El Ministerio de Salud presentó un proyecto para una nueva reglamentación de la ley que permite el uso medicinal de la marihuana

Luego de tres años y algunos meses de que se promulgue la ley que permite el uso medicinal de la marihuana en Argentina, finalmente se permitirá que los usuarios terapéuticos cultiven la planta de cannabis en sus casas. Además se permitirá el expendio en farmacias de aceites y productos derivados de la producción pública.

La decisión la comunicó de manera virtual el ministro de Salud, Ginés González García, a las organizaciones cannábicas, médicos, docentes y científicos que integran del Consejo Consultivo Honorario. En la reunión presentó la nueva reglamentación que contempla los pedidos de los usuarios y además anula la redactada por el gobierno anterior que no cumplía con el pedido de muchos pacientes.

Uno de los puntos más importantes que presenta este borrador es el reglamento del artículo 8 de la ley 27.350, que autoriza el cultivo personal y en red para usuarios, investigadores y pacientes que se registren el Programa de Cannabis (REPROCANN).

Por otro lado, la cantidad de plantas que se permitirán en cada hogar o en las sedes de las organizaciones para los cultivos “en red” se conocerán se conocerán cuando se redacte recién las distintas resoluciones. Pero también se discutirá en las reuniones que se lleven a cabo en los próximos días.

En tanto a las autoridades de REPROCANN el objetivo principal no es la cantidad de cannabis que se cultive sino la calidad del mismo. “La idea es controlar el producto final”, explicó uno de los funcionarios, sin embargo, reconoció que la gratuidad será un problema a la generación de accesos. Asimismo también se aclaró “la protección de confidencialidad de datos personales”

Esta medida, no significa que cualquiera pueda acceder a tener plantas de marihuana en sus casas, sino que los cultivadores solidarios, las familias, y las agrupaciones puedan entrar a un circuito de legalidad. Algo que siempre fue difícil, ya que tenían que correr el riesgo de ir presos o de no poder conseguir semillas. Esta demanda de los usuarios creció exponencialmente desde 2017 hasta el momento.

Hasta el momento, los posesión de plantas o semillas de cannabis en el país está penada por la ley de drogas con hasta 15 años de prisión. Esta nueva resolución significará el fin de la criminalización de pacientes y cultivadores solidarios.

Además gracias a esta reglamentación, los usuarios no sólo podrán importar productos medicinales de cannabis -algo que estaba permitido pero solo para las epilepsias refractarias y por ANMAT-, también se permitirá el expendio en farmacias para producir “formulaciones magistrales”, como aceites, tinturas o cremas.

El medio Infobae accedió al borrador de la propuesta donde explicita: “Los pacientes que no estén inscriptos en el Programa, pero que tuvieren como prescripción médica el uso de la planta de cannabis y sus derivados y su patología esté contemplada por el Programa, podrán adquirirlo a través de la importación de especialidades farmacéuticas o por formulaciones magistrales elaboradas por farmacias habilitadas a tal fin”

Por otro lado, ampliará el límite de patologías de la propuesta de la ley promulgada en el gobierno de Mauricio Macri, y se incluirá no solo a pacientes con epilepsia refractada, sino también aquellas personas que obtengan un resultado positivo de este tratamiento. O como resalta el artículo 3 del borrador, incluirá “a las personas a las cuales se les prescriba como modalidad terapéutica el uso de la planta de cannabis y sus derivados“.

Además el Estado garantizará la provisión gratuita de los productos para quienes no tengan obra social o una cobertura de salud privada, como también a los inscriptos en programas específicos de organizaciones públicas

En este marco, el Ministerio de Salud nacional garantizará los insumos necesarios para la investigación médica y/o científica de la planta de cannabis y “fomentará y priorizará, en vistas de la eficiencia en el uso de los recursos, a la producción regional y aquella realizada a través de los laboratorios públicos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)”. Además, el Gobierno le quitará la exclusividad al INTA y al Conicet y, permitirá a las universidades de todo el país participar, las cuales sostuvieron las redes de acceso a través de trabajos en conjunto con organizaciones cannábicas sin fines de lucro.