20/11/2026 - Edición Nº1382

Opinión


Senado

Discapacidad: el Congreso obliga a Milei a negociar aquello que antes rechazaba

20/11/2026 | Milei construyó su identidad contra las negociaciones de la política tradicional, mientras sus operadores necesitan practicarlas para conseguir resultados.

Ayer el Senado sancionó por unanimidad la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Votaron a favor los 71 legisladores presentes, incluidos los de La Libertad Avanza. El proyecto había conseguido 237 votos en Diputados. Hace poco más de un año, Javier Milei vetaba la emergencia en discapacidad y abría un conflicto con las familias, los prestadores y el Congreso, que rechazó el veto. La secuencia recuerda que gobernar también supone aceptar que otras instituciones pueden modificar las decisiones del Poder Ejecutivo.

La nueva norma reemplaza la emergencia que vencía a fin de año por un régimen permanente. Conserva las pensiones no contributivas, el nomenclador universal de prestaciones y su actualización por inflación; permite compatibilizar una pensión con el empleo registrado bajo determinadas condiciones y establece obligaciones de financiamiento y pago a los prestadores. Incluye mecanismos de auditoría para controlar irregularidades. El acuerdo convirtió una disputa sobre la emergencia en un sistema de reglas estables.

La historia de una resistencia

Para entender lo que ocurrió ayer hay que recordar cómo se llegó hasta acá. La emergencia aprobada en 2025 fue vetada por Milei y restituida por el Congreso, aunque su ejecución siguió generando disputas y reclamos judiciales. Las organizaciones de discapacidad denunciaron demoras, deudas y dificultades para sostener los servicios. El Gobierno defendía la necesidad de controlar el gasto y revisar posibles irregularidades en las pensiones. La discusión sobre auditorías terminó mezclada con la garantía de prestaciones de las que dependen miles de familias.

La solución legislativa llegó después de una extensa negociación. En Diputados, María Laura Rodríguez Machado y Giselle Castelnuovo acordaron modificaciones con la oposición, que permitieron un respaldo casi unánime. En el Senado, Patricia Bullrich se ocupó de sostener ese entendimiento frente a los sectores de la Casa Rosada que todavía pretendían cambiarlo. Participaron el peronismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales. La política, tantas veces presentada por el oficialismo como una sucesión de obstáculos, fue la herramienta que permitió producir una salida.

Bullrich y las dos velocidades del Gobierno

El papel de Bullrich merece un capítulo propio. La jefa del bloque libertario defendió el acuerdo en el recinto y habló de una política de Estado, de reemplazar la incertidumbre por previsibilidad. Sus palabras contrastaron con las dificultades que había encontrado dentro del mismo Gobierno. El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó disposiciones que alteraban aspectos centrales de lo que ya se negociaba en el Congreso, entre ellos la actualización de las prestaciones. Bullrich llegó a reprochar públicamente que no le hubieran advertido sobre esos cambios.

La escena contiene una tensión que excede a la discapacidad. Milei construyó su identidad contra las negociaciones de la política tradicional, mientras sus principales operadores parlamentarios necesitan practicarlas para conseguir resultados. Bullrich está mostrando que una mayoría legislativa exige ceder, escuchar y admitir que el adversario puede tener parte de razón. Las tensiones internas también pasan por esa cuestión: los acuerdos necesitan interlocutores capaces de comprometerse y cumplir lo pactado.

El acuerdo y lo que falta

La unanimidad convive con las responsabilidades anteriores. El proyecto oficialista recibió apoyo opositor luego de incorporar protecciones que el Ejecutivo resistía, y la ley sancionada todavía debe traducirse en prestaciones efectivas. Resta la reglamentación, la asignación de recursos, la regularización de las deudas y el funcionamiento de las auditorías con garantías para los beneficiarios. Ese será el verdadero examen de la nueva etapa. Una ley puede ordenar las obligaciones del Estado; después hacen falta decisiones administrativas para convertirla en una realidad cotidiana.

Hay algo saludable en que casi todos los bloques se hayan puesto de acuerdo en un tema que afecta directamente la vida de personas con discapacidad. También sería un error transformar la votación en una ceremonia que permita olvidar cómo se llegó a ella. El Gobierno perdió tiempo y abrió conflictos que podrían haberse procesado de otra manera. La oposición acompañó una norma que surgió de negociaciones con los libertarios. Ambos hechos forman parte de la misma historia y obligan a abandonar el reparto automático de héroes y villanos.

El Congreso demostró que puede reunir una mayoría que atraviesa las fronteras partidarias cuando existe una demanda social concreta y actores dispuestos a trabajar sobre un texto común. Milei deberá decidir qué hace con esa lección en los próximos debates, desde el Presupuesto hasta las reformas que pretende aprobar. Negociar forma parte del ejercicio de la Presidencia y puede ser una señal de que el poder empieza a reconocer límites institucionales. La pregunta es si el Gobierno incorporará esa práctica o seguirá aceptándola solamente cuando ya no tenga otra salida.

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