News Digitales tuvo acceso exclusivo a los documentos que autorizaron la salida de mayor material bélico a Bolivia durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, que terminó con el derrocamiento de Evo Morales.

El informe al que tuvo acceso en exclusiva News Digitales del envío de material bélico desde Argentina hacia Bolivia, durante la gestión de el expresidente Mauricio Macri, muestra que el 11 de noviembre de 2019 la Dirección de Logística de la Gendarmería “solicitó que se autorice el uso del material y equipamiento por parte del personal de la Agrupación Fuerzas Especiales ALACRAN en el territorio de la República de Bolivia” con el objetivo de proteger la Embajada argentina en La Paz.

De acuerdo al informe preliminar, ese mismo día se autorizó el envío de “10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70», así como también se «habilitó el traslado de once miembros de la GNA“: todo ello con la finalidad de resguardar al embajador Normando Álvarez García.

Al día siguiente, martes 12 de diciembre de 2019,  “se solicitó y autorizó ampliar a 70.000 cartuchos anti-tumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta” y “se amplió la autorización para el envío de 661 granadas de mano de gas hostigamiento”, dice la nota firmada por el Comandante Mayor Director de Logística de la Gendarmeía Nacional Argentina, Rubén Carlos Yavorski, enviada a la autoridad nacional de control de Armas (ANMAC).

Además, los documentos muestran que el 20 de enero de 2020 la Policía Boliviana presenta dos informes a la Embajada argentina en Bolivia (a su solicitud) elaborados por la Policía Boliviana los días 12 y 28 de noviembre de 2019: “Encontramos diferencias entre lo pedido y lo registrado por la Policía boliviana en el informe”. En ese sentido, alerta que «no figuran granada de mano ni spray anti tumulto, que si están en lo enviado por la Argentina».

Y se puntualizó: «En lo enviado por la Argentina figuran 70 mil cartuchos antidisturbios y la Policía Boliviana registra apenas 1.350 cartuchos. Tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en la Argentina, de ‘Manta Antibomba’, que sí figura en los registros de la Policía Boliviana, así como ocurre con detector de metales y demás elementos».

Asimismo, el 15 de julio de 2020, en la rendición de cuentas del Servicio Administrativo financiero de Gendarmería, se informa que el Grupo ALACRAN “a los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión”. “En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de SETENTA MIL 70.000 cartuchos calibre 12,70 MM A/T (antitumulto)“, señalan los documentos exclusivos a los que tuvo acceso News Digitales.

Durante las últimas horas, el Ministerio de seguridad Nacional hizo hincapié en que “El Grupo ALACRAN constituye un Grupo de Operaciones Especiales que no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios. Los grupos destinados para ese tipo de misión, por Doctrina de la GNA, son los Destacamentos Móviles Antidisturbios. El Grupo ALACRAN, que es la fuerza especial de la Gendarmería Nacional, no es la encargada de manejar munición antitumultos sino que utiliza armamento letal”. Además, desde la cartera nacional agregaron que “No se comprende las aludidas ‘prácticas de entrenamiento’ que insumieron las 70.000 municiones 12/70 AT que el Grupo ALACRAN habría realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia“.

La inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados Argentina (ANMAC) y lo autorizado y registrado por la policía boliviana “muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación ALACRAN de la GNA)”, finaliza el documento preliminar.

El pasado jueves, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, había denunciado que el gobierno de Mauricio Macri había enviado “material bélico” para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. Tras las acusaciones, tanto el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, como la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se desligaron del hecho.

En el gobierno boliviano ya trabajan para denunciar a Macri ante la justicia internacional y también en sus propios tribunales. Mientras tanto, avanzan investigaciones para determinar qué rol ocuparon tanto el expresidente como la exministra Bullrich y el excanciller Faurie junto al embajador Álvarez García, además de averiguar si la AFI también intervino.

Pero también en este momento se busca dilucidar por qué la Gendermería Nacional Argentina, con el informe del 15 de julio de 2020, buscó ocultar durante la gestión de Alberto Fernández el masivo envío de material bélico al país vecino, que terminó con la destitución de Evo Morales y la asunción en forma ilegítima de Jeannine Áñez.