El gobernador de Formosa fue sobreseído en la causa que investigaba la contratación de “The Old Fund” para reestructurar la deuda de la provincia en el año 2010.
La Justicia de Formosa sobreseyó al gobernador Gildo Insfrán y al ex vicepresidente Amado Boudou en un expediente vinculado a la causa Ciccone, en el que se investigaba un presunto pago de coimas en la reestructuración de deuda pública de la provincia norteña.
El juez Marcelo López Picabea, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N°4, resolvió que no hubo delitos en las gestiones de Gildo Insfrán ante el Gobierno nacional.
Y que tampoco hubo una intermediación en la contratación como consultora The Old Fund, la firma presidía el “arrepentido” Alejandro Vandenbroele que dijo haber intervenido en esa operación y contó cómo se pagaron las coimas. En la causa n° 1634/12 que tramita ante el Juzgado de Instrucción n°4 de Formosa, y que investiga la operatoria vinculada a la reestructuración de la deuda pública de Formosa y el contrato de consultoría con la firma “The Old Found SA”.
La resolución, dictada después de casi diez años de investigación, ha concluido señalando que el proceso de reestructuración de la deuda pública llevado adelante por el Gobernador Insfrán ante las autoridades nacionales, cristalizado en el Convenio de Junio de 2009 firmado con el Ministro Fernández.
No ha sido objeto de observaciones o reproches por parte de los organismos de control, ni tampoco ha sido objetado judicialmente, y además, ha sido íntegramente cumplida por ambas partes, Nación y Provincia. Considera además que todo lo atinente a la firma de los citados convenios ha merecido un profundo escrutinio por parte de los jueces federales que instruyeron la causa, Sebastián Casanello y Ariel Lijo.
Concluye también que ha sido más que abundante la acumulación de pruebas documentales, de informes y testimoniales que a la postre han permitido confirmar la legalidad del proceso de reestructuración de la deuda pública de Formosa. La resolución, entre otros puntos, analiza los actos funcionales ejecutados por el Gobernador en el marco de ese proceso de reestructuración, y considera que los mismos han sido realizados en un marco de legalidad.
Además, según la resolución, no existe acto alguno emanado del mismo que se relacione con la contratación de la firma “The Old Fund”, ni con el servicio de consultoría cuya irregularidad se acusa. Por otra parte, se ha valorado también la falta de relación entre los decretos suscritos por el Gobernador y la contratación de la consultora –TOF- para el asesoramiento en el marco de dicho proceso, quedando probado que dicha firma no tuvo intervención en el desarrollo y suscripción de los convenios aludidos.
En la misma causa, por medio de una resolución dictada pocos días después, la n° 50 de fecha 15 de Noviembre de 2021, el mismo juez dicta el sobreseimiento de todos los demás coimputados en la causa: María Inés Lotto, Alejandro Paul Vanderbroele, Jorge Gustavo Martínez, José María Núñez Carmona, Martín Cortés y Amado Boudou.