El Senado aprobó este jueves por unanimidad, con 71 votos a favor y ninguno en contra, la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. El proyecto llegó con media sanción de Diputados y el Senado no le hizo cambios, así que quedó sancionado. Ahora el Poder Ejecutivo tiene que reglamentarlo.
La norma reemplaza a la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre. Así, convierte en permanente casi todo lo que esa emergencia garantizaba. La última en hablar antes de la votación fue la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). Su discurso tuvo un tono distinto al que el oficialismo mantuvo durante dos años de pelea con el sector.
Bullrich admitió que las auditorías del Gobierno sobre las pensiones tuvieron errores. Dijo que hubo “situaciones de falsedad”. Pero también reconoció que hubo “una cantidad de discapacitados que vieron llegar quizás una auditoría que no era una auditoría correcta, porque tenían que probar una y muchas veces su discapacidad”.
Después habló del conflicto con la oposición: “Esta ley va casi al medio de lo que era el presupuesto de la ley de emergencia. Y eso es importante porque eso reconoce que ambas partes tenían una parte de la razón, una parte de la verdad. Nadie tenía toda la verdad”. Definió la disputa como “un péndulo”: de un lado, “en muchos casos, no reconocer”; del otro, “pasarse al infinito con un presupuesto”. También admitió que el cumplimiento todavía está por verse: “Claro que después depende si eso se cumple o no se cumple”.
Tampoco dejó de criticar: “Hay que terminar con la hipocresía de pensar que hay quienes hicieron todo bien durante toda la vida y quienes hicieron todo mal”. Repartió responsabilidades entre “muchos partidos, muchos gobernadores, muchos presidentes, muchos diputados y muchos senadores” y concluyó: “Cada uno que se ponga el sayo que le corresponde”.

En 2025, el Congreso sancionó la emergencia en discapacidad. El presidente Javier Milei la vetó, y el Senado insistió en septiembre de ese año con 63 votos a favor y 7 en contra, según recordó en el recinto la peronista Juliana Di Tullio (Buenos Aires). Después, el Gobierno promulgó la ley pero suspendió su aplicación hasta que se definiera de dónde saldría la plata. Por eso muchas familias terminaron en la Justicia.
En octubre de este año, Diputados aprobó el nuevo texto, que el oficialismo terminó aceptando. Bullrich se refirió a ese paso: “237 votos en Diputados y la firma de un mismo texto. Quiere decir que demostramos que podemos solucionarlo hablando”. Durante el debate, varios senadores opositores vincularon el cambio de postura del oficialismo con la reciente visita del papa León XIV y su paso por el Cottolengo Don Orione.
La pensión no contributiva sigue siendo equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y la puerta de acceso sigue siendo el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El cambio más importante es que la pensión ahora es compatible con un empleo registrado o con el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Bullrich lo explicó así: “Quien conseguía un empleo perdía la pensión y se castigaba el esfuerzo”. La ley también mantiene la cobertura de salud del programa Incluir Salud y suma una rebaja de contribuciones patronales durante tres años para quienes contraten a personas con discapacidad.
La ley conserva el nomenclador único de prestaciones y la actualización periódica de los aranceles según la movilidad jubilatoria. Si al momento de la sanción quedan deudas con los prestadores, el Ejecutivo tiene 30 días para publicar un cronograma de pagos y 90 días para cancelarlas.
En cuanto a la plata, el texto identifica los programas del Ministerio de Salud que van a pagar el sistema. Además, fija que esa partida no podrá ser menor, en términos reales, a la del año anterior, y que el Tesoro cubrirá lo que falte. “Esa es la diferencia entre una ley sin fondos y una ley con fondos”, dijo Bullrich.
La Secretaría Nacional de Discapacidad va a hacer auditorías periódicas cruzando datos con ANSES, ARCA, RENAPER y el SINTyS. Antes de suspender una pensión, tiene que notificar a la persona y darle la oportunidad de presentar su descargo. “Nadie va a perder la pensión de un día para el otro por un error en la base de datos”, prometió la jefa libertaria.
El tema del fraude lo trajo el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling (Misiones), a quien Bullrich mencionó en su discurso. Según Goerling, en su provincia se pagan 76.772 pensiones por invalidez, casi el 6% de la población. Habló de una “maquinaria clientelar” del oficialismo provincial del Frente Renovador. Pero también cuestionó a la gestión nacional por las bajas masivas que, según dijo, la Justicia Federal de Misiones tuvo que frenar por falta de debido proceso.
El miembro informante fue el libertario Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires), presidente de la comisión de Presupuesto: “La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables”. Ivanna Arrascaeta (LLA, San Luis) sostuvo que “la discapacidad no tiene color político”.
Desde el peronismo, Alicia Kirchner (Santa Cruz) la definió como “un punto de partida”. Marcelo Lewandowski (Santa Fe) dijo: “Esta ley no es buena, pero es la mejor ley que podemos sancionar hoy”. Di Tullio repitió lo que varios senadores ya habían planteado: “Vamos a ver si la cumplen”. Flavia Royón (Primero los Salteños) advirtió que todavía hay 80.000 trámites de pensión sin resolver. Alejandra Vigo (Provincias Unidas, Córdoba) reclamó que la Nación compense el atraso de los aranceles. La radical Mariana Juri (Mendoza) pidió: “No nos conformemos hoy con sancionar la ley”.
LA LEY DE DISCAPACIDAD ES LEY Durante demasiado tiempo, miles de personas con discapacidad y sus familias vivieron con angustia y sin saber qué iba a pasar. Había que dejar atrás las disputas y encontrar soluciones concretas. Sabemos que detrás de cada pensión hay una familia que acompaña, que hace un esfuerzo enorme todos los días y que necesita respuestas, no más incertidumbre. Familias que necesitan saber que van a contar con ese apoyo y que trabajar para salir adelante no significa perderlo. Con esta ley damos respuestas: un índice actualizado, la garantía de que trabajar no te hace perder la pensión y consecuencias para quienes falsifican o se aprovechan de esta ayuda. Queremos que las personas con discapacidad y sus familias tengan algo fundamental: tranquilidad, reglas claras y la seguridad de saber con qué cuentan.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 19, 2026
Ahora el Ejecutivo tiene 30 días para reglamentar la ley. Además, varios senadores remarcaron que el Presupuesto 2027, que todavía se discute en Diputados, tiene que incluir los fondos que la norma garantiza.
Después de la votación, Bullrich celebró la sanción en su cuenta de X. “Durante demasiado tiempo, miles de personas con discapacidad y sus familias vivieron con angustia y sin saber qué iba a pasar. Había que dejar atrás las disputas y encontrar soluciones concretas”, escribió. Y destacó “un índice actualizado, la garantía de que trabajar no te hace perder la pensión y consecuencias para quienes falsifican o se aprovechan de esta ayuda”.