En una sesión maratónica en Diputados, el Frente de Todos logró avanzar con el proyecto que le quita recursos de coparticipación al gobierno porteño, aunque para conseguir la aprobación debió modificar el texto.

En una sesión interminable, el proyecto que le quita fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires fue aprobado en la Cámara de Diputados con 118 votos en contra, 129 a favor, y siete abstenciones. La modificación principal del proyecto establece que la suma de fondos que se fijará para que Nación le transfiera a Ciudad deberá ser consensuada entre el Gobierno Nacional y la Jefatura porteña en un plazo de 60 días.

En concreto, el texto sancionado por el Senado anteriormente establecía una suma fija de 24.500 millones de pesos actualizada trimestralmente, pero ahora se estableció que ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

El debate se realizó en un contexto de intensos cruces entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, lo que derivó en que la discusión del dictamen se atrasara por más de 12 horas. La principal bancada opositora intentó considerar inválida la sesión y decidió no votar ningún proyecto. La sesión comenzó el lunes pasadas las 14:00 y se extendió hasta las 8:20 del martes, cuando el proyecto resultó aprobado.

Desde la oposición aseguraron que hay «animosidad» contra la Ciudad de parte del Gobierno Nacional, y remarcaron que la Ciudad es uno de los territorios más perjudicados en materia de recursos coparticipables, ya que recibe casi 10 veces menos que lo que aporta.

«Desde la convocatoria, es inconstitucional el proyecto que estamos trabajando, porque lo que hoy está pagando la ciudad de Buenos Aires es la consecuencia política de un gobierno que empieza en el 2007 (con Mauricio Macri) y continúa con un proceso de crecimiento», afirmó el diputado del PRO, Cristian Ritondo.

Y agregó: «ante las encuestas, el crecimiento de un posible candidato a presidente que gobierna la ciudad de Buenos Aires, había que atacarlo; no hay razones ni jurídicas, ni económicas, hay una sola razón que es política».