En la causa se investigará el rol que ejercieron diferentes compañías cuando fueron seleccionadas como coaseguradoras en los contratos de Nación Seguros.
En una de las causas de corrupción más relevantes del año, el juez federal Julián Ercolini convocó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández, quien enfrenta acusaciones por un esquema de direccionamiento de fondos públicos en el sector de seguros. La maniobra, que involucró a múltiples actores y empresas coaseguradoras, fue posible gracias al Decreto 823/2021 firmado durante la gestión de Fernández.
El Decreto 823/2021, firmado en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández, centralizó la contratación de seguros de las entidades estatales en Nación Seguros, la aseguradora oficial. Este movimiento de consolidación no solo otorgó a Nación Seguros la exclusividad para gestionar pólizas en el ámbito público, sino que también le dio el poder de incluir, a discreción, a otras aseguradoras privadas bajo la modalidad de coaseguro.
Esta medida, según el juez Ercolini, no tenía otro fin que dar apariencia de legalidad a una maniobra que, en la práctica, permitió que un selecto grupo de empresas coaseguradoras e intermediarios controlara el negocio de los seguros públicos. La norma dejó en manos de Nación Seguros la elección de intermediarios, empresas coaseguradoras y los montos de comisiones, abriendo una puerta al direccionamiento arbitrario y, como reveló la investigación, a la recaudación de millonarias comisiones en favor de empresarios con vínculos estrechos con el expresidente.
La investigación de Ercolini reveló una red de intermediarios conformada por empresarios y empresas de confianza del círculo cercano a Fernández. Entre los principales beneficiarios destacan Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y esposo de su secretaria María Canteros; Pablo Torres García y Oscar Castello, quien además realizó aportes a la campaña presidencial de 2019 a través de su empresa.
Empresas como San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros, TG Broker SA y San Germán Seguros SA desempeñaron un rol clave, siendo seleccionadas como intermediarias o coaseguradoras en los contratos de Nación Seguros. Este esquema les permitió cobrar comisiones y aumentar su participación en el mercado de seguros sin procedimientos de selección transparentes. La inclusión de estas empresas resultó en la asignación de más del 87% de las comisiones pagadas, una cifra que ascendió a más de 3.400 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) entre 2019 y 2023.