21/11/2026 - Edición Nº1383

Política

Detrás de las apuestas

Fintech de fachada y licencias de Comoras: cómo CashWallet se convirtió en una puerta de entrada a los casinos ilegales

20/11/2026 | Empresas registradas, licencias extranjeras y dinero difícil de recuperar: las conexiones que ponen bajo sospecha a una red de pagos digitales.


por Redacción NewsDigitales


Octubre de 2026 debía ser un mes decisivo para el negocio del juego en la Argentina. Mientras los operadores legales disputan los alcances de un proyecto de ley contra la ludopatía en el Senado bonaerense y el gobierno de Javier Milei prepara un endurecimiento penal con el artículo 301 ter del Código Penal, a la sombra de las torres porteñas funciona otra economía, completamente ilegal.

El circuito se apoya en empresas fintech que cuentan con registros ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero los utilizan como fachada para canalizar fondos hacia sociedades offshore. El análisis de las maniobras para borrar información que los beneficiarios desplegaron durante la primavera argentina, junto con el examen de los registros conservados, permitió reconstruir una trama que conecta empresas formalmente registradas en Buenos Aires con licencias de juego en las islas Comoras.

Doble juego bajo el paraguas del Banco Central

En los papeles, la plataforma de pagos CashWallet parece tener todo en regla. Pertenece a Compañía Altas Sierras Hermanas S.R.L., inscripta en los registros del BCRA como proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP), bajo el número 34623. Ante los auditores y los bancos adquirentes, se presenta como un negocio formal. Sin embargo, el análisis de su funcionamiento revela un panorama muy distinto.

La revisión de los contratos e incluso del código HTML de las páginas de acceso muestra fuertes coincidencias entre CashWallet y otra firma: Money Life S.R.L. Según las publicaciones en los boletines oficiales argentinos de 2024 y 2025, Rubén Elvio Espínola y Gustavo Adolfo Chinchilla Mansilla figuraban inicialmente con una participación del 33% cada uno en Altas Sierras y luego aparecen en cargos directivos de Money Life. Ambas empresas avanzaron en su integración al mercado de criptoactivos. El equipo de MOLI incluso solicitó 600.000 ADA a Project Catalyst para desarrollar la conversión de pesos a activos digitales. Sin embargo, ninguna de las dos firmas figura en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de la Comisión Nacional de Valores (CNV), según el relevamiento citado.

Esta infraestructura estaría destinada a procesar pagos para los casinos online ilegales Pampas, Topacio y Jaguarino. Su operador declarado, Elevex Group Ltd, invoca una licencia de Anjouan, en las islas Comoras, identificada como ALSI-202408017-FI1. Esa autorización, sin embargo, no aparece en los registros del regulador local consultados para esta investigación.

Para los jugadores argentinos, el circuito puede convertirse en una trampa: depositan pesos a través de una plataforma registrada como CashWallet, los fondos se canalizan hacia una estructura offshore y, cuando intentan retirar sus ganancias, se encuentran con sus cuentas bloqueadas, según los testimonios relevados.

En Trustpilot aparecen reclamos que describen ese patrón. El usuario gonzalo r contó que en mayo depositó $80.000 en Pampas a través de CashWallet y que, al intentar retirar $83.000, le bloquearon la cuenta. Según su relato, su denuncia está siendo investigada por una fiscalía especializada en ciberdelincuencia de Buenos Aires. Los usuarios Diego Carvajal y BarcitoDos2 publicaron quejas similares.

El rastro de José Alberto Valenzuela

Todos los caminos de esta trama conducen a un nombre: José Alberto Valenzuela. Su trayectoria empresarial está marcada por sociedades que han perdido sus autorizaciones para operar.

Valenzuela era propietario de Exchange Del Plata S.A.S., cuya autorización para operar en el mercado cambiario fue revocada por el Banco Central en diciembre de 2024 mediante la Comunicación “C” 99233. Pero ya había dado otro paso: en marzo de 2023 constituyó MARCHPY S.A., con el 70% de las acciones y la presidencia de la sociedad. El 30% restante quedó en manos de Néstor Fernando Todoro. La plataforma marchpyar.com recibía pagos y operaba con criptoactivos sin estar inscripta en el registro de la CNV, según el relevamiento de esta investigación.

A esa trama se suma SUUAM Technologies S.A.S., constituida en octubre de 2024 por Valenzuela y Matías Ezequiel Arneson, quien también aparece vinculado a CashWallet. El cruce de la documentación de SUUAM con los términos y condiciones publicados en el sitio de CashWallet permitió identificar un mismo domicilio legal: 25 de Mayo 347, piso 4, oficina 451, en la Ciudad de Buenos Aires. Los contratos de CashWallet también muestran vínculos con la rama venezolana de la red Money Life/MOLI.

El laberinto regulatorio y la eliminación de publicaciones

En septiembre de 2026, los beneficiarios de la trama comenzaron a sentir la presión. Varios medios argentinos, entre ellos Economis e InfoArenales, publicaron investigaciones detalladas de la periodista Natalie Johnson. El primero lo hizo con la nota https://economis.com.ar/ocho-de-cada-diez-pesos-terminan-en-la-economia-sumergida-por-que-a-los-jugadores-en-argentina-les-resulta-cada-vez-mas-dificil-recuperar-su-dinero/, mientras que el segundo publicó el escrito en https://infoarenales.com/2026/09/22/ocho-de-cada-diez-pesos-terminan-en-la-economia-sumergida-por-que-a-los-jugadores-en-argentina-les-resulta-cada-vez-mas-dificil-recuperar-su-dinero/ 

La reacción fue inmediata: las notas fueron eliminadas en simultáneo y comenzó una depuración de los resultados de búsqueda en Google y Bing. Al día siguiente de su eliminación, InfoArenales publicó una nota de tono claramente promocional según la cual CashWallet supuestamente «refuerza sus controles de seguridad y cumplimiento normativo».

 

La preocupación tiene un contexto claro. En 2026, el panorama del juego en América Latina cambió de manera significativa. La fuerte presencia publicitaria de las casas de apuestas en el fútbol llevó a los gobiernos a tomar medidas. En la Argentina se están poniendo en marcha fiscalías especializadas que investigarán, precisamente, este tipo de empresas de fachada. Las cifras explican lo que está en juego: el sector legal genera una recaudación tributaria millonaria. El impuesto nacional del 5% sobre los depósitos aportó $17.800 millones en julio y $17.000 millones en agosto. Desde septiembre, la provincia de Buenos Aires aplica una retención del 2% sobre los premios de las máquinas tragamonedas, con una expectativa de recaudación de entre $35.000 y $40.000 millones mensuales.

Pero esos ingresos provienen exclusivamente del circuito formal. Mientras tanto, los operadores ilegales concentran cerca del 80% del mercado argentino de apuestas online. La dimensión del negocio permite entender la magnitud del circuito clandestino: en el país hay 4,6 millones de jugadores y más de 7 millones de cuentas, y los ingresos del segmento superan los USD 1.500 millones.

En ese contexto, el caso de CashWallet y las sociedades vinculadas a Marchpy plantea una amenaza directa para la seguridad nacional argentina. Durante años, los organizadores de la trama aprovecharon la fragmentación de los controles entre distintos organismos del Estado. Con el marco legal de octubre de 2026, que contempla penas de prisión para los proveedores que faciliten la actividad de casinos ilegales, la respuesta pasa por la presentación masiva de denuncias ante el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal, con la intervención de los reguladores de Venezuela y de las islas Comoras.