Para los afiliados a las prepagas, por ahora sigue todo igual. Las cuotas se cobran como hasta ahora y los aumentos anunciados para diciembre siguen en pie.
La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían quitado al Estado la facultad de revisar y autorizar las subas. Lo hizo al resolver un amparo individual, por lo que el efecto directo de la sentencia se limita al caso de María del Carmen Bobbio, afiliada de Swiss Medical.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a NewsDigitales que, para el resto de los afiliados, el fallo no modifica ni el monto de la factura ni la forma en que se actualiza la cuota. La decisión tampoco pone en marcha una revisión mensual de los aumentos para todo el sistema. La pregunta, ahora, es qué hará el Gobierno y si la Superintendencia de Servicios de Salud tomará alguna medida de alcance general.
LA CSJN Y LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DNU 70/2023 La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA” declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 mediante los cuales se derogó la potestad regulatoria del Estado respecto del aumento de las cuotas de la medicina prepaga. El principal argumento fue que el Poder Ejecutivo Nacional no esgrimió, ni la más mínima justificación, de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones a la ley 26.682 que establece el marco regulatorio de la medicina prepaga. Ahora bien, algunas cuestiones muy importantes a tener en cuenta para evitar los desbordes de optimismo que seguramente vendrán. En primer lugar, la CSJN resolvió un caso particular cuyo efecto queda limitado a la persona que promovió la acción de amparo, mientras que desde el 23 de junio de 2026 tiene pendiente de resolución el proceso colectivo “Morsenti c /OSDE” (Expediente JFP Nº 1641/2024) donde se declaró la inconstitucionalidad de las mismas normas pero con efecto erga omnes que favorece a todo el grupo o colectivo. En segundo lugar, al confirmar parcialmente la sentencia no resolvió el fondo de la cuestión (tal como lo permite el art. 16 de la ley 48), sino que por el contrario, ordenó el reenvío a la Cámara Federal de La Plata para que dicte un nuevo fallo, y mientras tanto, la sentencia dictada no tiene ningún efecto. Por último, una vez más, el tribunal omitió analizar la validez del DNU 70/2023 en el marco dispuesto por el art. 99.3 de la Constitución argentina, el cual impone que los DNUs que no cumplan con los requisitos de habilitación constitucional formal (esto es, circunstancias excepcionales e imposibilidad de seguir con los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes) son NULOS DE NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE. En otras palabras, los requisitos constitucionales formales se cumplen respecto de todos los artículos de un DNU o no se cumplen con ninguno, más allá de la afectación sustancial de derechos fundamentales y derechos humanos que el mismo pueda producir.
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) November 19, 2026
Bobbio acudió a la Justicia después de que su cuota pasara de $136.161 en diciembre de 2023 a $301.218 en febrero de 2024. La Corte consideró que el Ejecutivo no había justificado la urgencia de eliminar los controles por decreto, por eso confirmó en ese expediente la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU.
La Corte también dejó sin efecto el tope por inflación que la Cámara Federal de La Plata había fijado para Bobbio y le devolvió el expediente para que dicte una nueva sentencia. Incluso para la afiliada que inició el reclamo, la resolución sobre su cuota queda pendiente.

Gil Domínguez señaló que hay otro expediente que podría tener un alcance más amplio. Se trata de “Morsentti contra OSDE”, un amparo colectivo en el que la Cámara Federal de Paraná también declaró inconstitucionales las normas que eliminaron el control estatal. La causa está pendiente ante la Corte y una decisión favorable podría alcanzar a los afiliados comprendidos en ese proceso.
La Unión Argentina de Salud (UAS), que reúne a prepagas y prestadores, expresó su respeto por la decisión judicial y pidió reglas previsibles para sostener la atención, la disponibilidad de medicamentos y las inversiones. La entidad sostuvo que las mayores exigencias de cobertura y la incorporación de prestaciones de alta complejidad presionan a quienes brindan y financian esos servicios.
“La salud necesita estabilidad jurídica, previsibilidad regulatoria y financiamiento sostenible”, afirmó la UAS. En su comunicado, pidió que el Estado, las autoridades sanitarias y las entidades del sector acuerden medidas que protejan a los afiliados y permitan sostener las prestaciones.
Entre los aumentos informados para diciembre figuran SanCor Salud (2,7%), Hospital Italiano (2,6%), Swiss Medical (2,5%), OSDE (2,4%), Galeno (2,3%) y Hospital Alemán (2,2%).
Cinco de esas seis subas superan el 2,2% de inflación nacional de octubre. El decreto reglamentario toma la publicación del IPC como referencia para el plazo en que las empresas deben avisar los aumentos. Con las reglas actuales, cada empresa fija el valor de sus cuotas.
En una cuota de $300.000, un aumento del 2,7% suma $8.100 y lleva el pago a $308.100. Con un ajuste del 2,2%, quedaría en $306.600. Cada afiliado puede confirmar el porcentaje en el aviso de su prepaga y consultar el valor declarado para su plan y región en los cuadros tarifarios de la Superintendencia.

El relevamiento de cuotas tomado para esta nota indica un aumento del 512,6% entre noviembre de 2023 y octubre de 2026. Para el mismo período, el IPC nacional acumuló alrededor del 354%, según el cálculo a partir de los informes del INDEC.
Una cuota de $100.000 que hubiera seguido el aumento del relevamiento habría llegado a $612.600. Si hubiera subido al ritmo de la inflación, habría quedado cerca de $454.000.