21/11/2026 - Edición Nº1383

Política

Legislatura

Ciberacoso y violencia digital: cómo quieren proteger a las empleadas públicas de PBA

21/11/2026 | Incluye el hostigamiento en redes sociales, las amenazas, la difusión no consentida de imágenes íntimas y el espionaje de la actividad virtual.

Un proyecto de ley de la senadora bonaerense Amira Curi avanzó en la Legislatura provincial y quedó más cerca de convertirse en ley. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, consiguió despacho favorable en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y ahora deberá continuar su recorrido legislativo para llegar al recinto.

La propuesta apunta a actualizar la normativa que regula la licencia para mujeres víctimas de violencia de género en la Administración Pública bonaerense.

En concreto, busca incorporar las agresiones digitales y telemáticas dentro de las situaciones que habilitan a solicitar este derecho laboral y establecer consecuencias administrativas para los organismos que no resguarden la identidad y la intimidad de las trabajadoras afectadas.

El expediente propone modificar dos artículos de la Ley 14.893, vigente desde 2016, que establece una licencia especial para las trabajadoras de la Administración Pública provincial y de sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria.

El objetivo es adaptar una legislación que fue concebida antes de la expansión de determinadas formas de violencia a través de internet, las redes sociales y las tecnologías de comunicación.

Amira Curi, autora de la propuesta

Qué cambia en la licencia para mujeres víctimas de violencia

El primer cambio apunta a ampliar la definición de violencia contra las mujeres contemplada en la Ley 14.893.

La redacción vigente reconoce las conductas y acciones que afectan la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y la seguridad personal de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.

La modificación impulsada por Curi incorpora expresamente la dimensión digital y establece que la violencia puede producirse también en el espacio analógico o digital.

Además, suma entre los derechos afectados la participación política y explicita que la violencia indirecta comprende cualquier conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que coloque a una mujer en una situación de desventaja respecto de un varón.

La incorporación busca que las trabajadoras puedan acceder a la licencia cuando atraviesen situaciones de violencia de género mediante herramientas tecnológicas, sin que sea necesario que las agresiones se produzcan exclusivamente en un ámbito físico o presencial.

Entre las situaciones que pueden quedar comprendidas dentro de esta modalidad se encuentran el hostigamiento en redes sociales, las amenazas, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el espionaje de la actividad virtual, el control de dispositivos y cuentas personales y la circulación de contenidos digitales destinados a perjudicar la integridad o la reputación de una mujer.

La relación con la Ley Olimpia

Uno de los fundamentos centrales del proyecto es la necesidad de adecuar la legislación bonaerense a los cambios introducidos a nivel nacional por la Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia, que modificó la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

Esa normativa incorporó la violencia digital o telemática como una modalidad específica de violencia de género y reconoció los daños que pueden producirse mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

En los fundamentos, Curi sostiene que resulta necesario trasladar ese reconocimiento al régimen provincial de licencias para garantizar que las trabajadoras estatales que atraviesen este tipo de situaciones tengan herramientas concretas para solicitar protección.

La legisladora también señala que la expansión de los vínculos mediados por pantallas y plataformas digitales modificó las formas en que se manifiestan las agresiones.

En particular, menciona que la pandemia de Covid-19 aceleró la incorporación del teletrabajo y que, junto con esa transformación, también se profundizaron problemáticas como el ciberacoso y distintas formas de violencia que pueden extenderse desde el ámbito doméstico hacia los espacios laborales.

De esta manera, el proyecto busca evitar que las trabajadoras queden excluidas de la licencia por el hecho de que las agresiones se produzcan mediante dispositivos electrónicos o plataformas digitales.

Sumarios administrativos si no se protege la identidad de las víctimas

El segundo cambio propuesto está relacionado con la confidencialidad del procedimiento para solicitar la licencia.

La Ley 14.893 ya establece que las trabajadoras pueden solicitarla a través de cualquier medio y cuentan con un plazo de cinco días hábiles desde el pedido para presentar la constancia de haber realizado la correspondiente denuncia. También dispone que el organismo empleador debe preservar el derecho a la intimidad de la víctima.

Sin embargo, la iniciativa de Curi incorpora una consecuencia concreta ante el incumplimiento de esa obligación: si no se respeta el deber de confidencialidad y reserva, deberá instruirse de oficio el correspondiente sumario administrativo.

El objetivo es que la protección de la identidad de las trabajadoras no quede solamente establecida como una obligación formal, sino que su incumplimiento pueda dar lugar a una investigación administrativa y a las eventuales responsabilidades correspondientes.

En sus fundamentos, la senadora advierte que el Decreto 121/2020, que reglamentó la Ley 14.893, establece pautas de confidencialidad para tramitar estas licencias, pero no contempla una sanción específica ante su vulneración.

Por eso, considera necesario incorporar una herramienta que permita actuar cuando la información de una víctima sea divulgada o no reciba el tratamiento reservado que corresponde.

Cabe recordar que la licencia regulada por la Ley 14.893 está destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires, independientemente del régimen estatutario al que pertenezcan. También comprende a quienes se desempeñan en sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria.