20/11/2026 - Edición Nº1382

Política

Congreso de la Nación

Emergencia librera frenada en Diputados: qué cambiaría con el IVA y las deudas con ARCA

20/11/2026 | Esteban Paulón insiste con el proyecto: créditos del Banco Nación, Correo más barato y compras del Estado.

El diputado nacional Esteban Paulón volvió a poner sobre la mesa este viernes el proyecto de ley que declara la emergencia del sector editorial y librero en todo el país por dos años. Lo hizo con la publicación del texto completo y una advertencia en sus redes: “Las librerías independientes venden un 25% menos y facturan un 41,5% menos que en 2023”.

La iniciativa, que firma junto a la diputada Lorena Pokoik, ingresó a la Cámara de Diputados el 19 de octubre con el expediente 5600-D-2026. Fue girada a las comisiones de Cultura, Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda.

El proyecto recoge el reclamo de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), que en septiembre declaró la “emergencia librera”. Según su relevamiento sobre unas 1.200 librerías independientes, entre 2023 y 2026 los ejemplares vendidos cayeron un 25%, la facturación real un 41,5% y los costos operativos subieron un 31,1%.

Pero el texto no llegó a avanzar: el 3 de noviembre, en la última reunión del año de la Comisión de Cultura, no consiguió las firmas para el dictamen.

Qué cambiaría con el IVA para las librerías

Texto completo del proyecto de ley de emergencia del sector editorial y librero (expediente 5600-D-2026) de Esteban Paulón y Lorena Pokoik.

La venta de libros está exenta de IVA. El problema es que las librerías sí pagan ese impuesto en el alquiler, los servicios, el equipamiento y los insumos, y en muchos casos no lo pueden recuperar. Las imprentas, editoriales y distribuidoras ya tienen un régimen que se los permite, pero las librerías que venden al público quedaron afuera.

El proyecto propone dos cambios:

  • Para siempre: suma a quienes venden libros al por menor como actividad principal al artículo 50 de la Ley de IVA, el mismo régimen que ya usan editoriales y distribuidoras. Es la única medida del proyecto que no vence con la emergencia.
  • Durante la emergencia: las librerías exentas y monotributistas, que no pueden usar el régimen general, podrían pedir el reintegro del IVA que pagaron en compras y servicios vinculados con la venta de libros. ARCA tendría que devolverlo dentro de los 60 días de presentada la solicitud.

El texto aclara que no se les podrá exigir que se inscriban como responsables inscriptos para acceder al reintegro. Según los fundamentos, exentas y monotributistas son la mayor parte de las pequeñas librerías del país.

Qué pasaría con las deudas con ARCA

El proyecto obliga a ARCA a abrir un plan especial para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector:

  • Hasta 60 cuotas mensuales con una tasa fija de no más del 1% mensual.
  • Las retenciones y percepciones no ingresadas, en hasta 12 cuotas.
  • Quitas sobre los intereses resarcitorios y punitorios.
  • Podrían entrar deudas en juicio y planes vigentes o caídos, que se reformularían con las nuevas condiciones.

La comparación es con el plan que hoy está abierto para pymes y monotributistas: hasta 18 cuotas con una tasa del 2,75% mensual y adhesión hasta el 30 de junio de 2027. Para Paulón y Pokoik, esas condiciones “resultan insuficientes” frente a la caída de la facturación.

Créditos del Banco Nación: plazos y condiciones

El Estado firmaría un convenio con el Banco de la Nación Argentina para dar créditos con tasa bonificada, con prioridad para las librerías independientes y de cercanía. El dinero iría primero a refinanciar deudas y después a capital de trabajo, reposición de stock y equipamiento.

Las condiciones mínimas que fija el texto:

  • Tasa fija en pesos y cuota fija durante todo el crédito.
  • Hasta 48 meses de plazo, con hasta 12 meses de gracia.
  • Sin comisiones ni gastos de otorgamiento o cancelación anticipada.
  • Sin garantías reales para los créditos de menor monto.

Otros bancos públicos y privados podrían adherir, y las provincias y municipios podrían sumar fondos para bajar todavía más la tasa.

Correo más barato y compras del Estado

El Correo Argentino tendría que aplicar una tarifa al menos 30% más baja para los envíos de libros que despachen las librerías independientes, sin costo para el Tesoro. La idea, según los fundamentos, es que una librería chica pueda mandar libros a cualquier punto del país y competir con las grandes plataformas de venta online.

En las compras públicas, al menos el 30% de lo que el Estado nacional destine a libros tendría que ir a libros argentinos comprados en librerías independientes, preferentemente de la misma zona de la institución que los recibe. El proyecto también prevé un catálogo digital de editoriales pymes para que las librerías hagan pedidos directos.

Qué pasa con la Ley del Libro

La Ley 25.542, conocida como Ley del Libro, obliga a que cada libro tenga un precio único en cualquier punto de venta del país. El proyecto ordena intensificar los controles de su cumplimiento durante la emergencia, también en la venta online, y crea una ventanilla única que recibiría las denuncias.

En julio, el ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger impulsó la derogación de esa ley, lo que generó el rechazo de cámaras, editoriales y librerías. En agosto, el Gobierno confirmó que la iniciativa no se trataría en el Congreso, aunque desde Desregulación dijeron que no había nada definido. Paulón lo resumió en su publicación con una frase: “Condiciones para competir. No privilegios”.

Por qué se frenó en Diputados y cómo sigue

El 3 de noviembre, la Comisión de Cultura puso en temario dos proyectos de emergencia librera, entre ellos el de Paulón y Pokoik. No obtuvieron dictamen: como también tienen giro a Presupuesto y Hacienda, no juntaron las firmas necesarias. Esos expedientes pasan a 2027.

Si algún día se aprueba, el texto fija plazos cortos:

  • Las medidas tendrían que funcionar dentro de los 60 días de vigencia de la ley.
  • El Poder Ejecutivo debería reglamentarla en 30 días.
  • El Gobierno tendría que informar al Congreso cada tres meses cómo avanza.

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Cultura de la Nación. El texto también invita a provincias y municipios a sumar alivio en tasas y en Ingresos Brutos para las librerías y editoriales pymes.