20/11/2026 - Edición Nº1382

Política

Congreso

La Ley de Tierras seguirá vigente: el Senado mantuvo los límites a la extranjerización

20/11/2026 | El Senado convirtió en ley la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero mantuvo los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.


por Redacción NewsDigitales


El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que, durante su recorrido parlamentario, sufrió modificaciones y terminó manteniendo vigente la Ley de Tierras Rurales, que establece límites a la extranjerización de campos en la Argentina. Además, la nueva normativa incorpora cambios en los procedimientos de desalojo de inmuebles usurpados, modifica el régimen de expropiaciones y contempla nuevas condiciones para la regularización de escrituras.

La iniciativa fue aprobada por 42 votos afirmativos y 26 negativos, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. En contra se pronunciaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.

Uno de los puntos centrales del debate fue el futuro de la Ley de Tierras Rurales, una norma sancionada durante el kirchnerismo que el oficialismo buscaba eliminar como parte de su propuesta original. Sin embargo, después de las modificaciones introducidas durante el tratamiento legislativo, las restricciones quedaron incorporadas nuevamente al texto que finalmente recibió sanción definitiva.

De esta manera, se mantienen los límites que impiden que la titularidad extranjera supere el 30% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También continúa vigente el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, además de las restricciones vinculadas con los espejos de agua y las áreas de frontera.

Los cambios que logró el Gobierno en el proyecto

El camino legislativo de la iniciativa estuvo atravesado por negociaciones y modificaciones entre ambas cámaras. En una primera instancia, el oficialismo debió retirar cambios vinculados con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. Posteriormente, durante el tratamiento en Diputados, se resolvió restituir las disposiciones sobre tierras rurales, en medio de las diferencias que generaba el alcance de la reforma y la posibilidad de que el proyecto terminara habilitando una derogación vinculada con el DNU 70/23.

El resultado fue una versión más acotada de la propuesta original, que conservó algunos de los principales objetivos del Poder Ejecutivo en materia de propiedad privada, aunque dejó afuera modificaciones que pretendían flexibilizar las restricciones sobre la adquisición de campos por parte de extranjeros.

Entre los capítulos que sí quedaron incorporados se encuentran las modificaciones a la Ley de Expropiaciones y al régimen de desalojos. En ambos casos, la normativa introduce cambios en las atribuciones del Estado y en los mecanismos judiciales para recuperar inmuebles ocupados de manera irregular.

Desalojos exprés: cómo funcionará el nuevo mecanismo

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es la incorporación de un procedimiento de desalojo exprés para inmuebles usurpados o bajo situaciones de tenencia precaria. La disposición apunta a reducir los tiempos judiciales para que los propietarios puedan recuperar terrenos, campos y viviendas que se encuentren ocupados sin un título que justifique esa posesión.

Según el texto aprobado, los jueces podrán disponer la entrega inmediata del inmueble cuando consideren que el derecho invocado por el propietario resulta verosímil y se haya presentado la correspondiente caución juratoria.

La libertaria Bullrich y la peronista Di Tullio durante la sesión.

Además, cuando el titular solicite la restitución del bien y acompañe documentación que acredite su condición de propietario, el magistrado podrá intimar la devolución del inmueble dentro de un plazo de 72 horas.

El mecanismo establece una diferencia entre las ocupaciones ilegales y los conflictos derivados de contratos de alquiler. En este último caso, la normativa contempla un procedimiento específico para los inquilinos que adeuden pagos, con el objetivo de evitar que las nuevas disposiciones se apliquen de manera automática a cualquier situación de incumplimiento contractual.

En ese sentido, los propietarios deberán enviar una carta documento a los inquilinos morosos y otorgarles un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda. El período comenzará a contabilizarse desde la recepción de la notificación correspondiente.

De esta manera, la reforma distingue entre quienes ocupan un inmueble sin autorización y quienes mantienen una relación contractual con el propietario, pero presentan atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Qué cambia en el régimen de expropiaciones

Otro de los capítulos incorporados modifica las condiciones bajo las cuales el Estado puede declarar la utilidad pública de un inmueble para avanzar con una expropiación.

La nueva normativa establece que esa facultad deberá interpretarse de manera restrictiva y que las autoridades tendrán que fundamentar de forma clara los motivos que justifiquen la decisión. El objetivo del cambio es establecer mayores exigencias para las intervenciones estatales sobre bienes privados.

También se incorporó un límite del 30% para la indemnización correspondiente al lucro cesante, un aspecto que no tenía un porcentaje establecido en la propuesta original.

En cuanto a los intereses que deberán abonarse, el texto determina que se utilizará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), junto con la tasa del Banco Nación a 30 días.

Regularización de escrituras: los cambios en la Ley Pierri

La iniciativa también introduce modificaciones en la denominada Ley Pierri, el régimen de regularización dominial que permite avanzar con la escrituración de viviendas en determinadas condiciones.

Con la reforma, podrán acceder al beneficio las familias que acrediten una posesión pública de la vivienda única durante los 10 años anteriores, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa.

El objetivo de este capítulo es facilitar el acceso a la titularidad formal de inmuebles para sectores que mantienen una ocupación prolongada, pero que todavía no cuentan con la escritura correspondiente.

Con la sanción definitiva, el Gobierno consiguió avanzar con una parte de su agenda legislativa vinculada con la protección de la propiedad privada. Sin embargo, el texto que finalmente se convirtió en ley conserva uno de los puntos que el oficialismo pretendía modificar: las restricciones a la extranjerización de tierras rurales.

Así, la nueva legislación combina cambios en los procedimientos de desalojo, las expropiaciones y la regularización dominial, mientras que la Ley de Tierras Rurales continuará vigente y mantendrá los límites actuales para la adquisición de campos por parte de extranjeros.

ND