20/11/2026 - Edición Nº1382

Agro

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La Sociedad Rural rechazó una medida de Kicillof y advirtió por más costos para el campo

20/11/2026 | Los ruralistas remarcaron que "resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo"


por Redacción NewsDigitales


El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una normativa, que a partir de enero de 2027 obliga a los empleadores a presentar mensualmente información laboral y desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) criticaron esta medida, al considerar que representa “un retroceso” en materia de simplificación administrativa. 

Esta semana, el Ministerio de Trabajo bonaerense publicó la Resolución 2026/260, firmada por el ministro de esa área, Walter Correa. Se trata de “una declaración jurada digital destinada a sistematizar información laboral, fortalecer las tareas de fiscalización de los establecimientos y las relaciones de trabajo, y agilizar las presentaciones de los empleadores”, según explicaron desde la cartera. 

Los empleadores podrán presentar el formulario de manera voluntaria desde diciembre de 2026 y su cumplimiento será obligatorio a partir de enero de 2027. 

Respuesta al Gobierno nacional

Para el ministro Correa, esta decisión "es una clara respuesta de la Provincia al artículo 20 de la denominada Ley de Modernización Laboral, que cercena facultades constitucionales provinciales y amenaza nuestro poder de policía en materia inspectiva". 

Además, el funcionario sostuvo que "no vamos a permitir que una reforma nacional avance sobre competencias que la Constitución le reconoce a Buenos Aires. Con esta herramienta fortalecemos la fiscalización y reafirmamos nuestra responsabilidad de proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”.

Las critícas de la Sociedad Rural

Ante esta situación, la SRA consideró que esta normativa de la gestión del gobernador Axel Kicillof “representa un retroceso en materia de simplificación administrativa y un avance hacia esquemas de controles excesivos, que imponen nuevas obligaciones, aumentan los costos laborales y generan mayores cargas administrativas para los empleadores”.

Desde la entidad presidida por Nicolás Pino remarcaron que “resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las Pymes”.

Para los ruralistas, “el Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas laborales, pero esto no puede significar multiplicar trámites, generar controles innecesarios ni trasladar permanentemente nuevas obligaciones al sector privado”. 
Con estos argumentos, solicitaron al gobierno bonaerense que “revean esta medida, reconsideren sus alcances y avancen hacia mecanismos de fiscalización que prioricen la simplificación, la eficiencia y la reducción de las cargas administrativas”. 

 Y concluyeron: “Los productores necesitamos medidas que generen previsibilidad y condiciones que favorezcan el desarrollo y la generación de nuevos empleos formales, no nuevas trabas que dificulten la actividad productiva”.