante para entender a quien asiste el derecho a reclamo.

El artículo 20 de la Ley 2334 establece, además, un orden de prelación para la formación del pasivo durante el procedimiento de resolución. En primer orden aparecen los depósitos con derecho a garantía y determinados depósitos públicos, junto con otras obligaciones expresamente enumeradas. En segundo orden se ubican las obligaciones crediticias de la entidad con el Banco Central del Paraguay. El tercer orden comprende otras obligaciones con el organismo monetario, derechos del Fondo de Garantía de Depósitos y obligaciones tributarias.

Los trabajadores no son responsables de la caída

Uno de los puntos más significativos que marca nuestro entrevistado aparece en el artículo 26 de la Ley 2334. Cuando finaliza el procedimiento de resolución, los activos y pasivos que no fueron incluidos en el balance de exclusión conforman un balance residual que se remite al juez competente para su liquidación forzosa.

La norma establece expresamente que los trabajadores que no hayan sido transferidos a las entidades adquirentes de activos o participaciones tienen prioridad de cobro. Incluso dispone que los titulares de obligaciones privilegiadas que no hubieran sido satisfechos durante el procedimiento de resolución cobrarán después de esos trabajadores.

La disposición marca una diferencia concreta entre el personal que queda sin continuidad laboral y los acreedores de la entidad. No se trata de una consideración simbólica: es una prioridad incorporada al régimen legal de liquidación residual. La misma norma contempla que las entidades que reciban activos y acepten trabajadores de la institución en resolución deberán celebrar con ellos nuevos contratos laborales. También aclara que esa incorporación no implica, por sí misma, que exista sucesión de empresa a los efectos laborales.

La responsabilidad de los directivos debe analizarse por separado

La protección de los trabajadores y los ahorristas no elimina la necesidad de investigar la actuación de quienes administraron la entidad. La Ley 861 contempla expresamente esa posibilidad. Su artículo 138 faculta al liquidador a iniciar o continuar acciones judiciales contra directores y trabajadores cuando corresponda, en defensa de los derechos de la entidad, sus accionistas o sus acreedores.

Esto permite separar dos cuestiones que no deben confundirse: por un lado, la liquidación del patrimonio y el reconocimiento de los créditos de quienes tienen derecho a cobrar; por otro, la eventual responsabilidad individual de quienes participaron en la administración.

La sola pertenencia al directorio no equivale automáticamente a una condena ni determina, por sí misma, que un directivo deba responder con su patrimonio personal por todas las obligaciones del banco. Para establecer responsabilidades individuales deben examinarse las conductas, las decisiones adoptadas, las obligaciones legales incumplidas y las pruebas reunidas en cada procedimiento.

La distinción también impide colocar en un mismo plano a quienes conducían la institución y a los empleados que dependían de ella para vivir. Los trabajadores y los ahorristas no pueden ser tratados como responsables de decisiones que no tomaron.

En pocas palabras, el régimen paraguayo procura ordenar una situación especialmente delicada:

• Proteger, dentro de los límites legales,  a quienes confiaron sus ahorros.
• Reconocer la prioridad de determinados créditos laborales
• Permitir que se investigue la actuación de quienes tuvieron responsabilidades de administración. 

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