21/11/2026 - Edición Nº1383

Política

CLAVES JURÍDICAS

PedidosYa: un fallo cambia el mapa laboral de los repartidores y abre un nuevo reclamo

21/11/2026 | Un fallo consideró que el algoritmo ejercía facultades de dirección y condenó solidariamente a dos empresas vinculadas con la plataforma.

Cuando la Justicia abrió la caja negra de los algoritmos, encontró una relación laboral detrás de la aparente autonomía de una repartidora. Así lo determinó el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 77 en la causa Vargas, Mercedes Isabel c/ Delivery Hero Logistics S.A. y otro s/ despido, en la que condenó solidariamente a Delivery Hero Logistics S.A. y Delivery Hero E-Commerce S.A., empresas vinculadas con PedidosYa, a pagar $10.349.338,07 más intereses.

La trabajadora había prestado servicios durante más de tres años sin que las empresas registraran el vínculo laboral. Para cobrar, debía emitir facturas como monotributista. El magistrado consideró que las condiciones reales de prestación demostraban una relación de dependencia, pese a los contratos de locación de servicios que las demandadas habían presentado como fundamento de su defensa.

El pronunciamiento, fechado el 2 de noviembre de 2026, constituye un nuevo antecedente judicial en la discusión sobre el encuadramiento laboral de quienes trabajan mediante plataformas digitales. La sentencia todavía no está firme. 

El algoritmo como herramienta de control

Al contestar la demanda las empresas sostuvieron que se trataba de una locación de servicios. Argumentaron que la repartidora podía elegir los días, horarios y zonas de conexión, rechazar pedidos y utilizar su propio vehículo y teléfono. Desde esa perspectiva, no existía subordinación laboral. Sin embargo, el análisis de los contratos, las planillas de conexión y la pericia informática mostraron un escenario diferente. El juzgado comprobó que la empresa ofrecía semanalmente turnos en franjas horarias predeterminadas, fijaba unilateralmente la contraprestación y organizaba mediante la aplicación los lugares de retiro y entrega de los pedidos.

Uno de los elementos más reveladores fue el registro informático identificado como NO_SHOW_EXCUSED. Según explicó el perito, esa categoría se utilizaba cuando la repartidora no se conectaba durante un turno asignado, pero había presentado una justificación aceptada mediante un ticket generado en la propia aplicación. Para el magistrado, el mecanismo demostraba que las ausencias eran evaluadas y que la falta de justificación podía ocasionar restricciones en futuras conexiones.

La prueba también permitió establecer que la trabajadora recibía un pago adicional por exhibir la indumentaria de la marca y tenía prohibido utilizar distintivos de empresas competidoras mientras permanecía conectada. El juez destacó que los consumidores eran clientes de PedidosYa y no de los repartidores, una circunstancia que consideró relevante para determinar quién organizaba y aprovechaba económicamente el trabajo.

El control mediante GPS y aplicación, sumado a la asignación automatizada de tareas y a la evaluación de los incumplimientos, fue comparado por el magistrado con la supervisión presencial de la fábrica fordista. La utilización de un algoritmo, sostuvo, no elimina las facultades de dirección del empleador: simplemente las ejecuta mediante una herramienta tecnológica.

Dos empresas y una misma relación laboral

Otro aspecto relevante fue el cambio de sociedad a la que la repartidora facturaba sus servicios. Hasta el 30 de junio de 2024, la actividad figuraba vinculada con Delivery Hero Logistics S.A. Al día siguiente, comenzó a facturar a Delivery Hero E-Commerce S.A.

Sin embargo, las planillas informáticas mostraron que la trabajadora continuó utilizando el mismo número de usuario, operando en las mismas zonas y bajo idénticas condiciones. El juzgado también observó que la segunda sociedad no había acompañado un contrato que explicara el supuesto inicio de una relación independiente.

A partir de esos elementos, el magistrado concluyó que existía una confusión entre las estructuras empresariales y las plantillas de personal. Por ese motivo, consideró empleadoras a ambas sociedades durante todo el vínculo y dispuso su condena solidaria.

La reforma laboral y el alcance de las nuevas normas

Las demandadas también invocaron las modificaciones introducidas por la Ley Bases 27.742 y la Ley de Modernización Laboral 27.802 para sostener la naturaleza independiente de la prestación.

El juez descartó que la excepción incorporada al artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo por la Ley 27.742 impidiera reconocer la relación laboral. Consideró que la actividad de reparto examinada no correspondía a una contratación de obra ni a un servicio profesional o de oficio, supuestos contemplados en la modificación normativa.

Respecto de la Ley 27.802, que incorporó un régimen específico para los prestadores independientes de plataformas tecnológicas, el magistrado entendió que no resultaba aplicable al caso. La relación se había extinguido el 11 de febrero de 2026, mientras que la nueva ley fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de ese año.

Por esa razón, el juzgado consideró que la normativa posterior no podía modificar la calificación jurídica de un vínculo que ya se había desarrollado y extinguido bajo el régimen anterior. El planteo de inconstitucionalidad formulado por la trabajadora respecto del nuevo régimen quedó, por ese motivo, abstracto.

Sin multas laborales, pero con reparación por daños

Uno de los puntos de mayor trascendencia jurídica aparece en la liquidación de la condena. El magistrado rechazó los incrementos indemnizatorios previstos en las leyes 24.013 y 25.323, derogados por la Ley 27.742. Consideró que el hecho generador del reclamo -la extinción del vínculo y la falta de pago de las indemnizaciones- se había producido cuando esas sanciones ya no estaban vigentes.

Sin embargo, aclaró que la derogación de las multas no elimina el derecho del trabajador a reclamar una reparación por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. Para fundamentar esa decisión, recurrió al principio de no dañar a otro, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Nacional y desarrollado en los artículos 1737 y 1749 del Código Civil y Comercial. El juez entendió que la falta de registración había provocado daños materiales y morales que debían ser reparados.

La indemnización por daños y perjuicios fue fijada en el equivalente a siete salarios mensuales: cinco por el daño material y dos por el daño moral. Entre las consecuencias consideradas mencionó la falta de cobertura de salud, la imposibilidad de computar aportes para una futura jubilación, las dificultades para acceder al crédito formal, los gastos derivados de la necesidad de iniciar un juicio y la angustia provocada por la pérdida abrupta de los ingresos. La reparación ascendió a $5.339.151,51 y se incorporó a una condena total de $10.349.338,07, integrada también por indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido y salarios anuales complementarios adeudados.

El pronunciamiento deja planteada una cuestión que excede el caso individual: la eliminación de las multas tarifadas no supone, por sí misma, que las consecuencias dañosas de la falta de registración queden fuera del alcance de la responsabilidad civil. En este expediente, la Justicia consideró que la tecnología utilizada para organizar el trabajo no alteraba la naturaleza del vínculo y que las formas contractuales no podían prevalecer sobre la realidad de la prestación.

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