El diputado nacional Esteban Paulón volvió a poner sobre la mesa este viernes el proyecto de ley que declara la emergencia del sector editorial y librero en todo el país por dos años. Lo hizo con la publicación del texto completo y una advertencia en sus redes: “Las librerías independientes venden un 25% menos y facturan un 41,5% menos que en 2023”.
La iniciativa, que firma junto a la diputada Lorena Pokoik, ingresó a la Cámara de Diputados el 19 de octubre con el expediente 5600-D-2026. Fue girada a las comisiones de Cultura, Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda.
El proyecto recoge el reclamo de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), que en septiembre declaró la “emergencia librera”. Según su relevamiento sobre unas 1.200 librerías independientes, entre 2023 y 2026 los ejemplares vendidos cayeron un 25%, la facturación real un 41,5% y los costos operativos subieron un 31,1%.
Pero el texto no llegó a avanzar: el 3 de noviembre, en la última reunión del año de la Comisión de Cultura, no consiguió las firmas para el dictamen.
La venta de libros está exenta de IVA. El problema es que las librerías sí pagan ese impuesto en el alquiler, los servicios, el equipamiento y los insumos, y en muchos casos no lo pueden recuperar. Las imprentas, editoriales y distribuidoras ya tienen un régimen que se los permite, pero las librerías que venden al público quedaron afuera.
El proyecto propone dos cambios:
El texto aclara que no se les podrá exigir que se inscriban como responsables inscriptos para acceder al reintegro. Según los fundamentos, exentas y monotributistas son la mayor parte de las pequeñas librerías del país.
El proyecto obliga a ARCA a abrir un plan especial para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector:
La comparación es con el plan que hoy está abierto para pymes y monotributistas: hasta 18 cuotas con una tasa del 2,75% mensual y adhesión hasta el 30 de junio de 2027. Para Paulón y Pokoik, esas condiciones “resultan insuficientes” frente a la caída de la facturación.
El Estado firmaría un convenio con el Banco de la Nación Argentina para dar créditos con tasa bonificada, con prioridad para las librerías independientes y de cercanía. El dinero iría primero a refinanciar deudas y después a capital de trabajo, reposición de stock y equipamiento.
Las condiciones mínimas que fija el texto:
Otros bancos públicos y privados podrían adherir, y las provincias y municipios podrían sumar fondos para bajar todavía más la tasa.
El Correo Argentino tendría que aplicar una tarifa al menos 30% más baja para los envíos de libros que despachen las librerías independientes, sin costo para el Tesoro. La idea, según los fundamentos, es que una librería chica pueda mandar libros a cualquier punto del país y competir con las grandes plataformas de venta online.
En las compras públicas, al menos el 30% de lo que el Estado nacional destine a libros tendría que ir a libros argentinos comprados en librerías independientes, preferentemente de la misma zona de la institución que los recibe. El proyecto también prevé un catálogo digital de editoriales pymes para que las librerías hagan pedidos directos.
Las librerías independientes venden un 25 % menos y facturan un 41,5 % menos que en 2023. Presentamos un proyecto para declarar la emergencia del sector editorial y librero: créditos accesibles, alivio fiscal, envíos más baratos y compras públicas a librerías de barrio. 📚 https://t.co/SQEMB6dGT4
— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 20, 2026
La Ley 25.542, conocida como Ley del Libro, obliga a que cada libro tenga un precio único en cualquier punto de venta del país. El proyecto ordena intensificar los controles de su cumplimiento durante la emergencia, también en la venta online, y crea una ventanilla única que recibiría las denuncias.
En julio, el ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger impulsó la derogación de esa ley, lo que generó el rechazo de cámaras, editoriales y librerías. En agosto, el Gobierno confirmó que la iniciativa no se trataría en el Congreso, aunque desde Desregulación dijeron que no había nada definido. Paulón lo resumió en su publicación con una frase: “Condiciones para competir. No privilegios”.
El 3 de noviembre, la Comisión de Cultura puso en temario dos proyectos de emergencia librera, entre ellos el de Paulón y Pokoik. No obtuvieron dictamen: como también tienen giro a Presupuesto y Hacienda, no juntaron las firmas necesarias. Esos expedientes pasan a 2027.
Si algún día se aprueba, el texto fija plazos cortos:
La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Cultura de la Nación. El texto también invita a provincias y municipios a sumar alivio en tasas y en Ingresos Brutos para las librerías y editoriales pymes.