La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja interpuesto por el exjuez federal de Mendoza Walter Ricardo Bento y dejó definitivamente firme la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que lo destituyó de su cargo por mal desempeño. En la resolución, dictada el 19 de noviembre en el expediente Bento, Walter Ricardo s/ remoción y patrocinada por el abogado Mariano Fragueiro Frías, el Tribunal también aceptó la excusación de su presidente, Horacio Rosatti, para intervenir en el caso.
Con este pronunciamiento, se cierra la vía de revisión constitucional sobre la remoción del extitular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, quien había sido suspendido por el Consejo de la Magistratura en 2023 y destituido tras acreditarse cinco cargos vinculados a maniobras de entorpecimiento judicial, irregularidades patrimoniales y falsedades documentales.
Al analizar los planteos de Bento, la Corte sintetizó sus distintos precedentes históricos (Graffigna Latino, Nicosia, Saladino y Samamé) para precisar el "núcleo mínimo común" que habilita su intervención en juicios políticos. Los jueces recordaron que, por tratarse de un proceso de naturaleza esencialmente política, el control judicial es deferente y solo procede ante patentes violaciones al debido proceso y a la defensa en juicio que tengan entidad suficiente para cambiar el resultado final del pleito.
Bajo esa premisa, el fallo destacó que el Jurado de Enjuiciamiento había dejado asentado que cualquiera de los primeros cuatro cargos bastaba por sí solo para justificar la destitución. Por lo tanto, Bento tenía la carga procesal de desvirtuar todos esos reproches; al quedar en pie el primer cargo —referido a la interferencia en la investigación judicial—, la Corte declaró innecesario analizar las quejas vinculadas a las restantes imputaciones.
Uno de los ejes centrales de la defensa apuntó contra la constitucionalidad de la Ley 26.080, bajo el argumento de que el artículo 115 de la Constitución Nacional menciona en plural a los "abogados de la matrícula federal" y que, por ende, el Jurado debía contar con al menos dos representantes de ese estamento en lugar de uno.
Para desestimar esa interpretación, la Corte Suprema recurrió a la Nueva Gramática Básica de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE). El Tribunal explicó que el uso del plural en la cláusula constitucional ("legisladores, magistrados y abogados") responde a un plural genérico destinado a identificar qué sectores integran el órgano, sin imponer un piso numérico mínimo de dos miembros por sector ni exigir una composición igualitaria.
Bento también alegó que se había vulnerado su presunción de inocencia y el principio de prejudicialidad penal, sosteniendo que fue removido por delitos aún no probados mediante condena firme. Sin embargo, la Corte subrayó que el Jurado excluyó expresamente las imputaciones delictivas (como cohecho, enriquecimiento ilícito o asociación ilícita) y los procesamientos penales, limitándose a evaluar si su conducta resultaba compatible con la ética y la investidura de un juez federal.
En ese sentido, el fallo recordó que el propio exmagistrado admitió durante el proceso hechos objetivos que el Jurado consideró incompatibles con su función:
Por último, el Máximo Tribunal rechazó el cuestionamiento a la imparcialidad de dos legisladores miembros del Jurado pertenecientes a Juntos por el Cambio. Bento sostenía que no podían juzgarlo con objetividad porque la precandidata presidencial de esa coalición lo había acusado públicamente de cometer delitos. La Corte calificó ese razonamiento como una "mera conjetura dogmática", al advertir que las expresiones políticas de un dirigente partidario no permiten presumir por sí solas que los legisladores del mismo espacio carezcan de independencia para actuar como jurados.