La sala II del tribunal dio a lugar la reapertura de la investigación contra la vicepresidenta Cristina Fernández en una elección que se definió por dos votos.
La vicepresidenta Cristina Kirchner continuará siendo investigada en la causa por lavado de dinero conocida como la “ruta del dinero k”, y por la cuál ya fueron condenados a prisión el empresario santacruceño Lázaro Báez, sus hijos, el arrepentido Leo Fariña y un grupo de financistas, entre otros. Una ONG fue la querellante en la causa, la justicia hizo lugar a la querella y revocó el sobreseimiento de la ex jefa de Estado.
Este sobreseimiento había sido firmado por el juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Guillermo Marijuan y con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF). En la resolución de la Cámara Federal, se planteó que se debe analizar la causa junto a las pruebas que expuso el fiscal Diego Luciani en el juicio Vialidad, estudiar el caso de Hotesur-Los Sauces que ahora irá a juicio oral.
También se sugirió incoporar las declaraciones de ex funcionarios arrepentidos en el expediente Cuadernos, así como las maniobras de lavado de dinero que salpican al financista Ernesto Clarens. La orden de reabrir la investigación sobre CFK se trató de una decisión dividida. La orden para reabrir la investigación sobre Cristina Kirchner se trató de una decisión dividida. El juez Eduardo Farah votó en minoría por rechazar el planteo.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi hicieron lugar al reclamo. “No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG ‘Bases’ una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa (conf. lo dicho por mí en la resolución previa registrada en CFP 3017/13/330/CA90, del 17 de agosto pasado), debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”, dijo Farah. Sin embargo, los jueces dos jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, hicieron lugar al reclamo.
No aceptaron declarar la nulidad del dictamen del fiscal Marijuan el 24 de mayo pasado, como pretendía la ONG, pero sí dispusieron que el juez dé trámite al planteo del nuevo querellante como acusador. En agosto de este año, cuando la Cámara Federal aceptó la inclusión de Bases Republicanas, (la ONG querellante) la defensa de Cristina Kirchner aseguró que estaba siendo “perseguida políticamente” y pidió la recusación de los dos jueces Bertuzzi y Llorens.
En agosto, el juez Farah rechazó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner por entender que no estaban dadas las condiciones para aceptar ese planteo. El caso, conocido como La ruta del dinero K, comenzó en abril de 2013, como resultado Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante maniobras millonarias de lavado de dinero, que rondaron los 55 millones de dólares.
En el juicio oral se sostuvo que ese dinero provenía de la facturación ilegal y de la obra pública. En Casación confirmaron las condenas, aunque bajaron las penas. Y solo uno de los votos ratificó que el dinero venía de la obra pública. En instrucción, sin embargo, siguió tramitando la acusación contra Cristina Kirchner, señalada por su vinculación en esas presuntas maniobras de lavado. Fue la única causa en la que fue llamada a declarar y no fue procesada.