21/11/2026 - Edición Nº1383

Internacionales

Justicia estatal

California investiga a Nvidia por posibles envíos de chips e información a China

21/11/2026 | La Fiscalía investiga posibles envíos de chips y datos a China y la información ofrecida a los accionistas.

La Fiscalía General de California emitió el 19 de noviembre una citación investigativa a Nvidia. El requerimiento del fiscal Rob Bonta busca determinar si procesadores avanzados o información confidencial de la empresa llegaron a China y si la compañía ocultó riesgos relevantes a sus inversores. La actuación oficial pretende reunir pruebas para evaluar posibles infracciones de la legislación estatal. Todavía no existe una filtración, una operación ilegal ni un fraude acreditados.

La intervención de California incorpora una investigación estatal a una crisis que ya alcanzaba al directorio de Nvidia y al Congreso estadounidense. El 12 de noviembre, Jensen Huang abandonó la dirección ejecutiva y Colette Kress asumió provisionalmente el cargo. La controversia había motivado una investigación legislativa sobre posibles operaciones con China. Ahora también se examina si la información proporcionada a los accionistas reflejó adecuadamente los riesgos conocidos por la compañía.

 

Sede corporativa de Nvidia en 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, Estados Unidos.

Qué investiga la Fiscalía de California

La citación permite a los investigadores reclamar información para examinar la conducta empresarial y sus posibles consecuencias jurídicas. La Fiscalía pretende establecer si existieron transferencias de tecnología o conocimientos confidenciales hacia destinatarios chinos y qué sabía Nvidia sobre esos riesgos. También deberá comprobar si las comunicaciones corporativas pudieron inducir a error al mercado. La existencia del requerimiento no significa que se hayan presentado cargos: las eventuales responsabilidades dependerán de los documentos obtenidos y su evaluación jurídica.

El origen de la controversia incluye la relación personal reconocida por Jensen Huang y las sospechas sobre una posible operación de inteligencia extranjera. Entre las personas mencionadas aparece Alice Huang, vinculada con la empresa tecnológica Megaspeed, establecida en Singapur. Su presunta relación con servicios de inteligencia chinos no constituye un hecho judicialmente demostrado. Tampoco está probado que los vínculos personales del antiguo ejecutivo hayan permitido acceder a secretos industriales o facilitar transferencias tecnológicas prohibidas.

Edificios del campus corporativo de Nvidia en Santa Clara, California, con su estructura metálica y el logotipo de la empresa
El campus de Nvidia en Santa Clara alberga la sede corporativa de la compañía estadounidense de semiconductores.

Las restricciones comerciales y los próximos pasos

Una de las cuestiones pendientes es reconstruir el recorrido comercial de los procesadores avanzados vinculados con Megaspeed. La empresa de Singapur quedó bajo escrutinio por sospechas de que equipos destinados a centros de datos pudieron terminar en China. Para establecer una infracción será necesario comprobar las operaciones, los compradores finales, las autorizaciones aplicables y el destino efectivo de los productos. Una relación comercial con un intermediario extranjero no demuestra por sí sola que haya existido una exportación irregular.

Retrato oficial de Rob Bonta, fiscal general de California, vestido con traje oscuro y corbata azul
Rob Bonta, fiscal general de California, ordenó solicitar información a Nvidia para evaluar posibles infracciones de la legislación estatal.

Los controles estadounidenses sobre semiconductores avanzados no equivalen a una prohibición universal de vender tecnología a China. La Oficina de Industria y Seguridad modificó en enero de 2026 los criterios para determinadas exportaciones, incluidos los procesadores H200, sujetos a evaluación individual y requisitos de seguridad. Por eso, el análisis debe distinguir entre operaciones autorizadas y posibles desvíos. La investigación estatal sobre inversores tampoco reemplaza las competencias federales en materia de exportaciones.

El Congreso intensificó sus pedidos de información durante los días previos a la citación californiana. El 18 de noviembre, el comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes solicitó explicaciones a Nvidia y al Departamento de Comercio, con plazo para recibir reuniones informativas hasta el 2 de diciembre. Al día siguiente, legisladores demócratas reclamaron documentación sobre el tratamiento federal de las sospechas vinculadas con Megaspeed, con fecha límite del 1 de diciembre. Son actuaciones independientes del procedimiento estatal.

Nvidia también mantiene una investigación corporativa independiente sobre los posibles riesgos de inteligencia y seguridad. Su directorio anunció la revisión el 8 de noviembre y sostuvo entonces que no tenía motivos para considerar comprometidos los secretos de la empresa. Tras la salida de Huang, confirmó a Colette Kress como directora ejecutiva interina y a Harvey Jones como presidente del directorio. La conclusión interna, cuando se publique, deberá diferenciarse de cualquier determinación adoptada por las autoridades.

La controversia alcanza a una compañía con una actividad económica de enorme escala en el mercado de inteligencia artificial. Nvidia comunicó el 17 de noviembre ingresos trimestrales de USD 115.800 millones, incluidos USD 107.600 millones correspondientes a centros de datos. Estas cifras permiten dimensionar la importancia de sus operaciones internacionales, pero no demuestran irregularidades. Para los accionistas, el aspecto pendiente es establecer si existían riesgos materiales que debían comunicarse y si la empresa cumplió sus obligaciones informativas.

La próxima etapa dependerá de las respuestas de Nvidia y del examen documental de los investigadores. Los requerimientos legislativos fijan nuevos hitos para el 1 y el 2 de diciembre, mientras la Fiscalía de California no anunció una fecha pública para concluir su revisión. El resultado podrá aclarar si hubo transferencias restringidas, información engañosa o ninguna infracción demostrable. Hasta entonces, la novedad concreta es la ampliación del escrutinio estatal y no una responsabilidad empresarial ya establecida.