El juez Julian Ercolini formalizó la acusación contra el expresidente. Mientras Fernández estaba evitando darse por imputado. Ahora deberá tener una defensa que vele por sus garantías en el proceso.
El juez Julián Ercolini en el día de hoy pudo solicitarle a Alberto Fernández que nombre a un abogado defensor en la causa que investiga si durante su gestión existió “una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales”, a través de la intermediación de la aseguradora Nación Seguros. Ahora, Fernández deberá designar abogado defensor para que lo asista en la causa que se le sigue.
Cuando ocurre la notificación es cuando la persona está formalmente imputada, Fernandez hasta ahora nunca se había presentado ni interesado en el expediente pese a que estaba al tanto de la investigación, a punto tal que habló sobre ella en un reportaje. En la Causa Seguros, se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos. Días atrás, Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de Fernández.
Ercolini también ordenó que le informen de las decisiones del expediente que involucren a Alberto Fernández. Además, con el fin de garantizarle el debido proceso y su derecho a la defensa, lo exhortó a que designe abogado defensor. Fernández había sido asistido por el abogado Marcelo Sgro y Juan Pablo Fioribello en otros expedientes penales, por ejemplo, cuando ocurrió la polémica fiesta de cumpleaños de su entonces pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos, en plena pandemia covid 19.
El origen de la causa se remonta al final del mandato de Fernández, cuando Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos públicos a suscribir seguros de vida con el Banco Nación a través de su aseguradora, Nación Seguros. Si bien es una relación directa entre organismos del Estado, en la investigación se determinó que intervinieron “brokers” privados a modo de intermediarios, quienes cobraron por ello comisiones que según la imputación estaban por encima de los valores de mercado.
Escándalo de los seguros
En el escándalo de los seguros, Alberto Fernández se encuentra inhibido, se ordenó el levantamiento fiscal y bancario sobre sus cuentas, los llamados de sus líneas telefónicas están bajo análisis y su patrimonio está siendo investigado por la fiscalía antilavado PROCELAC, pero a pesar de esto, nunca se presentó en la causa para interesarse por el expediente. La revelación surge en Clarín sobre los contratos que Nación Seguros firmó con ANSES utilizando intermediarios.
Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la sospechosa intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que, al tipo de cambio del momento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones salidas de fondos públicos. El ex presidente cuenta con dos imputaciones en esta investigación. La carátula detalla los presuntos delitos que habría cometido: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
También en la carátula se incluye el incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos. Hasta el momento no apeló ninguna de las medidas que el juzgado dictó sobre su patrimonio y otras acciones a través de las cuales se busca clarificar el entramado de esta investigación. En esta etapa se encuentran bajo estudio documentos firmados por representantes de distintos organismos del Estado sobre la designación de intermediarios en la toma de seguros.
Pero estos documentos fueron previos a la firma del cuestionado Decreto de Fernández que impuso al Estado Nacional la contratación exclusiva de Nación Seguros. Esta a su vez, habilitó la participación de intermediarios. Es decir: se investiga si la maniobra inicial que impulsó la investigación penal se cometió durante toda la presidencia de Alberto Fernández. Durante toda la gestión de Fernández en concepto de comisiones a los intermediarios entre el Estado y las aseguradoras, se abonaron un total de 3.213.341.098 pesos.
Como algunos de esos contratos siguieron vigentes luego de la llegada de Javier Milei al Gobierno, la cifra de pagos actualizada hasta que se cerró el informe llega a los 3.453.302.777 pesos. El detalle sobre un documento que consignó Nación Seguros y que está incorporado a la causa, muestra una sustancial diferencia entre las cifras de dinero que percibieron un grupo de intermediarios frente a otros. Aunque los brokers involucrados son 25, sólo cinco de ellos cobraron 2.782.170.946 pesos.
Sobre los 3.453.302.777 erogados por el Estado en cuatro años, o sea que representan el 80,56% de las comisiones abonadas. Junto con el expediente principal que instruye el juez Ercolini, se inició otra investigación de carácter patrimonial y que se encuentra delegada en la fiscalía de Carlos Rívolo. La misma se abrió cuando se ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández, su amigo broker Héctor Martínez Sosa.
También de Alberto Pagliano, la secretaria Cantero esposa del broker Héctor Martínez Sosa. Cantero es la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San Germán, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad. Se investiga si las comisiones abonadas por parte del Estado responden a los valores de mercado.
Y también por otro lado si las contrataciones se realizaron a través de procesos irregulares, como licitaciones direccionadas. En la causa patrimonial también se incluyen dos cooperativas: 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo y Cooperativa Irigoin. Las mismas están siendo investigadas ya que se sospecha de que podrían haber sido utilizadas para canaliza las comisiones que pagó el Estado. Todo es parte de la causa que tiene a cargo el fiscal Rívolo.
Para profundizar el entrecruzamiento de información bancaria, tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario es que se pidió la intervención de la PROCELAC a cargo del fiscal Diego Velasco con el objetivo de “determinar posibles maniobras de lavado de activos”, indicó en su momento Rívolo. De esta manera se busca desentrañar la presunta maniobra delictiva en torno a los contratos firmados con Nación Seguros, organismos del Estado y la intermediación de brokers.