Ante el conflicto por las clases presenciales, Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, corrió traslado al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para que respondiera a la presentación del gobierno porteño.

Carlos Rosenkrantz correrá traslado hoy al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para que fije de una vez la posición del Estado Nacional en relación a la acción declarativa de inconstitucionalidad y la medida cautelar presentada por la Ciudad de Buenos Aires para evitar la suspensión de las clases presenciales. Darle impulso al tratamiento de la cautelar presentada por la Ciudad de Buenos Aires es una decisión política del tribunal.

El fin de semana, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló a favor de la continuidad de las clases presenciales a pesar del DNU firmado por Alberto Fernández y los 21 ministros del Gabinete Nacional. La respuesta de Zannini es previsible: tanto él como el presidente Alberto Fernández consideran que el alto tribunal no es competencia original para la Ciudad de Buenos Aires, y que Rodríguez Larreta debió presentar su cautelar en la primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal para después llegar a través de distintas apelaciones hasta la Corte.

La Corte Suprema inició el tratamiento del amparo por las clases presenciales

Por su parte, la Corte Suprema declaró que la causa por el conflicto ante las clases presenciales es de su competencia: «De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, la presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…) La acción entablada se sustanciará por la vía del proceso sumarísimo», dispusieron los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, mientras que la jueza Elena Highton de Nolasco votó en disidencia.

Zannini se presentó hoy ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para pedir una inhibitoria que anule la decisión de la Cámara porteña -medida que ordenó a la Ciudad garantizar las clases presenciales en la Capital-. La causa quedó en manos del juez Esteban Furnari, quien ahora debe decidir: Si acepta el escrito de Zannini, dejará descolocada a la Corte Suprema que está dando traslado a la Procuración del Tesoro. Y si rechaza y no concede la inhibitoria, obliga que Zannini concurra en apelación a la Cámara Federal. La movida es «ganar» tiempo para que el DNU no caiga en la Corte, y la suspensión de las clases tenga posibilidades de continuar vigente hasta fin de mes.

Es una situación complicada: los sindicatos cercanos a la Casa Rosada no pueden alegar que están violando las disposiciones del Código Penal ya que hay un fallo vigente, ni presentar razones sanitarias frente a los datos formales que presentó el Gobierno porteño. Rosenkrantz y Lorenzetti sostienen que la Corte puede sesionar el viernes próximo para resolver un caso que puso en crisis la educación porteña y marcó las diferencias entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. Maqueda y Rosatti, en cambio, consideran que aún es prematuro establecer un cónclave para decidir la viabilidad del amparo presentado por la Ciudad.

La Corte Suprema inició el tratamiento del amparo por las clases presenciales

Es probable que mañana haya una reunión de Acuerdos -vía Zoom- para ajustar la agenda de funcionamiento en este expediente, a la espera de la respuesta de Zannini como Procurador del Tesoro. Si el juez Furnari no decide en la presentación del Poder Ejecutivo, y las partes finalmente aguardan la decisión del alto tribunal, las clases presenciales continuarán a pesar de las restricciones del último DNU firmado por Alberto Fernández.

Fuente: Infobae.