A raíz de una investigación iniciada por una denuncia de la AFIP, que dejó al descubierto a una asociación ilícita que tenía por objeto ocultar el vaciamiento de fondos públicos por más de 121 millones de pesos, el intendente salteño del PRO Gustavo Sáenz salió a dar declaraciones.
Para el mandatario, las casi 30 compañías que imprimieron sus comprobantes en la Municipalidad no fueron ilegales ni en base a facturas truchas. Sin embargo, la investigación detectó una “faceta delictiva” que “operaría mediante el empleo de personas físicas y jurídicas en actividad, otras de “papel” (legales pero insolventes al no tener bienes registrables, compras ni empleados) que ocultan a sus verdaderos titulares para, con la connivencia de funcionarios públicos, resultar adjudicatarias de obras públicas con sobreprecio, las cuales obtendrían directamente o con el concierto de voluntades a través del direccionamiento a su favor”, según el documento legal.
La empresa que se encuentra siendo investigada con mayor énfasis es SEC S.A., a cargo de dos titulares insolventes que no tienen bienes ni trabajadores declarados.