Esos empleados de la Legislatura bonaerense pidieron no ser detenidos durante la investigación que tiene a Chocolate el puntero del PJ como principal acusado.
Federico Atencio, el juez de garantías, rechazó el pedido de eximición de prisión de los 48 empleados de la Legislatura bonaerense que hasta hace unas horas eran fantasma. La causa tiene como principal involucrado al puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau, y los deja a un paso de un eventual arresto. La presentación la había hecho la Defensoría oficial, así anticipó TN, y abarcaba a los dueños de las tarjetas de débito a los que el puntero del PJ, actualmente detenido, les cobraba el sueldo.
Avanza hacia arriba, hacia quienes serían sus jefes políticos, y la Justicia estimó que el fraude al Estado que se investiga en este caso sería de 800 millones de pesos, según datos del expediente. Ahora quedaron imputados quienes serían sus referentes políticos: Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y Facundo Albini, su hijo, concejal de La Plata y apoderado a nivel nacional del Frente Renovador de Sergio Massa.
Ambos quedaron imputados por asociación ilícita, así lo decidió la fiscal Betina Lacki. Cuando ambos vieron el riesgo de quedar presos con esa calificación legal, pidieron ser eximidos de prisión, para garantizarse continuar en libertad durante el proceso. Pero como dijimos el juez Federico Atencio rechazó esas eximiciones de prisión, con lo que su situación, al igual que la de los dueños de las 48 tarjetas de crédito, es delicada.
La fiscal consideró que a Claudio Albini se le imputa ser jefe de una asociación ilícita y haber defraudado a la administración pública de manera reiterada, según surge de documentación a la que accedió el diario La Nación. A su hijo Facundo Mario Albini también se le imputan los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. El juez consideró que no se les podía garantizar la libertad durante el proceso debido a la extensión del daño que se investiga en la causa.
También por las características de la conducta imputada, que permitiría que, de ser condenados, la pena contra ellos fuera “de cumplimiento efectivo”. Cuando rechazó el pedido de eximición de prisión de Facundo Albini, el juez dijo que lo hacía “por la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado al erario público, suma que hasta el momento asciende a los 800 millones de pesos; la duración en el tiempo y la actividad desplegada por el imputado.”
El imputado Albini Facundo “facilitó también la comisión actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influencia entre coimputados teniendo en cuenta la relación familiar que lo une con el jefe de la asociación y la pena en expectativa”. Facundo Albini, hoy concejal, milita desde hace años en el Frente Renovador de Sergio Massa. Tiene 36 años, es abogado y conduce la agrupación “Unamos Generaciones”, con presencia en Los Hornos, San Carlos y Palihue.
También es apoderado del Frente Renovador a nivel nacional desde 2015. El juez Atencio además decidió rechazar la eximición de prisión que plantearon, ante el temor de quedar presos, los 48 dueños de las tarjetas de débito que cobraba Rigau. Los supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense pidieron permanecer en libertad mientras dure el proceso, pero el juez les dijo que no. Se los acusa de haber sido partícipes del delito de fraude contra la administración pública.
En caso de ser detenidos, no sería posible en principio su excarcelación. La situación de ellos también es delicada. El juez tomó la decisión en sintonía con la opinión de la fiscal Lacki. La fiscalía avanza con la investigación reuniendo evidencia sobre rol de estas personas que, cuando declararon, dijeron ser empleados legislativos que le habían dado a Rigau sus tarjeta de débito para que les cobrara el sueldo. La sospecha es que son “ñoquis”, empleados que en realidad no trabajaban.
Y que aceptaban figurar como contratados sin cobrar su sueldo a cambio de sumar aportes jubilatorios y contar con una obra social. Los investigadores entienden que sus sueldos eran una vía ilegal de financiamiento de la política. El contenido del celular de Rigau, que está siendo analizado por la fiscal Lacki, va a develar ese misterio. “Hay numerosas conversaciones y grupos de WhatsApp de la política”, pero no quiso avanzar más hasta que el peritaje esté hecho.
Los titulares de las tarjetas
El defensor oficial había pedido mediante un escrito, el lunes 23 de octubre la eximición de prisión ante la eventualidad de que les imputaran a los dueños de las tarjetas “la posible comisión de un delito por el cual procedería su detención”. El defensor expresamente señaló que no pretendía que el juez de la causa decidiera ahora si concedía o no ese beneficio, sino que lo solicitaba “para el caso de que el Sr. Agente Fiscal eventualmente requiera la detención”.
Los que pidieron que se les concediera este beneficio para no quedar presos son: Álvaro Agra, Amanda Albino, Mabel Alvear, Graciela Anivarro, Diego Berón, Raúl Boragina, Mónica Caberta, Brenda Caro, Marisol Correa, Ernesto Crivaro, Cecilia Ovidio, José Da Ponte, Perla De Micheli, Lourdes Degollada, Cristina Degollada, Rosana Delgado, Flavia Di Rosa, Arturo Falcon Ramírez, Raúl Folone, Mónica Kaberta, Diego Koster, Lucas Lucero, Lilia Malmaceda, Sheila Maroni, Daniel Mederos.
También Juan Martín Méndez, Rubén Mendívil, Ramiro Pascual, Matías Pecile, Silvia Pérez, Agata Plana, Enzo Plana, Patricio Prieto, Cecilia Raimondo, Carlos Ravetllat, Cristian Rigau, Gerardo Rigau, Aldana Rodríguez Antonio Rodríguez, María Eugenia Rodríguez, Ricardo Sánchez, Ramón Silva, Ramón Sosa y Ezequiel Tocci. Ahora ese beneficio les fue denegado.
No todos los integrantes de esta nómina tendrían al parlamento provincial como único empleador. Tal es el caso de Cristian Osvaldo Rigau, que mantendría un parentesco con el acusado, que según sus antecedentes laborales se desempeña como empleado de la Municipalidad de La Plata. A Mónica Patricia Caberta, en tanto, se la vincula con el Partido Celeste (ProVida) que, hasta el cierre de listas del 24 de junio, supo jugar con el partido libertario.
Según lo que pudo reconstruir la fiscal Lacky, las extracciones de Rigau a nombre de supuestos empleados legislativos se produjeron desde hacía “mucho tiempo”. Como quedó dicho, la tarjeta del único testigo que, hasta ahora, no siguió el “libreto corporativo” del resto de sus supuestos colegas había sido utilizada desde enero pasado. Hasta ahora no hay constancia en la causa de que 3 de los 48 sean personas fallecidas como había trascendido.