Cristina Fernández de Kirchner, que el 10 de octubre asumirá como vicepresidenta, prestó declaración  indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2. La ex jefa de estado, según ilustró Filo News, «está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita» en la «causa de los cuadernos», «en que es juzgada junto al empresario detenido Lázaro Báez, a cuyas empresas, según la acusación, se habría direccionado el 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo». Una gran diversidad de personajes y referentes vinculados a los derechos humanos, como Estela de Carlotto, estuvieron presentes en la audiencia para apoyarla.

«Si alguien tenía dudas de la existencia del lafware, la lectura del presidente del tribunal del rechazo del recurso de la transmisión es una clase práctica del lafaware en Argentina llevado a cabo por este tribuna», explicó la mandataria, y ejemplificó: «eso es el lafware: que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente o que no son delitos para conformar a la opinión publica y con eso los jueces no tengan otra alternativa que condenar. Eso es para presionar a los jueces probos. Es para construir mediáticamente lo que no pueden comprobar jurídicamente”.

Con respecto a la causa, Fernández consideró que «fue un plan ordenado por el gobierno saliente», y denunció: «(el espacio político) que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no, a qué empresario había que apretar para que no vaya preso, para que venda sus empresas».

«¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la Argentina está acusada de asociación ilícita, de ser la jefa de una banda? ¿En serio les parece que no?, ¿en serio me lo dicen?, ¿en serio?», aseveró la referenta, mirando a los jueces, y retrucó: «El hecho de que una persona sea amigo y tenga empresas no es delito. Si no, como lo llamarían al amigo del alma del presidente que se quedó con las empresas energéticas que saquearon los bolsillos de los argentinos”.