El Senado convirtió en ley este jueves 19 de noviembre la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), con 47 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención. Votaron a favor el oficialismo y sus aliados. Todo el bloque peronista votó en contra.
El expediente llevaba casi tres décadas en el Congreso. El Poder Ejecutivo lo envió en 1997 y el Senado le dio media sanción en 1998. Recién a fines de agosto de este año lo aprobó Diputados, por 147 a 93, con un cambio que obligó a devolverlo a la Cámara alta para la votación final.
El Gobierno reactivó el tratado porque es uno de los compromisos del acuerdo comercial con Estados Unidos firmado en febrero. Del otro lado, los laboratorios nacionales y las organizaciones que trabajan por el acceso a medicamentos advirtieron por el impacto en el precio de los medicamentos. Una de ellas, la Fundación GEP, puso un caso concreto sobre la mesa.
Es el dolutegravir, uno de los antirretrovirales más usados para tratar el VIH. Según un comunicado de la Fundación GEP difundido tras la votación, en la Argentina el acceso a versiones genéricas permitió tratar a un paciente por USD 358,85 al año. En Brasil, donde el medicamento está protegido por una patente extranjera, el mismo tratamiento cuesta USD 2.823,11: casi ocho veces más.
La diferencia ya había sido documentada. Un análisis publicado en 2024 por el boletín especializado Salud y Fármacos concluyó que en la Argentina el dolutegravir es un 800% más barato que en Brasil, y señaló que allí su comercialización está protegida por patente.
La Fundación GEP conoce el caso de cerca: presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) oposiciones a solicitudes de patente de ViiV Healthcare sobre versiones pediátricas de ese mismo medicamento. “En pocos años nos vamos a llenar de patentes extranjeras sobre tecnologías sanitarias sin innovación real, bloqueando la producción nacional de genéricos y encareciendo los remedios”, advirtió su directora ejecutiva, Lorena Di Giano, abogada especialista en propiedad intelectual.
No de forma automática. El PCT no otorga patentes ni fija precios, y tampoco obliga a retirar los genéricos que ya se venden. Lo que hace es simplificar el trámite: con una sola solicitud internacional, un inventor puede pedir protección en todos los países miembros y tiene hasta 30 meses para decidir en cuáles avanza. La decisión de conceder o rechazar cada patente en el país sigue en manos del INPI.
La preocupación de la oposición y de los laboratorios nacionales apunta a otra cosa: que el ingreso masivo de solicitudes extranjeras sature al organismo y facilite el evergreening, la práctica de extender monopolios con cambios menores sobre medicamentos que ya existen. “Vamos a pagar 40% más caros los medicamentos”, sostuvo en el recinto el jefe del bloque peronista, José Mayans, que calificó la aprobación como “una vergüenza”.
Desde el oficialismo, el miembro informante Francisco Paoltroni, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, respondió que “esto no es un tratado de libre comercio, sino de cooperación en patentes”. Y agregó: “Acompañar este tratado es entender hacia dónde va el mundo”.

Es el cambio que introdujo Diputados y que el Senado terminó aceptando. El Capítulo II del tratado habilita un examen preliminar internacional: un informe técnico, no vinculante, que analiza si una invención es patentable antes de que la solicitud llegue a cada país.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que reúne a los fabricantes nacionales, pidió adherir con una reserva sobre ese capítulo. Su argumento fue que esos dictámenes del exterior podían presionar al INPI y facilitar patentes secundarias. Con la reserva, la Argentina se suma al sistema internacional pero mantiene el control local sobre esa evaluación.
La adhesión al PCT figura entre los reclamos de Washington en materia de propiedad intelectual y quedó atada al acuerdo comercial bilateral. El tratado, firmado en Washington en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ya reúne a más de 150 países.
La Fundación GEP usa otro dato, que sale de las estadísticas de la propia OMPI: el país que más solicitudes PCT presentó en 2025 fue China, con 73.718 de un total de 275.900, el 26,7%. Estados Unidos quedó segundo, con 52.617.
“La apertura irrestricta del sistema de patentes le entrega también una autopista directa a China”, sostuvo la Fundación GEP, que enmarcó la votación como “un retroceso histórico para la soberanía y la salud”.
Tras 56 años, el Senado sancionó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La Argentina lo firmó en 1970 y será el país número 160 en sumarse.
— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) November 20, 2026
Todavía no rige. Primero, el Poder Ejecutivo tiene que promulgar la ley. Después, el Gobierno debe depositar el instrumento de adhesión ante la OMPI, en Ginebra. Según el artículo 63 del propio tratado, un país que se suma queda obligado tres meses después de ese depósito.
Las patentes en la Argentina, con o sin PCT, siguen durando 20 años desde la presentación de la solicitud. Lo que se juega a partir de ahora es cómo aplicará el INPI los criterios para conceder patentes sobre medicamentos, y si llega o no la ola de solicitudes que anticipan los críticos.
Mientras tanto, la Fundación GEP anunció que seguirá su campaña “Un Escudo para la Salud”. “Los medicamentos no son mercancías para especular; son bienes sociales indispensables para la vida”, afirmó Mariela Bacigalupo, integrante de la organización.