Un conjunto de agrupaciones pide a la Anses que apele la decisión del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, quien concedió a Cristina Kirchner dos pensiones de privilegio.
Cristina Kirchner se encuentra actualmente de vacaciones en El Calafate. El plazo para presentar impugnaciones contra el beneficio previsional vence el 4 de febrero, a cuarenta días de la aprobación de la nueva fórmula jubilatoria, que retrotrae la movilidad a la de 2008 para que los haberes se ajusten según la evolución de los salarios y la recaudación tributaria de ANSES.
Un conjunto de agrupaciones le pidió a la Anses que apele la decisión del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, quien le concedió a la vicepresidenta Cristina Kirchner dos pensiones de privilegio, que se sumarán a su retribución por el cargo, con retroactivos y sin pagar impuesto a las Ganancias.
El espacio Acción Conjunta Republicana lanzó una campaña que apunta al organismo que conduce Fernanda Raverta pero también al Ministerio de Desarrollo Social y la Procuraduría del Tesoro, en el reclamo para que apelen el fallo.
“Acción Conjunta Republicana convoca a jubilados como particulares damnificados y ciudadanos en general a enviar cartas a los funcionarios responsables de los organismos mencionados exigiéndoles que apelen la sentencia del juez Pérez Mami antes del 4 de febrero, fecha en que vence el plazo para hacerlo”, sostiene la agrupación.
Para eso, Acción Conjunta Republicana elaboró una carta dirigida a la Anses. Se trata de una carta dirigida a Fernanda Raverta, directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que propone el siguiente texto:
“Como jubilada titular y contribuyente de impuestos lo intimo a que cumpla con obligación y haga lo necesario para que se APELE Y FUNDE la sentencia recaída en autos: FERNANDEZ CRISTINA ELISABET C/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. Le notifico que el plazo para apelar vence el 4 de febrero de 2021. INTIMO FUNDE debida y oportunamente el recurso. De no hacerlos incurrirá en el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, lo que ameritaría la pertinente denuncia, ya que esta posible inacción me perjudica personalmente y atenta contra el erario público, consagra la inequidad frente a los demás jubilados, pensionados, y contribuyentes, viola normas constitucionales, previsionales e impositivas”
El fallo del juez subrogante, de quedar firme, le permitiría cobrar unos dos millones de pesos por mes y 100 millones de pesos más como retroactivo, según asegura Alejandro Chiti, exsecretario de Seguridad Social entre junio y diciembre de 2017, y abogado especialista en derecho previsional.
A este beneficio le podría sumar luego el que le corresponda como vicepresidenta a Cristina Kirchner. Para Acción Conjunta Republicana, la sentencia es “violatoria del principio de igualdad ante la ley, discrimina al ciudadano común que paga ganancias y solo puede percibir una jubilación”.
Además, de acuerdo a a agrupación, “conlleva el delito de malversación de fondos públicos por parte del Estado y de enriquecimiento ilícito de su beneficiada”. La agrupación concluye que los funcionarios legitimados procesalmente para apelar están obligados a hacerlo: Fernanda Raverta como titular de la ANSES; Daniel Arroyo como titular del Ministerio de Desarrollo Social y Carlos Zannini, procurador del Tesoro, en defensa del interés del Estado.