21/11/2026 - Edición Nº1383

Política

CLAVES JURÍDICAS

Prepagas: la Corte Suprema declaró inconstitucional la desregulación de las cuotas

21/11/2026 | El máximo tribunal invalidó los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 por falta de urgencia justificada y dispuso que el Estado recupere el control.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, las disposiciones mediante las cuales el Poder Ejecutivo había eliminado las facultades estatales para revisar los valores de las cuotas de medicina prepaga y controlar sus aumentos. La decisión fue adoptada por unanimidad, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en la causa «Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA y otro s/ amparo ley 16.986», resuelta el 19 de noviembre de 2026.

El expediente se originó a partir del reclamo de una afiliada de Swiss Medical cuya cuota mensual pasó de $136.161,21 en diciembre de 2023 a $301.218,02 en febrero de 2024, un incremento acumulado del 110%. La demandante sostuvo que, de haberse aplicado la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el aumento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.

Más allá del impacto sobre el sistema de medicina privada, el pronunciamiento establece precisiones sobre los límites constitucionales de los decretos de necesidad y urgencia, las atribuciones de la Superintendencia de Servicios de Salud y el alcance de la intervención judicial en los conflictos por los aumentos de las cuotas.

La falta de urgencia que invalidó el DNU

El eje central de la sentencia fue el estándar constitucional que debe cumplir el Poder Ejecutivo para ejercer facultades legislativas. Con cita en precedentes de su propia jurisprudencia, entre ellos el reciente fallo Cencosud, la Corte recordó que los decretos de necesidad y urgencia están sujetos a condiciones de rigurosa excepcionalidad.

Para que un DNU sea válido, debe resultar imposible seguir el trámite legislativo ordinario por circunstancias de fuerza mayor o existir una urgencia que no admita los tiempos habituales de tratamiento parlamentario. Según los magistrados, los fundamentos del DNU 70/2023 no demostraron que se cumpliera ninguna de esas condiciones.

La referencia a una "crisis del sistema de salud" y a la necesidad de "liberar las restricciones de precios" fue considerada una justificación genérica, insuficiente para explicar por qué resultaba imprescindible eliminar las facultades de control estatal mediante un decreto. La Corte agregó que el propio esquema legal anterior ya otorgaba al Poder Ejecutivo un margen de discrecionalidad para administrar el sistema.

Por esa razón, suprimir esas potestades requería una fundamentación todavía más exigente. En ese sentido, el tribunal sostuvo: "La Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto". Asimismo, aclaró que la tramitación del control parlamentario previsto en la Ley 26.122 no impide que los jueces examinen la constitucionalidad de un DNU cuando sus disposiciones producen efectos concretos sobre las relaciones jurídicas.

Por qué el reclamo no se volvió abstracto

Swiss Medical y el Estado Nacional habían planteado que el reclamo había perdido actualidad a partir del acuerdo homologado en la causa colectiva Superintendencia de Servicios de Salud c/ OSDE y otros, en la que se pactó la devolución de los importes cobrados por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el período comprendido entre enero y mayo de 2024.

La Corte rechazó ese argumento. Consideró que el acuerdo comprendía un período limitado y no resolvía la pretensión de fondo de la afiliada: determinar si era constitucional la eliminación del control estatal sobre los valores de las cuotas.

En este punto, el tribunal también mencionó el Decreto 102/2025, que modificó la reglamentación de la Ley 26.682 para establecer que las empresas de medicina prepaga "podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud". Para la Corte, esa disposición posterior demostraba que el conflicto seguía vigente.

Qué recupera el Estado y qué no resolvió la Corte

Uno de los aspectos más importantes del pronunciamiento es su efecto sobre las facultades de la autoridad de aplicación. Al declarar inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, el máximo tribunal dispuso que el Estado reasuma las funciones previstas en la Ley 26.682.

En su redacción anterior, el artículo 5°, inciso g, facultaba a la autoridad de aplicación -el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud- a revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones. Por su parte, el artículo 17 establecía que los aumentos debían fundarse en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos, además de contar con autorización estatal.

Sin embargo, la Corte revocó los restantes aspectos de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, entre ellos la orden que había limitado los aumentos al porcentaje de inflación medido por el IPC. En consecuencia, el fallo no establece un tope general de actualización ni dispone una devolución automática de los importes cobrados. La causa deberá volver al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios establecidos por la Corte.

El interrogante que deja el Decreto 102/2025

La sentencia también deja planteada una cuestión normativa pendiente. Mientras la Corte dispone que la autoridad de aplicación recupere las atribuciones de fiscalización y autorización previstas en la Ley 26.682, el Decreto 102/2025 mantiene una disposición reglamentaria que habilita a las empresas a establecer libremente los valores de sus cuotas.

El máximo tribunal mencionó expresamente esa modificación al analizar por qué el reclamo de la afiliada no había perdido actualidad, pero no declaró la inconstitucionalidad del Decreto 102/2025 ni resolvió de manera directa su compatibilidad con el régimen legal restablecido.

Ese punto puede abrir nuevos planteos judiciales, ya que la decisión de la Corte se limitó a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y no se pronunció sobre otros aspectos de la normativa posterior.

Qué pueden hacer los afiliados

El fallo constituye un precedente relevante para los reclamos contra los aumentos de las cuotas, pero su efecto directo corresponde al expediente de María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. No modifica automáticamente las facturas de todos los afiliados ni extiende por sí mismo la declaración de inconstitucionalidad a todos los contratos de medicina prepaga.

Quienes cuestionen los incrementos pueden conservar las facturas y comprobantes de pago, presentar reclamos ante la empresa y la Superintendencia de Servicios de Salud y evaluar, según las circunstancias de cada caso, la posibilidad de iniciar una acción judicial.

Para quienes ya tienen amparos en trámite, la sentencia constituye un antecedente de peso que podrán invocar ante sus respectivos tribunales. La discusión que abrió la Corte, sin embargo, todavía tiene un capítulo pendiente: cómo se articularán las facultades de control recuperadas por el Estado con la reglamentación que continúa habilitando la libre fijación de precios.